El Gobierno en funciones privatiza la aerolínea TAP
La Confederación de Agricultores solicita al Presidente elecciones anticipadas
El Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho, que desde el martes se encuentra en funciones al haber sido cesado por una moción de censura, cerró ayer la privatización de las líneas aéreas TAP, a la que se opone el Partido Socialista llamado, muy probablemente, a formar el próximo ejecutivo de Portugal.
La firma ha soliviantado a los tres partidos de la izquierda. El PS había enviado una carta al Gobierno advirtiéndole de las consecuencias de la firma, pero no ha parado el acuerdo que conlleva la inyección inmediata en la compañía de 150 millones de euros, dada la situación de urgencia financiera en la que se encuentra, según ha anunciado la secretaria del Tesoro, Isabel Castelo Branco.
Tanto el PC como el Bloco han pedido al presidente de la República que impida la venta, y amenazan con denunciar al Tribunal Constitucional al Gobierno en funciones y con demandar a sus primeros dirigentes, Pedro Passos Coelho y Pablo Portas. La venta ha desvelado las primeras desavenencias entre las izquierdas, que quizás es lo que buscaba el ejecutivo conservador. Mientras el PS quiere que solo se privatice el 49% de la compañía, el Bloco quiere que sea 100% público, aunque en los acuerdos firmados en ninguna línea aparece el caso de la TAP.
La TAP se encuentra en una situación financiera y operacional límite, con una flota envejecida, una deuda de casi 2.000 millones de euros y unos activos negativos superiores a 500 millones. La alternativa de una inyección de capital público, solo es posible con autorización de Bruselas, que exigiría en contrapartida una fuerte reestructuración de la empresa, lo que dejaría en la calle a miles de sus 13.000 empleados.
La privatización se aprobó en uno de los últimos Consejos de ministros del actual Gobierno. Mientras, el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, iniciaba su ronda de consultas para tomar una decisión sobre el futuro ejecutivo. En su mano está encargárselo al socialista António Costa, tras firmar el pacto de mayoría con los otros partidos de izquierda, o dejar al actual Gobierno en funciones hasta que se puedan convocar elecciones, allá por mayo.
En las entrevistas de hoy jueves, el presidente ha recibido a los presidentes de las confederaciones empresariales. Tanto el presidente de la CIP, António Saraiva, como Vieira Lopes, de la CCP se han mostrado totalmente contrarios a que se aprueba una subida del salario mínimo de 505 euros a 600 euros, como propone el PS. Según estos presidentes, ese brusco aumento comprometería la economía de las empresas y del país. En el caso de João Machado, presidente de la Confederación de Agricultores (CAP), este ha solicitado que se convoquen elecciones anticipadas en cuanto se pueda y que, mientras tanto, siga un Gobierno de gestión.
El viernes, Cavaco recibe a los representantes de los sindicatos UGT y CGTP, proclives a un gobierno socialista con mayoría parlamentaria de izquierdas.
