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Los guatemaltecos piden en las calles la renuncia del presidente

La Fiscalía acusa a Otto Pérez de ser el líder máximo de una trama corrupta

Guatemala amaneció este jueves con las calles ocupadas por miles de ciudadanos que reclamaban, a voz en cuello, la dimisión del presidente, Otto Pérez Molina. La Fiscalía lo acusa de ser el líder máximo de una trama corrupta que se quedaba con recursos del Estado en las aduanas del país. La acusación le costó el cargo a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que ya está en la cárcel. La Fiscalía también ha pedido que el mandatario pierda su inmunidad para que pueda ser juzgado.

La ciudadanía empezó a movilizarse en la madrugada hacia los puntos de reunión. El plan era iniciar las marchas por las calles principales y converger, al filo del mediodía, en los centros históricos que albergan a las instituciones del Gobierno en la ciudad de Guatemala y capitales de provincia. En el campo, las organizaciones indígenas y campesinas optaron por bloquear las carreteras y obstaculizar el tránsito en puntos nodales de la red vial.

La soledad del régimen se acrecienta. Dos de los exministros más próximos a Pérez Molina abandonaron el país en avión rumbo a Panamá

“¡Renuncia ya!”, es el grito que domina las manifestaciones, que el jueves alcanzaron niveles sin precedentes ante el hartazgo generalizado por la corrupción de los sucesivos Gobiernos, y reunieron a unas 100.000 personas. “Yo no tengo presidente, lo despido por delincuente”, apuntaba el cartel del estudiante de agronomía Ayner Pérez, que junto a otros 18 compañeros viajó desde el departamento de San Marcos, 252 kilómetros al suroeste de la capital. Unos 75.000 manifestantes en el interior del país y otros 25.000 en la capital salieron a las calles.

Al clamor popular se sumó, la noche del miércoles, la Procuraduría General de la Nación —organismo que brinda asesoría legal al Estado—, que en un comunicado le recomendó a Pérez Molina “presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación”. Un 40% de los mercados populares de Ciudad de Guatemala cerraron sus puertas. Se unieron las organizaciones gremiales, universidades, colegios públicos y privados, comercios, empresas.

La soledad del régimen se acrecienta. La Dirección de Migración confirmó por la mañana que dos de los exministros más próximos a Pérez Molina, el de Defensa, Manuel López Ambrosio, y de Interior, Mauricio López Bonilla, ambos militares, abandonaron el país en avión rumbo a Panamá, Estado con el que Guatemala no tiene tratado de extradición.

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La permanencia de Pérez Molina en la presidencia pende de un hilo. “La salida civilizada de la crisis dependerá de qué tan ordenada tenga la cabeza el presidente. De que escuche a quien tenga que oír, y no a los imbéciles que lo asesoran”, comenta el analista independiente Héctor Rosada, quien señala que a Pérez ya solo le queda el recurso de la fuerza: el Ejército y la Policía. “Ojalá aprenda de la historia y no los utilice”, indicó el analista a EL PAÍS, para calificar como positiva la actitud de los jefes de las fuerzas de seguridad, que “están actuando con mucha sensatez, al inhibirse de reprimir la expresión popular”.

Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF, la poderosa patronal), reiteró en conversación con este periódico la petición de renuncia inmediata a Pérez Molina. “Hemos señalado insistentemente que el presidente tiene que renunciar. Tenemos un mandatario que da vergüenza, es un impresentable”. Aseguró que el sector empresarial apoya todos los movimientos de protesta, siempre que se realicen en el marco de la ley. No están de acuerdo con el bloqueo de carreteras porque, según él, “además de ser ilegales, provocan pérdidas severas a la economía del país”. El dirigente gremial pidió a las empresas afiliadas que den facilidades a sus trabajadores para que se presenten en las manifestaciones. José Pinzón, uno de los dirigentes históricos del sindicalismo guatemalteco, dijo que el mandatario debe dimitir y ser puesto a disposición de los tribunales. “Que los pícaros que se han enriquecido a costa del erario paguen las consecuencias. No más corrupción, no más impunidad, que los futuros gobernantes entiendan”, subrayó.

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