La OEA urge al diálogo entre República Dominicana y Haití

La Organización de Estados Americanos (OEA) no ve más salida que el diálogo entre República Dominicana y Haití para encontrar una solución a la disputa a causa del proceso de regularización de ciudadanos dominicanos de origen haitiano, que la comunidad internacional teme pueda provocar miles de desplazamientos forzosos y hasta casos de apatridia. Así lo establece el informe presentado este miércoles por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras la visita que realizó una misión del organismo a los dos países a comienzos de mes para evaluar la situación que ha provocado fuertes tensiones entre Santo Domingo y Puerto Príncipe.

La OEA recomienda “facilitar el diálogo entre ambos países” con la celebración de un encuentro bilateral “en el lugar más apropiado y aceptado por ambas partes”. El organismo hemisférico se propone como “facilitador” de dicho diálogo, que el representante de Haití ante la OEA, Bocchit Edmond, dijo que su Gobierno aceptaba de inmediato. Más cauto se mostró el embajador dominicano, Pedro Vergés, quien solo prometió que Santo Domingo estudiará “a fondo” tanto las recomendaciones como las observaciones del informe para pronunciarse “en el futuro inmediato” sobre las mismas.

El informe está elaborado con un lenguaje muy cuidadoso y evita conscientemente dar cifras sobre desplazados -forzosos o no-, argumentando que “es difícil confirmarlas en este momento”, algo en que coinciden organizaciones no gubernamentales que también siguen la situación de cerca.

Pese a ello, la OEA reconoce que “existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida” a causa de la legislación dominicana y que se están dando “desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias”.

Menos cautelosa ha sido la ONU, cuyo Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescencientes exhortó el martes al Gobierno dominicano a tomar medidas para “impedir las deportaciones arbitrarias y adoptar mecanismos para atender las acusaciones de racismo durante las deportaciones de personas de origen haitiano”.

Según sus datos, alrededor de 19.000 personas han dejado República Dominicana para ingresar en Haití desde el 17 de junio, “ante el temor de que se produzcan posibles violaciones de sus derechos cuando las deportaciones comiencen oficialmente en agosto”.

El 17 de junio expiró el plazo de registro para el Plan Nacional para Regularización de Extranjeros, una especie de parche legal creado tras el revuelo por una sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que en 2013 privó de forma retroactiva a más de 200.000 nacidos en el país de padres migrantes entre 1929 y 2010. Sin embargo, ante la renovada preocupación internacional por posibles desplazados forzosos -que República Dominicana niega, afirmando que se van de forma voluntaria, y que Haití dice que no tiene capacidad de acoger salvo que demuestren su nacionalidad haitiana- se extendió un plazo de gracia para el plan regularizador que acaba ahora en agosto.

“Nadie debería ser deportado si existen razones legales y válidas para permanecer”, dijo presidenta del panel de la ONU, Mireille Fanon Mendes-France, el martes en Ginebra. “La República Dominicana no puede violar ni las normas internacionales, ni los mecanismos de protección del sistema Interamericano de Derechos Humanos, y, especialmente, no puede violar su propia Constitución”, enfatizó la experta.

La preocupación es compartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a finales de 2013 realizó una visita “in loco” a República Dominicana y documentó numerosas denuncias por la negación de documentos a dominicanos de origen haitiano. “Para la CIDH es muy importante que no se genere una condición de expulsión que pudiera llevar a un escenario de apatridia, de personas no recibidas por Haití y no reconocidas por República Dominicana”, dijo su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, a periodistas tras la sesión de la oEA. “Ese sería para la CIDH un escenario de gran preocupación”, subrayó.