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El chavismo boicotea el arranque del Parlamento de mayoría opositora

El oficialismo ha dado pasos acelerados para impedir la constitución del Legislativo el 5 de enero tras su aplastante derrota

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas. AP

Desde su aplastante derrota en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, donde obtuvo solo 55 escaños frente a 112 de la oposición, el chavismo intenta con distintas artimañas reducir la mayoría absoluta de dos tercios que sus adversarios detentarán en la próxima Asamblea Nacional, cuya apertura se prevé para el 5 de enero. En una verdadera carrera contrarreloj, valiéndose de su manejo de los poderes del Estado, el chavismo ha dado pasos acelerados para impedir la constitución del Legislativo en esa fecha, o por lo menos obstaculizar su arranque.

El lunes siguió avanzando en esa dirección, cuando el partido de Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) seis recursos para impugnar, en otras tantas circunscripciones, los resultados de las elecciones parlamentarias. De prosperar, podrían causar la repetición de los comicios en esas localidades, donde se eligieron ocho diputados de la oposición.

Los derrotados candidatos chavistas consignaron recursos “contenciosos electorales” y solicitudes de medidas cautelares por los resultados de las votaciones en tres circunscripciones del Estado de Aragua, uno del Estado de Yaracuy, uno del Estado de Amazonas, y una jurisdicción especial de pueblos indígenas. Ayer, el TSJ anunció que una excandidata chavista, Nicia Maldonado, exministra de Pueblos Indígenas, presentó un séptimo recurso para anular por completo las elecciones en Amazonas, elevando a nueve los diputados cuestionados, 10 si se cuenta que que hay uno del propio PSUV. De tener efecto, el TSJ podría impedir la designación de los diputados electos y ordenar la repetición de los comicios.

La mayoría absoluta de 112 diputados faculta a la oposición para promover sin resistencias desde el Parlamento votos de censura a los ministros del Gabinete, reformas a la Constitución o convocatorias a referendos. El escenario ha sido asumido por el Gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza mortal, y por eso maniobra para abortarlo. Las impugnaciones buscan reducir al menos un escaño de la bancada opositora y anular, así, la mayoría calificada con la que va a contar o, al menos, precipitar un conflicto de poderes entre el TSJ, controlado por el Gobierno, y la nueva legislatura, que postergue la instalación de la Asamblea Nacional.

La mayoría absoluta de 112 diputados faculta a la oposición para promover reformas a la Constitución o convocatorias a referendo

Se da como un hecho que el Tribunal Supremo dará curso a las impugnaciones oficialistas. La actual Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, forzó en su última sesión extraordinaria del 23 de diciembre la designación urgente de 13 magistrados titulares y 21 suplentes del TSJ, todos leales al Gobierno. En la propia Sala Electoral, que considerará el tema de las impugnaciones, ahora figura como uno de sus titulares el magistrado Christian Zerpa, que una semana atrás era diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV.

Las impugnaciones forman parte de la panoplia de recursos a los que el oficialismo ha echado mano para frustrar la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Entre ellos, el nombramiento la semana pasada de un inédito Parlamento Comunal constituido por seguidores del chavismo y que sesionará desde el 4 de enero en el Cuartel de la Montaña de Caracas —donde reposan los restos de Hugo Chávez—, o la convocatoria por los medios del Estado a que los llamados “colectivos” —los grupos de choque de la Revolución— tomen el centro de la capital venezolana el 5 de enero.

Las impugnaciones sirven para frustrar la instalación y funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional

Entretanto, los diputados electos de oposición que pueden resultar afectados por la medida que adopte el TSJ consignaron ayer una recusación contra los 5 magistrados de la Sala Electoral por sus vínculos con el PSUV.

La semana anterior la MUD se había atribuido el bloqueo de un intento similar por parte del Gobierno de impugnar, según se dijo entonces, hasta 22 de las diputaciones obtenidas por la oposición. Torrealba alertó el 23 de diciembre que la Sala Electoral del TSJ se había reincorporado desde sus vacaciones navideñas solo para considerar las objeciones consignadas por el Gobierno. Las reacciones internacionales habrían abortado entonces el amago. Una semana más tarde cristalizan las amenazas.

Denuncia por carta a órganos internacionales

El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, remitió ayer una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller uruguayo Luis Almagro, para denunciar lo que calificó como "un golpe de Estado judicial". En opinión de Torrealba, la maniobra gubernamental pone en riesgo la paz del país, "desafiando la voluntad del pueblo expresada en las urnas, y utilizando un poder judicial colonizado".

Torrealba también mandó el comunicado al presidente de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper; al presidente protempore del Mercosur, el paraguayo Horacio Cartés; al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon; y a Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la UE.

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