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Pakistán suspende el ahorcamiento de un paralítico al no saber cómo colgarlo

Al menos 240 personas han sido ejecutadas desde la reinstauración de la pena de muerte

Las autoridades penitenciarias de Faisalabad, una ciudad del este de Pakistán, han suspendido la ejecución de Abdel Basit, prevista para primera hora de este martes, porque no sabían cómo proceder. Según las normas de la cárcel, el reo debe caminar hasta el cadalso, pero el hombre, que se encuentra paralizado de la cintura para abajo, necesita una silla de ruedas para moverse. Lo peor es que intentaron hacerle andar para llevar a cabo la sentencia. En vano, claro está.

“Cuando el responsable judicial vino para el ahorcamiento, estos tipos [en referencia a los carceleros] intentaron que se pusiera en pie en el cadalso… no fue posible, así que el magistrado pospuso la ejecución”, ha relatado a Reuters Wassam Waheed, un portavoz de Justice Project Pakistan, un grupo que ofrece asistencia letrada a los más desfavorecidos.

Amnistía Internacional (AI) había pedido el lunes que se suspendiera la sentencia ante la especial crueldad del caso. “En lugar de debatir cómo ejecutar a un hombre en una silla de ruedas, las autoridades de Pakistán debieran conceder un indulto a Abul Basit”, declaró Sultana Noon, una de las investigadoras de la organización para ese país. No obstante, el Tribunal Supremo confirmó la pena el lunes, aunque solo si se podía llevar a cabo de acuerdo con las normas penitenciarias.

La (trágica) anécdota pone de relieve una vez más el lamentable estado del sistema legal y penitenciario paquistaní. De acuerdo con la información facilitada por Justice Project, Basit, de 43 años, fue declarado culpable en 2009 del asesinato del tío de la mujer con la que mantenía una relación. Al año siguiente se quedó paralítico al contraer una meningitis que no fue tratada correctamente en la cárcel.

Las organizaciones de derechos humanos confían en que su caso sirva para alertar de lo que ha significado el restablecimiento de la pena de muerte en Pakistán el pasado diciembre. Después de seis años de moratoria, el Gobierno decidió recurrir a esa medida tras el brutal atentado en el que los talibanes mataron a 132 escolares en Peshawar. Desde entonces al menos 240 personas han sido ejecutadas, según AI, lo que convierte a ese país en uno de los tres con más ejecuciones del mundo, después de China e Irán.

Más preocupante aún, hay 8.000 condenados a muerte esperando que se cumpla la sentencia, la mayoría por asesinato no por vínculos con grupos terroristas. Además, las familias a menudo denuncian que han sido acusados falsamente y son demasiado pobres para pagar abogados o sobornar a los funcionarios.

Tal es también el caso de Basit, que siempre ha negado la imputación y su familia asegura que su abogado cobró dinero de quienes le acusaban. Más grave aún, la policía paquistaní rara vez utiliza pruebas para respaldar sus detenciones, sino que se basa en el testimonio oral, fácilmente manipulable. Los activistas también señalan que la tortura durante la detención es rutinaria.