Apple se resiste a que los Gobiernos invadan la privacidad en Internet

Los gigantes tecnológicos rechazan el proyecto británico de acceder a mensajes 'online'

Un cliente en una tienda de Apple en Londres. REUTERS

Las empresas tecnológicas han entrado con fuerza en el caliente debate sobre la conveniencia o no de que los Gobiernos dispongan de mayores poderes para acceder a las comunicaciones digitales de los ciudadanos. El Parlamento británico tramita un proyecto de ley que pretende facilitar a la policía acceso a los registros del uso de Internet de los ciudadanos, algo que el Gobierno considera esencial para combatir el crimen y la amenaza terrorista. Liderando la contraofensiva de Silicon Valley, Apple remitió un documento con sus objeciones al comité parlamentario que tramita la legislación, cuya fase de consultas públicas finalizó el pasado lunes.

La compañía más valiosa del mundo considera que la ley, de prosperar, comprometería la seguridad de “los datos personales de millones de ciudadanos honrados”, obligaría a la empresa a hackear sus propios productos y sentaría un peligroso precedente con potencial de disparar “serios conflictos internacionales”, en un contexto en que países de todo el mundo debaten cómo adaptar sus servicios de inteligencia a la era digital. Otras grandes compañías del sector, como Microsoft, Facebook, Google, Twitter o Yahoo, según la BBC, también han remitido sus objeciones al Parlamento, aunque aún no las han hecho públicas.

“Creemos que sería equivocado rebajar la seguridad de cientos de millones de clientes que respetan la ley con el objetivo de rebajarla para aquellos pocos que representan una amenaza”, sostiene Apple en el documento de ocho páginas remitido al Parlamento británico. “En este entorno de ciberamenazas que evoluciona a gran rapidez, las empresas deben seguir siendo libres de implementar fuertes encriptaciones que protejan a sus clientes”.

Los colegios deberán actuar contra la radicalización 'online'

El Gobierno británico ha anunciado que endurecerá las obligaciones de los colegios en la prevención y detección de la radicalización online de los alumnos. La medida responde a informes que revelan que jóvenes que han viajado o tratado de viajar a Siria, con el objetivo de unirse al Estado Islámico, han sido adoctrinados a través de los ordenadores de las aulas. Los responsables de las escuelas deberán poner en marcha sistemas, como filtros que detecten la búsqueda de determinadas palabras, para monitorizar el uso de Internet desde los ordenadores escolares. El Ministerio de Educación publicará además dos guías, una para padres y otra para redes sociales, para garantizar la seguridad de los menores en Internet.

El proyecto de ley británico, introducido el mes pasado por la ministra del Interior, Theresa May, contempla otorgar a la policía y los servicios de inteligencia acceso a los registros del uso de Internet de todos los ciudadanos británicos sin necesidad de orden judicial. En caso de que además quisieran acceder al contenido de dichas comunicaciones, añade el borrador, sería preceptiva la autorización del Ministerio del Interior y de un panel de inspectores judiciales de nueva creación.

Apple diseña algunos de sus productos utilizando una técnica de encriptación mediante la cual solo el emisor y el receptor del mensaje lo pueden leer desencriptado. En la actualidad la compañía proporciona, asegura, datos sobre las comunicaciones cuando se le piden. Pero no el contenido de las mismas. La legislación actual pide a las empresas que den los pasos razonables para proporcionar los contenidos de las comunicaciones si se solicitan mediante orden judicial, pero no les exige que diseñen sus sistemas para posibilitarlo.

“La creación de puertas traseras y capacidades de intercepción debilitaría la protección y pondría en peligro a todo el mundo”, defiende la compañía. “Una llave dejada bajo el felpudo no estaría allí solo para los buenos. Los malos podrían encontrarla también”.

Apple también señala un problema de extralimitación, al cuestionar el alcance internacional pretendido por una ley de ámbito nacional. La ley sostiene que las compañías deberán atender a sus peticiones de información independientemente del país en que estén basadas y de dónde se encuentren los datos solicitados. “Esto podría ser el catalizador para que otros países aprueben legislaciones similares, paralizando a las multinacionales bajo el peso de lo que podrían ser docenas o centenares de leyes nacionales contradictorias”, advierte Apple.

Las compañías estadounidenses se resisten a la pretensión, argumentando que si acatan la ley británica, otros Gobiernos exigirían el mismo derecho, pudiendo entrar en conflicto con las legislaciones sobre privacidad de los Estados donde se encuentran los datos solicitados. Países como China y Rusia, advierten, que han expresado sus deseos de endurecer sus regímenes de vigilancia en Internet, no permanecerán inmóviles si Reino Unido saca adelante esta legislación.

El Comité Parlamentario encargado de procesar las opiniones de los expertos sobre el proyecto de ley, ha confirmado que ha recibido el documento de Apple, aunque aún no ha publicado su contenido, del que sí se han hecho eco los principales medios británicos. La compañía de Cupertino ya había expresado sus reservas al proyecto de ley antes de remitir formalmente sus quejas al Parlamento. Tim Cook, consejero delegado de Apple, alertó recientemente en una entrevista en el Daily Telegraph sobre las “muy terribles consecuencias” que podría tener la ley.

Otras multinacionales tecnológicas también han remitido sus quejas al Comité Parlamentario. La ofensiva de los gigantes de Silicon Valley supone un intento de salvaguardar la confianza de sus usuarios, dañada tras las revelaciones de Edward Snowden, extrabajador de la agencia estadounidense NSA, que indicaron que los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos podían acceder a la información interna de estas compañías.

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