México retira la polémica norma para regular los delitos en internet

El polémico proyecto del Gobierno mexicano para regular los delitos en Internet ha durado apenas una semana. El senado priista Omar Fayad anunció este martes que retira formalmente la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos que él mismo presentó hace siete días en la Cámara alta. La norma había despertado desde su origen una cascada de críticas por parte de la sociedad civil. Numerosas organizaciones denunciaron que varios puntos del proyecto constituían un grave riesgo para las libertades civiles y que una redacción vaga y ambigua del texto abría la puerta a posibles actos de censura y abuso.

La norma –que castigaba hasta con 55 años de cárcel los casos “terrorismo informático”- había sido labrada por el senador Fayad y el comisionado general de la Policía Federal. La ausencia de diálogo con los distintos actores sociales fue otra de los focos de protesta. Fayad, que ha estado en el centro de la diana del torrente de críticas durante esta semana en México, ya se vio obligado dar una primera respuesta el pasado viernes. Anunció la celebración de una audiencia pública para involucrar a las voces implicadas en la maduración de la norma, que aún debe pasar por el largo recorrido parlamentario.

El Gobierno no abandona su voluntad de diseñar una legislación penal específica para la Red

La retirada del proyecto no significa en todo caso que el Gobierno abandone su voluntad de diseñar una legislación penal específica para la Red. El comunicado presentado en el senado apunta a que continuaran los trabajos para relanzar otra iniciativa para castigar los ciber delitos. La consulta pública anunciada la semana pasada sigue en pie. “Serán recandelizados con el objetivo de convocar al mayor número de especialistas, académicos, cibernautas e interesados posibles”, añade. 

Organizaciones como Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D) habían alertado de que una redacción excesivamente ambigua de algunos de los artículos podía abrir la puerta a interpretaciones abusivas, cuando no directamente opuestas a la legislación penal general. Según R3D, irregularidades como mentir sobre la edad en un perfil de Facebook u otro incumplimiento de las condiciones de uso de cualquier programa –ese listado interminable que el usuario debe aceptar marcando una x en una cajita– elevaba desproporcionadamente su condición jurídica. Pasaba de ser una infracción administrativa a un delito con un castigo de entre cinco a 15 años de prisión. 

Otro de los apartados más calientes era el relacionado con el terrorismo informático. Según la redacción del texto, “la difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública”, será considerada un acto de terrorismo. Las asociaciones civiles consideraban este precepto desproporcionado y con ecos a una ley promulgada en 2011 por el polémico gobernador de Veracruz, que castigaba con penas de cárcel la difusión de mensajes falsos relacionados con el crimen organizado en las redes sociales, y que fue tumbada dos años después por la justicia por ser contraria a la libertad de expresión y el derecho a la información.