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Arabia Saudí supera el número de ejecuciones respecto al año pasado

Amnistía denuncia el abuso de la pena capital y la falta de garantías procesales en el reino

El sucesor al trono de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz al Saud, el pasado enero.
El sucesor al trono de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz al Saud, el pasado enero.

Al menos 102 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudí durante los seis primeros meses de este año, según Amnistía Internacional (AI). Esa cifra supera con creces las 90 ejecuciones que ese país llevó a cabo en todo el año pasado. Desde agosto de 2014 hasta junio de 2015, suman 175 las penas de muerte efectuadas, lo que equivale a una cada dos días, la mayoría por decapitación. En un informe publicado este martes, la organización denuncia además los juicios injustos que llevan a imponer esas sentencias por falta de garantías procesales.

“El defectuoso sistema de justicia de Arabia Saudí facilita las ejecuciones judiciales a gran escala. En muchos casos se niega a los acusados el acceso a un abogado, y en algunos se los condena sobre la base de confesiones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos en una flagrante injusticia”, ha declarado Said Boumedouha, director en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de AI.

En Matar en nombre de la justicia: La pena de muerte en Arabia Saudí, Amnistía revela que el mayor exportador de petróleo del mundo ha ejecutado a por lo menos 2.208 personas en las tres últimas décadas. Casi la mitad de ellas (un 48,5%) eran ciudadanos extranjeros, en su mayoría trabajadores inmigrantes procedentes de países asiáticos, que constituyen un tercio de la población. “A muchos se les negó una asistencia adecuada en materia de traducción durante el juicio y se les obligó a firmar documentos –incluidas confesiones– que no comprendían”, asegura el informe.

A finales de mayo, Arabia Saudí superó las 90 ejecuciones de 2014. Algunos expertos señalan que el número de ajusticiados se ha disparado de forma drástica desde la llegada al trono del rey Salmán el pasado enero. Sin embargo ya antes, el Reino del Desierto era uno de los tres países que más recurre a la pena capital, tras China e Irán, pero además la lleva a cabo de forma especialmente cruel: la mayoría de las veces mediante decapitación por espada y en la plaza pública.

AI, que milita por la abolición de la pena de muerte, subraya que una tercera parte de las ejecuciones realizadas desde 1985 se impusieron por fechorías que no pueden considerarse entre “los más graves delitos” para los que la legislación internacional admite ese castigo. Casi en la mitad de los casos, por delitos que no han causado muertos. De hecho, en un 28% de los casos desde 1981, la pena capital se ha dispensado por asuntos de drogas.

A menudo las ejecuciones no se notifican a las familias de los condenados a muerte, que sólo se enteran de la suerte de sus seres queridos cuando ya han sido ejecutados, a veces por informaciones difundidas por los medios de comunicación. Entre los ajusticiados hay también menores y personas con discapacidad mental para quienes las leyes internacionales, de las que Arabia Saudí es signataria, prohíben ese castigo.

Las autoridades saudíes rechazan con vehemencia las críticas hacia su uso de la pena capital aduciendo que las condenas se llevan a cabo de conformidad con la sharia (ley islámica) y respetando las más estrictas normas y salvaguardias relativas a juicios justos. Pero la realidad es que el país carece de un código penal y deja la definición de los delitos y los castigos a la interpretación de los jueces, quienes a menudo sentencian sobre la única base de sospechas y confesiones. El sistema tampoco garantiza la asistencia letrada al detenido.

“Afirmar que la pena de muerte en Arabia Saudí se lleva a cabo en nombre de la justicia y de conformidad con el derecho internacional no puede estar más alejado de la verdad. En vez de defender el atroz historial del país, las autoridades de Arabia Saudí deberían establecer con urgencia una moratoria oficial de las ejecuciones y aplicar las normas internacionales sobre juicios justos en todas los casusas penales”, ha sugerido Boumedouha.