ONG internacionales se movilizan contra la crucifixión de un joven saudí

Riad ratifica la pena capital para dos chicos que protestaron durante la primavera árabe saudí

Ali al Nimr en una fotografía proporcionada por su familia.

Cuando el pasado 29 de septiembre Ali al Nimr no llamó a su familia desde la cárcel como estaba autorizado a hacer cada semana, sus padres temieron lo peor. Dos semanas antes las autoridades de Arabia Saudí habían ratificado su sentencia de crucifixión por haber participado en las protestas de 2011, y sólo faltaba la firma del rey Salmán. En medio de la movilización de las organizaciones de derechos humanos, Riad ha confirmado esta semana una segunda pena de muerte a un joven, Dawoud al Marhoon, que como Ali, era menor de edad cuando participó en aquellas manifestaciones.

“Parece que la respuesta al llamamiento internacional para parar la ejecución de Ali al Nimr ha sido la ratificación de la pena capital de Dawoud al Marhoon”, afirma en un correo electrónico Ali Adubisi, director de la Organización Europeo-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, en sus siglas inglesas).

Ambos jóvenes tenían 17 años cuando fueron detenidos en 2012, con pocos meses de diferencia, en medio de las protestas que entonces se organizaban casi a diario en la Provincia Oriental de Arabia Saudí. Desde el año anterior, al hilo de la primavera árabe, la población chií de ese reino, reclamaba “la liberación de los presos políticos” y “reformas que pongan fin a la discriminación” de su comunidad, en torno al 10% de los 20 millones de saudíes. Las manifestaciones han cesado, pero entre los centenares de detenidos siete fueron condenados a muerte a lo largo de 2014. Los otros cinco casos, incluido un tercer menor, están en fase de apelación.

“Los planes de Arabia Saudí para decapitar a Ali y Dawoud son una desgracia. La comunidad internacional, incluido EE UU y otros aliados del gobierno saudí, debe hacer un llamamiento urgente a que se paren estas terribles ejecuciones antes de que sea demasiado tarde”, ha declarado a EL PAÍS Maya Foa, directora del equipo que se encarga de la pena capital en Reprieve, una organización británica que defiende a condenados a muerte y a víctimas de la tortura. Foa subraya que “ambos eran menores cuando fueron detenidos, y no han cometido delitos. Sus juicios se celebraron a puerta cerrada y fueron manifiestamente injustos”.

En lo que va de año, Arabia Saudí ha consumado al menos 135 condenas a la pena capital

Ali fue acusado de participar en una protesta ilegal y de una larga lista de delitos que, según la ESOHR, incluye “explicar cómo proporcionar primeros auxilios a los manifestantes” y usar su móvil para invitar a otros a unirse. Dawoud firmó una confesión bajo tortura que ha servido para condenarle sin permitir siquiera la presencia de su abogado.

“El Tribunal Penal Especializado –la misma instancia que recientemente ratificó la sentencia de crucifixión para Ali al Nimr-- confirmó la semana pasada la condena de Dawoud, y estableció su muerte por decapitación”, según ha informado Reprieve.

La decapitación por espada es la forma habitual de ejecución en Arabia Saudí, donde este año ya van al menos 135 condenas consumadas, un significativo aumento respecto a 2014. La más inusual pena de “crucifixión” es una variedad de aquella en la que el cuerpo decapitado se exhibe en público para escarnio. El último caso del que se tiene ocurrió en Abha, la provincia de Asir, hace dos años cuando uno de los siete condenados por varios robos a joyerías sufrió ese destino.

“Que Ali haya recibido esta sentencia pone de relieve que el Gobierno saudí está tratando de dar un ejemplo”, interpreta Alice Gillham, portavoz de Reprieve. Junto a esta, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y cuatro organizaciones saudíes de derechos humanos han denunciado su condena.

Para los observadores, el caso contra Ali tiene que ver con su tío el jeque Nimr al Nimr, un prominente clérigo chií muy crítico con el régimen saudí que también está condenado a crucifixión por “insultos al rey” y “poner en peligro la unidad nacional”. Su ejecución corre el riesgo de inflamar los ánimos en la Provincia Oriental, donde se concentran la mayoría de los chiíes saudíes y también el grueso de los pozos petroleros del reino. El ajusticiamiento de su sobrino sería una formar de escarmentar a la familia.

Ali y Dawoud han agotado todas las vías legales por lo que sus padres “están terriblemente preocupados, ya que desconocen lo que va a pasar con ellos”, según Gillham. De acuerdo con la práctica habitual de las autoridades saudíes, los dos jóvenes pueden ser ejecutados en cualquier momento sin avisar previamente a sus familias, ni atender a las numerosas irregularidades de sus juicios.

Además de Arabia Saudí, sólo Irán, Yemen y Sudán continúan ejecutando a personas que delinquieron siendo menores, algo que prohíbe la Convención Internacional de los Derechos del Niño que Riad ratificó en 1996. El Reino también es signatario de la Convención contra la Tortura, a pesar de lo cual tanto Ali como Dawoud han denunciado que se les torturó para que confesaran.