Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

El chavismo nombra a 13 jueces fieles para el Supremo

El oficialismo maniobra antes de que la oposición tome posesión en el Parlamento

Ciudadanos de Caracas caminan este miércoles frente a un cartel que retrata a Chávez y Maduro cerca de la Asamblea Nacional. REUTERS

El nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela fue este miércoles una mera formalidad para el Gobierno. Horas antes de que el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del régimen, Diosdado Cabello, tomara juramento a los 13 togados principales y 21 suplentes, todos afectos al chavismo, invitó a la prensa a la sede de la máxima instancia judicial para cubrir la recepción ofrecida a los nuevos miembros.

El chavismo es escrupuloso con los procedimientos. Esperó cuatro sesiones, las que establece la Constitución, para lograr el nombramiento por mayoría simple de los magistrados. Todos fueron escogidos de una lista de 379 nombres por un Comité de Postulaciones muy criticado por la oposición debido a su parcialidad.

El chavismo es escrupuloso con los procedimientos. Esperó cuatro sesiones, las que establece la Constitución, para lograr el nombramiento 

Las sesiones previas a la definitiva estuvieron marcadas por fuertes cruces entre los parlamentarios. Los insultos hacían pensar en un desenlace violento como en ocasiones anteriores. A la oposición le tocará esperar hasta el 5 de enero, cuando asuma el control del Parlamento —en las elecciones del día 6 logró tres quintos de los diputados—, para ver si decide actuar contra la selección de los nuevos cargos.

El Parlamento saliente tenía previsto cumplir así con la estrategia chavista de reconoce su derrota en las elecciones parlamentarias pero sin aceptar las consecuencias políticas de su derrota. Aprovechando su control sobre los poderes públicos, el Gobierno promueve en la Fiscalía investigaciones por la compra de votos en el Estado de Amazonas (sur de Venezuela) por parte de la oposición y ha intentado un contencioso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo para impedir el nombramiento de 22 opositores recién electos para la Asamblea.

El recurso judicial, firmado por el abogado Leobaldo Salazar, no fue entregado a los abogados que representan a la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición ganadora, que sí obtuvo el número del expediente y conoció parte de su contenido. La posibilidad de que se instalara un Parlamento incompleto de inmediato se expandió a través de las redes sociales, que se convirtieron en un abrevadero de rumores que dan cuenta de la tensión. Fuera del país también hubo reacciones al intento por evitar que el nuevo Parlamento asumiera sus funciones. Treinta y seis ex jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) —entre los que se encuentran los exmandatarios José María Aznar, Laura Chinchilla (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia) y Ricardo Lagos (Chile)— publicaron un comunicado donde llamaban la atención de los Gobiernos miembros del sistema interamericano “a propósito de las graves alteraciones constitucionales que están teniendo lugar en Venezuela y que amenazan con desconocer la voluntad popular”. “La acción judicial ordinaria de nulidad electoral tiene los visos de un golpe judicial”, agregaron. En respuesta a la denuncia de la MUD, un despacho de prensa del Tribunal Supremo indicó que la Sala Electoral no había recibido ninguna impugnación de los resultados electorales.

Desmentido contestado

El desmentido reafirmó las sospechas de la oposición sobre la existencia del contencioso. “Nos parece genial que lo nieguen. Es una situación de extrema opacidad. Nos remitimos a los hechos: nuestro abogado vio el documento y teníamos el número del expediente. Lo ocurrido quiere decir que el Gobierno ha dado marcha atrás. Si admitían ese documento perderían el único argumento que les queda: reconocer los resultados”, dijo Torrealba a EL PAÍS. El Parlamento saliente está habilitado para legislar hasta la medianoche del 4 de enero. El Gobierno espera apoyarse en sus fallos para impedir que la oposición legisle contra sus intereses. El conflicto de poderes empieza.

Más información