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NADA ESCRITO
Tribuna
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El relato del fuego

Quien habla en nombre de la “verdad histórica” pretende cancelar otras explicaciones

Juan Villoro
Familiares de los 43 en una manifestación en el DF
Familiares de los 43 en una manifestación en el DFAFP

¿De qué manera circula la verdad? En las sociedades autoritarias anteriores a Internet había que ir al extranjero para saber lo que pasaba. Durante décadas las noticias sobre el franquismo circularon mejor en Francia que en España.

Terreno de las paradojas, México cuenta con numerosas instituciones para indagar sucesos, pero suelen pactar con el secreto. Casi siempre, los hechos se conocen a través de los evanescentes recursos del rumor. La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, es un ejemplo de laboratorio sobre las dificultades para acceder a la verdad.

Ignorar lo que pasó es grave; aún más grave es que la indagación haya sido sustituida por hipótesis incomprobables. El procurador Jesús Murillo Karam, responsable de la investigación, presentó una tesis inverificable que llamó “verdad histórica” . De acuerdo con su suposición, los estudiantes habrían sido llevados por miembros del crimen organizado al basurero de Cocula, en el Estado de Guerrero, para ser cremados a la intemperie. Varios expertos consideraron imposible calcinar tantos cuerpos en esas condiciones y el gobierno respondió con evasivas: el presidente Peña Nieto invitó a “pasar la página” y el procurador hizo la más célebre de sus declaraciones, que dio lugar a un instantáneo hashtag: “Ya me cansé”.

En febrero de 2015, Murillo Karam dejó su cargo para asumir la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (teatro de ambivalencias, México cuenta con un ministerio donde lo “territorial” se distingue de lo rural y lo citadino: el limbo para un creador de simulacros).

El 6 de septiembre asistí a la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa. A las 11 de la mañana, en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los padres de los desaparecidos gritaron la consigna: “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”. Luego se hizo un silencio reverente. La campana de una iglesia sonó a lo lejos, pero la revelación del domingo no tenía que ver con el misterio de la fe, sino con algo más esquivo: la verdad.

Me concentro en un solo punto del informe: las noticias de la lumbre. La hipótesis de que los cuerpos ardieron en una pira al aire libre fue analizada por José Torero, especialista en Seguridad de Fuego de origen peruano, doctorado en Berkeley, quien ha enseñado en la Universidad de Edimburgo y actualmente trabaja en la de Queensland, Australia. De acuerdo con su peritaje, para calcinar 43 cuerpos en un claro habrían sido necesarios más de 30.000 kilogramos de madera y más de 13.000 kilogramos de neumáticos. La hoguera debería haber durado al menos 60 horas, con llamas de siete metros de altura y un penacho de humo de 300 metros, incidente difícil de ocultar a los habitantes de la zona. Tomando en cuenta los vientos y la proximidad del bosque, se habría provocado un incendio forestal. Las plantas en derredor deberían mostrar marcadas deformaciones. Nada de eso ocurrió: “Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, dijo el relator de los hechos.

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Los exiguos restos de los que hasta ahora se dispone (enviados a expertos forenses de Austria) son el saldo de una cremación. Si todos los cuerpos corrieron ese destino, la clave está en hornos crematorios de funerarias, hospitales o el ejército.

Quien habla en nombre de la “verdad histórica” pretende cancelar otras explicaciones. A un año de los hechos, una comisión independiente ofrece el estudio que la Procuraduría no quiso hacer.

Lo que el Gobierno calló, lo ha dicho el fuego.

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