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“El acuerdo de paz en Colombia es un cúmulo de promesas vacías”

La ONG alerta de una “piñata de impunidad” si no se realizan cambios urgentes al texto acordado por Gobierno y las FARC

Representantes de víctimas del conflicto a su llegada a La Habana el pasado 15 de diciembre EFE

El acuerdo para la reparación de las víctimas del conflicto colombiano cerrado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC es un compendio de “ambigüedades, omisiones y lagunas” que lo convierten, “en el mejor de los casos, en promesas vacías”. Y, en el peor de ellos, si no se hacen las debidas correcciones, en una potencial “piñata de impunidad” que beneficiará tanto a guerrilleros como a agentes del Estado implicados en crímenes de guerra o de lesa humanidad durante el largo conflicto sudamericano. La evaluación del pacto anunciado este mes en La Habana entre Gobierno y las FARC que ha realizado Human Rights Watch (HRW) no ahorra críticas.

"No creemos que se pueda pretender fundar una reconciliación o un proceso de paz sobre la base de la injusticia. Y lo que este acuerdo esconde es eso, injusticia”, advirtió el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en rueda de prensa este martes en Washington.

La ONG de derechos humanos encargó a una decena de abogados de diversos países y especializaciones el análisis de las 63 páginas del acuerdo sobre el crucial punto 5 de las negociaciones de paz anunciado el 15 de diciembre en La Habana. Su conclusión: “Se trata de un acuerdo de impunidad, es un pacto entre gobierno y FARC que termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del conflicto armado colombiano”, subrayó Vivanco.

A HRW le preocupa desde la forma en que se pretende conformar el tribunal especial que atenderá los casos, cuya independencia pone en duda, a las alternativas propuestas a las penas de cárcel y la posibilidad de que los procesados puedan ejercer cargos políticos incluso cuando estén cumpliendo sentencia. “Ninguna persona que cumpla una pena tras haber sido condenada por un crimen de guerra, de lesa humanidad o una grave violación de derechos humanos debería poder postularse para un cargo público ni desempeñarlo mientras esté cumpliendo esa pena”, subrayó la ONG, que también cuestionó las condiciones previstas para el cumplimiento de dichas penas.

“Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves”, recordó Vivanco. Sin embargo, agregó, este acuerdo “va incluso más allá y garantiza que no enfrentarán un castigo ni remotamente serio”, lamentó y pidió explicaciones a las partes: ¿significa este acuerdo que cualquier condenado que proponga un proyecto “restaurativo y reparador” se librará de la privación de libertad y que si este proyecto dura menos de los cinco años de cárcel mínimos previstos se considerará saldada la deuda con la justicia? ¿Por qué no se especifican sanciones para quienes no cumplan ni siquiera estos compromisos?

Según Vivanco, Colombia aún está “a tiempo de corregir” algunas de las graves lagunas y ambigüedades que HRW dice ver en el acuerdo. Si no lo hace, alertó, “vamos directamente frente a una colisión ante órganos internacionales de protección de derechos humanos”.