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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Brasil y catarsis: la hora de la verdad

Se falta a la verdad cuando se esconde que la crisis es fruto de la incompetencia en la gestión pública

Si hay una palabra que resume lo que Brasil necesita en este momento es catarsis, un término de origen griego que significa purificación del espíritu conturbado por medio de la liberación de la verdad asumida. Catarsis no es una palabra del vocabulario popular, pero el sentido no es ajeno a nuestros sentimientos, porque la palabra griega es también la raíz del nombre femenino Catalina, que significa pura. En este caso, la catarsis es una experiencia colectiva a través de la cual se produce la expulsión de un mal social. Para Aristóteles era el momento culminante de un drama, cuando el público sentía la liberación con la resolución de las tensiones. Hace nueve meses que Brasil vive afligido por una crisis política y económica que cada día se hace más profunda, porque no se afronta como una crisis moral. Por eso aparecen voces por todos lados que responden a diversos males, desde la recesión económica, la contracción de las inversiones o el endeudamiento público progresivo hasta la megacorrupción que ha invadido la esfera pública como nunca se había visto antes. Sin una experiencia unificadora nacional de catarsis, con sinceridad, no habrá una solución a la crisis política y económica.

¿Cómo conseguir que Brasil viva la catarsis? Ya están en marcha iniciativas que pueden producir los efectos de una purificación de las costumbres, empezando por las prácticas políticas, que están en la raíz de la crisis moral. Una de ellas es el proyecto deflagrado por el Ministerio Público Federal (MPF), que realiza las investigaciones, junto al juez Sergio Moro, de la operación Lava Jato y propone 10 medidas legislativas que aumenten las penas para los delitos de corrupción y aceleren los procedimientos judiciales para que los procesos no se hagan eternos y acaben en la impunidad. Otra, de carácter más de ética en la vida pública, fue la proclamación por parte de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) de que la lucha contra la corrupción tiene que ser una cruzada que cuente con el apoyo de los ciudadanos militantes, para que se cambie esta forma corrupta de hacer política en Brasil. Está en juego la legitimidad de la democracia como forma de gobierno en el país. El proyecto del MPF, dirigido en julio al Congreso Nacional, como una propuesta de ley de iniciativa popular, necesita 1,5 millones de firmas. Si recibe apoyo, servirá para probar si el Congreso, profundamente dividido y conflictivo, es capaz de contribuir a la hora de la verdad. La convocatoria de la CNBB busca movilizar a la sociedad para presionar al Gobierno Federal y al Congreso a que no busquen evitar las consecuencias judiciales de la operación Lava Jato. Estas avanzan e involucran a muchos senadores y diputados, acusados de recibir sobornos ilegales financiados por los ahora famosos pixulecos, que tienen su origen en el dinero desviado de Petrobras y otras fuentes públicas durante los últimos Gobiernos, bajo el mando del Partido de los Trabajadores (PT).

La corrupción no es la única desgracia que la sociedad debe afrontar con valentía y verdad. En el fondo de la crisis económica se encuentran una serie de errores en la gestión de la economía en la última década, que han desembocado en la situación de penuria del sector público, del que dependen un 40% de los consumidores pobres para tener un mínimo de bienestar. El Gobierno de Rousseff continúa negando la realidad de que las rentas producidas por los impuestos y las contribuciones son insuficientes para cubrir los gastos. En consecuencia, para que la máquina estatal no pare, se aumenta la deuda pública. Otra consecuencia es la contracción violenta de las inversiones públicas, sin las cuales la economía no se revitalizará. Sin embargo, el desempleo aumenta y las rentas públicas menguan porque el Ministerio de Hacienda ya no recauda lo necesario para pagar los sueldos y el coste de los servicios. Por eso, se falta a la verdad cuando se esconde que la crisis económica es producto de la incompetencia en la gestión pública. El megaescándalo de Petrobras es simplemente el ejemplo más palmario de esos errores de la política populista practicada por los Gobiernos del PT en nombre del “desarrollismo”.

Siendo así, a los que dicen que la corrupción es el lubricante de la política en Brasil (lo que se plasma en la famosa frase “roba, pero hace”), o que muchos pobres se han beneficiado de programas sociales que han reducido las desigualdades, les dirijo las palabras de Marcos Lisboa, de las que me hago eco. El economista las profirió en un debate con Mansueto Almeida y Samuel Pessoa, otros grandes conocedores de las finanzas públicas. Tras mostrar que estaba de acuerdo con la gravedad de la crisis, Lisboa habló de la verdadera necesidad de obtener credibilidad para las soluciones. Dijo lo siguiente:

“Tenemos que volver a discutir el Estado brasileño. Hablamos mucho de las pensiones, de la salud, de la educación. Pero hay concesiones de beneficios por todas partes en Brasil. Todo el mundo tiene un pedazo de lo que solemos llamar ‘media entrada’, esto es, cualquier tipo de descuento en cualquier cosa. Todo el mundo. Está esparcido por ahí. Hemos ido concediendo beneficios de forma dispersa por la sociedad. Bueno, pues se acabó. Se acabó el dinero. Si queremos crecer con calidad, tenemos que poner en marcha una agenda diferente. Una agenda de tratar a los iguales como iguales, en la que no haya privilegios. Una agenda que sea, de hecho, para proteger a los más frágiles. No para proteger a los más ricos”.

 Y concluyo: ¿qué agenda es esa? Depende de un acuerdo nacional, producto de un gran diálogo que supere los bloqueos políticos, ideológicos y personales que ahora impiden la realización de las acciones necesarias para corregir los errores y las conductas públicas insostenibles. Si Brasil no consigue superar esta situación, acabará repitiendo el fracaso nacional, como está sucediendo con los países vecinos, Argentina y Venezuela.

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