El poder judicial rompe el tabú en temas de drogas

La criminalización de los jóvenes y los consumidores de drogas genera estigma y aleja a las personas de los servicios de salud

El preámbulo de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, de la que México forma parte, estipula que la salud y el bienestar de la humanidad son el principal objetivo de dicho texto. Desafortunadamente, las políticas prohibicionistas de drogas que hoy priman en el mundo no han logrado, y nunca lograrán, tal objetivo.

Muy por el contrario, estas políticas han ocasionado graves impactos negativos -o “consecuencias no intencionadas”, como les llama las Naciones Unidas- tal como la creación de un inmenso mercado ilegal, el fomento de la violencia y la corrupción.

Una serie de torpes intentos para prevenir el uso de drogas a partir de medidas punitivas ha, además, empeorado las cosas. El día de hoy hay una encarcelación y criminalización masiva de personas por delitos de drogas que tienen un muy bajo impacto real en la sociedad.

En México, hemos visto que recientemente ha sido el poder judicial el que ha dado los más importantes avances en resaltar las posibles reformas en políticas de drogas.

Hace apenas unos días, la niña Graciela Elizalde de 8 años de edad, recibió su primera dosis de CBD, un aceite derivado de la planta del cannabis, gracias a la suspensión definitiva otorgada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Martín Adolfo Santos Pérez.

El día de mañana, 4 de noviembre, la Suprema Corte de México discutirá los clubes cannábicos.

La semana pasada, el ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de la Suprema Corte de Justicia de México presentó un proyecto de sentencia en el que aprueba a los quejosos de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable (SMART) sembrar y poseer marihuana para fines personales.

El proyecto resalta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en la Carta Magna de México, y hace un cauteloso estudio de la proporcionalidad de la prohibición de la planta en el país. A la postre, la lógica del proyecto encuentra que la llamada ‘guerra contra las drogas’ ha ocasionado una inseguridad a gran escala y políticas erradas de drogas han destruido más familias y vidas que las drogas mismas.

Como he dicho antes, la criminalización de los jóvenes y de los consumidores de drogas genera estigma y aleja a las personas de los servicios de salud e información que más necesitan.

Tristemente, las políticas de drogas nunca han sido un campo en el que prime la evidencia o la eficacia de las políticas públicas. Obviamente todos queremos proteger a nuestras familias de los potenciales daños de las drogas. Sin embargo, ¿en qué otra área de la salud pública criminalizamos a las personas a las que buscamos ayudar?

Es en este contexto que la Primera Sala de la Suprema Corte de México presenta un paso más hacía cambios importantes en el país y en la región. La nueva política de drogas de México ya tiene un voto a favor, el del ministro Zaldívar.

Ahora solo queda observar atentos los votos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro José Ramón Cossío Díaz, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Confío en que sus votos estarán a la altura de lo que México se merece.

*César Gaviria, expresidente de Colombia y Comisionado en la Comisión Global de Políticas de Drogas