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Netanyahu impulsa una ley para controlar a las ONG pacifistas

La UE alerta contra una legislación “con reminiscencias de regímenes totalitarios”

Juan Carlos Sanz
Benjamín Netanyahu, durante una reunión del Gobierno israelí.
Benjamín Netanyahu, durante una reunión del Gobierno israelí.REUTERS

Benjamín Netanyahu ha cedido a las presiones de los sectores más extremistas de su coalición gubernamental en Israel con una ley que restringe la actuación de las ONG israelíes que cuestionan la ocupación de territorios palestinos. El Gabinete en pleno aprobó este domingo el proyecto de la llamada “ley de transparencia”, que obligará a las ONG que reciben más de la mitad de sus fondos de Gobiernos extranjeros a declararlo expresamente. La iniciativa ha partido de la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, del partido nacionalista religioso Hogar Judío, que representa a gran parte de los colonos que viven en los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.

La Unión Europea, la principal fuente de financiación de las organizaciones pacifistas israelíes, ha advertido de que “Israel debe tener mucho cuidado con leyes que tienen reminiscencias de regímenes totalitarios”. Una vez en vigor tras su previsible aprobación en la Knesset (Parlamento), la nueva legislación sobre las ONG que reciben ayudas de otros Gobiernos amenaza con situar a Israel en la lista de países que, como la Rusia del presidente Vladímir Putin o el Egipto del mariscal Abdelfatá al Sisi, restringen la actuación de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La “ley de transparencia” impondrá a las ONG afectadas que hagan constar en sus publicaciones y en sus comunicaciones con altos cargos y funcionarios que han recibido más de la mitad de sus fondos de Gobiernos o instituciones extranjeras. La oposición israelí ha criticado abiertamente el proyecto porque considera que discrimina a las ONG de izquierdas y pacifistas —financiadas en gran parte por la UE y Gobiernos como los de Suecia, Dinamarca, Noruega o Bélgica– frente a las ONG de extrema derecha vinculadas al movimiento de los colonos, que también obtienen fondos del exterior, aunque procedentes de asociaciones privadas de Estados Unidos, por lo que no les afectaría la nueva norma.

En Israel existen unas 15.000 ONG, de las que unas 70 centran su actividad en el conflicto palestino –como Breaking the Silence (exsoldados que investigan violaciones del código de conducta del Ejército), B´Tselem (que documenta abusos contra los derechos humanos) o Peace Now (que defiende un acuerdo de paz basado en la solución de los dos Estados)– y aspiran a actuar como conciencia crítica de la sociedad israelí. La nueva norma impondrá a los miembros de estos grupos que porten un distintivo o etiqueta con indicación del nombre de su organización —similar al que ya están obligados a llevar los representantes de los grupos de presión reconocidos— durante su comparecencia en sesiones de la Knesset.

La ministra Shaked, una figura emergente de la extrema derecha israelí, aseguró tras la reunión del Consejo de Ministros que “el público tiene derecho a saber que hay Gobiernos extranjeros involucrados en los asuntos internos del país” al financiar a algunas ONG que “erosionan la legitimidad de Israel y su derecho a existir como Estado judío y democrático”.

La oposición de izquierdas considera que la nueva norma impulsará una caza de brujas. “Más que buscar transparencia, esta ley intenta etiquetar a seres humanos, lo que es increíblemente peligroso”, advirtió la líder del partido izquierdista y pacifista Meretz, en alusión a la obligación de portar distintivos diferenciados en la Knesset. “Es un paso preocupante dentro de la estrategia de la derecha para deslegitimar a estar organizaciones y reducirlas al silencio”, afirmó en su editorial el diario progresista Haaretz, que considera que la “la libertad de expresión ha recibido un duro golpe” en Israel.

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Sobre la firma

Juan Carlos Sanz
Es el corresponsal para el Magreb. Antes lo fue en Jerusalén durante siete años y, previamente, ejerció como jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Autónoma de Madrid.

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