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El referendo para la reelección de Evo Morales será en febrero de 2016

La oposición considera la ley “una adaptación a las necesidades de una persona”

Una mujer vota el pasado domingo en la región de La Paz. EFE

Una comisión de senadores y diputados ha aprobado este martes el proyecto de reforma constitucional para autorizar al presidente boliviano, Evo Morales, a postularse una vez más a la presidencia en 2019. La ley debe ser ratificada en el pleno de la Asamblea Legislativa por dos tercios de sus votos. La comisión decidió que el referendo popular que debe validar o rechazar la reforma se realice el 21 de febrero del próximo año.

La noticia se conoce poco después de que el oficialismo sufriera un revés electoral en los referendos sobre estatutos autonómicos que se realizaron el pasado domingo. La oposición atribuye la postergación (en un mes) de la fecha que inicialmente se había previsto para el referendo, a la necesidad del MAS de rearmar a sus filas para enfrentar con mayor fortaleza el desafío electoral en el que Morales se jugará su continuidad. La explicación oficial de dicha dilación descansa en la necesidad de dar tiempo suficiente a las instituciones que organizarán del referendo.

Hasta ahora, el oficialismo ha preferido que la reforma constitucional que se decidirá el 26 de febrero incluya solamente la cuestión de la reelección

Evo Morales se encuentra en su tercera gestión, aunque la Constitución que el país aprobó en 2009 -principalmente por iniciativa del MAS- establece el límite de una sola reelección continua del presidente del país. Morales obtuvo la autorización para postular en las elecciones de 2014 del Tribunal Constitucional, el que arguyó que las gestiones presidenciales debían contarse a partir de la aprobación de la Constitución. La reforma actual pretende permitir ya no una, sino dos reelecciones continuas, lo que, puesto que hay que contar desde 2009, habilitaría a Morales a aspirar a un nuevo mandato de 2020 a 2025. El MAS ha descartado la figura de la “reelección indefinida”, que ya rige en otros países sudamericanos, presumiblemente por el rechazo que la misma despierta en la población, según detectaron las encuestas que se realizaron en este tiempo. La oposición está protestando contra lo que considera “una adaptación de la ley a las necesidades de una persona”, y describe el esfuerzo oficialista como una carrera contra el cambio del ambiente político que puede causar la crisis económica latinoamericana. Esta todavía no ha golpeado a Bolivia, pero, según los grupos disidentes, ya está tocando a sus puertas. El Gobierno insiste en que la economía se halla preparada para resistir un largo tiempo de precios bajos de las materias primas que el país exporta.

En abono a su teoría, los líderes antagónicos a Morales opinan que la victoria del “no” en los referendos que se acaban de realizar en cinco regiones -incluida la más importante del país, La Paz- para compulsar su adhesión o rechazo a los estatutos autonómicos preparados en su mayor parte por el MAS, indica que la población comienza a cansarse del gobierno de este partido, que se extiende por nueve años, el plazo más prolongado alcanzado democráticamente por un solo presidente en la historia nacional. El MAS, en cambio, considera que el resultado de las consultas regionales no constituye una derrota política suya y mucho menos de Morales, que “no hizo campaña”. El MAS atribuye el resultado adverso al desconocimiento de la población sobre el contenido de los estatutos. No existen encuestas públicas que permitan verificar estas hipótesis contradictorias.

Hasta ahora, el oficialismo ha preferido que la reforma constitucional que se decidirá el 26 de febrero incluya solamente la cuestión de la reelección, y ha descartado la posibilidad, de la que habló al principio, de mezclar este asunto con otros menos controversiales, de modo que la pregunta del referendo resulte más difícil de responder con un “no”. Esta estrategia fue considerada por la oposición como “una triquiñuela”, pero al parecer la misma finalmente no se intentará.

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