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La deportación de familias centroamericanas entra en campaña

Los candidatos presidenciales se posicionan ante los planes del Gobierno de Obama

Inmigrantes indocumentados detenidos por la policía fronteriza en Texas REUTERS

A Donald Trump le faltó tiempo para acudir a una de sus vías de comunicación favoritas, Twitter, y celebrar como mérito propio la filtración de que el Gobierno estadounidense va a empezar a deportar a familias centroamericanas llegadas ilegalmente. “Todo el mundo ve que los demócratas y el presidente Obama están empezando ahora, gracias a mí, a deportar a gente que está aquí de forma ilegal”, se felicitó el candidato presidencial republicano.

Los tuits de Trump se entremezclaron con mensajes navideños del millonario empresario reconvertido en político que lanzó su campaña calificando de criminales y narcotraficantes a los inmigrantes que cruzan la frontera con México.

La noticia de las deportaciones, filtrada por The Washington Post en vísperas de las celebraciones de Navidad, se le atragantó sin embargo a otros políticos, igual que a los activistas que siguen presionando por una reforma migratoria y que han denunciado el duro tono antiinmigrante adoptado en el campo presidencial republicano.

“Los planes vacacionales del Departamento de Seguridad Nacional de detener y deportar a refugiados centroamericanos que huyen de la muerte están mal. Somos un país mejor que esto”, tuiteó el candidato demócrata Martin O’Malley. El exgobernador de Maryland, último en las encuestas demócratas, no está solo en su rechazo a los planes del Gobierno de Obama, que según las filtraciones planea empezar 2016 buscando a inmigrantes indocumentados centroamericanos -incluidas familias con menores- llegados en la oleada migratoria que estalló el año pasado. También sus rivales en el bando demócrata, Bernie Sanders y la favorita, Hillary Clinton, han manifestado su preocupación o distanciamiento frente a esta estrategia.

En un comunicado, Sanders se declaró muy “perturbado” por la noticia de las deportaciones de familias “que huyeron para escapar de la violencia en Centroamérica”. “Nuestra nación siempre fue un faro de esperanza, un refugio para los oprimidos. No podemos darle la espalda a ese elemento esencial de lo que somos como nación, tenemos que dar pasos para proteger a niños y familias que buscan refugio aquí, no expulsarlos”, reclamó.

Clinton mientras tanto mantuvo una posición más reservada. La candidata demócrata “tiene grandes inquietudes ante estas informaciones (…) Clinton cree que resulta clave que todos tengan acceso a una audiencia completa y justa y que nuestro país proporcione refugio a quienes lo necesita”, dijo su portavoz, Xochitl Hinojosa, a medios estadounidenses. El cauto posicionamiento de Clinton se produce pocos días después de indignar a la comunidad internauta hispana con un artículo de su campaña en que se la comparaba con las abuelas hispanas. Entre los numerosos mensajes de rechazo bajo el hashtag #notmyabuela (no mi abuela) había muchos que recordaban que Clinton, durante su época de senadora, apoyó la construcción del muro fronterizo con México, aunque ahora corteje el voto hispano defendiendo una reforma migratoria integral, demanda clave de este importante sector del electorado.

La noticia de la inminencia de las operaciones para buscar y expulsar a algo más de cien familias centroamericanas que están bajo orden judicial de deportación se conoce pocos días después de que el Congreso estadounidense diera el visto bueno, dentro del presupuesto para el año que viene, a una partida de 750 millones de dólares destinada a combatir las causas de la emigración -pobreza, violencia y falta de oportunidades- en los tres países centroamericanos que son el principal origen de los migrantes indocumentados: El Salvador, Honduras y Guatemala. El monto está por debajo de los mil millones de dólares que pedían los gobiernos centroamericanos para su iniciativa Alianza para la Prosperidad en el triángulo norte, pero es muy superior a las partidas iniciales que pretendían aprobar los legisladores. Pese a las intensas campañas para frenar la llegada de menores solos y familias centroamericanas hasta la frontera estadounidense, en las últimas semanas el Departamento de Seguridad Nacional reconoció una nueva oleada de menores indocumentados llegados solos. Todo ello, cuando el Gobierno federal está presionado por una orden judicial que le obliga a poner en libertad a los menores indocumentados recluidos por más de 20 días.

“Castigar ahora a las familias (centroamericanas) por la falta de un programa de refugiados eficiente que cubra las necesidades de Centroamérica sería una tragedia moral”, dijo el director ejecutivo de la organización National Immigration Forum, Ali Noorani, tras la filtración de la noticia del Post.