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La aparición de refugiados entre los sospechosos agrava la crisis de Colonia

El jefe local de la policía cae como primera víctima política de los ataques a mujeres

El escándalo de las agresiones a mujeres en Colonia y otras ciudades alemanas crece hasta convertirse en un problema de primera magnitud para el Gobierno de Angela Merkel. La presión aumenta después de que el Ministerio del Interior confirmara que entre los 32 investigados hay 22 refugiados, posibilidad que la policía y el Ayuntamiento habían ocultado. La crisis se cobró el viernes su primera víctima política con la destitución del jefe policial de Colonia. Mientras, el Gobierno endurece su tono y se prepara para agilizar la deportación de los asilados que violen la ley.

Los sucesos de Nochevieja en cifras

  • En Colonia se acumulan ya 170 denuncias por los sucesos de la pasada Nochevieja y otro centenar más en Hamburgo. Dos tercios de las denuncias se refieren a agresiones sexuales.

    La policía investiga a 32 personas supuestamente relacionadas con los ataques, principalmente por robo y lesiones. 22 de los investigados son refugiados.

    En torno a un millar de hombres, la mayoría con rasgos "árabes y del norte de África", según la policía, se concentraron frente a la estación. Grupos pequeños cometieron las agresiones.

Todo parecía tranquilo el viernes en el lugar donde ocurrieron las agresiones que han desembocado en una crisis nacional. Tan solo dos elementos sugerían que algo excepcional había ocurrido en la plaza frente a la estación de Colonia, al lado de su famosísima catedral gótica. El aumento de la seguridad era evidente, con ocho furgonetas de la policía. Y el partido populista de derechas Alternativa para Alemania habían instalado allí un puesto para convencer a los ciudadanos de Colonia de que han sido engañados y de que las agresiones de la Nochevieja confirman sus tesis antiinmigración. El movimiento islamófobo Pegida también ha convocado para el sábado una manifestación en el mismo lugar.

No muy lejos de allí, Wolfgang Albers, el jefe de la policía local, recibía la noticia a la que se había opuesto con todas sus fuerzas. El Gobierno de Renania del Norte-Westfalia, el Estado donde está Colonia, se deshacía de él enviándolo a la jubilación forzosa. Albers llevaba en la cuerda floja varios días —el ministro del Interior federal le había acusado de no haber hecho su trabajo—, pero en las últimas horas su continuidad en el cargo se había hecho insostenible.

El responsable policial dijo a principios de semana carecer de pruebas de que entre los agresores hubiera refugiados. Su credibilidad quedó muy tocada después de que varios medios informaran de que, antes de los altercados, la policía había identificado a un número considerable de sirios con papeles de asilo. El golpe final se lo dio el Gobierno central, cuando hizo pública la cifra de refugiados entre los sospechosos. Las autoridades encontraron teléfonos móviles robados en la Nochevieja en refugios para solicitantes de asilo y en sus alrededores. La mayor parte de los 32 investigados procede de Argelia (nueve) y de Marruecos (ocho).

Facilitar las expulsiones

Pero la crisis va mucho más allá de un jefe de policía local. A medida que se conocen nuevos detalles de unos sucesos que ya acumulan 170 denuncias en Colonia y un centenar en Hamburgo, crece la indignación. Y al mismo tiempo, el Gobierno endurece su discurso. Merkel, la canciller que se había propuesto mostrar a los recién llegados “una cara amable” de Alemania, considera que lo ocurrido no es un “hecho aislado”. Al contrario. La líder alemana dice tener dudas sobre si se trata de una muestra de “desprecio a la mujer generalizado en algunos grupos”.

La Unión Cristianodemócrata que preside Merkel presentará el sábado un documento que propone retirar automáticamente el estatus de refugiado a aquellos que sean condenados en firme. Los democristianos quieren, además, incrementar la videovigilancia en espacios públicos.

La legislación alemana estipula que para expulsar a un solicitante de asilo, este debe haber sido condenado a una pena de al menos tres años, con el condicionante adicional de que su vida no corra peligro si regresa a su país. Merkel considera ahora que estas condiciones son demasiado ventajosas. “Tenemos que preguntarnos si no habría que perder más pronto el derecho a ser acogido entre nosotros. Y debo decir que yo creo que sí”, dijo el viernes la canciller en un acto de su partido. “Hay que hacerlo por nosotros y por los numerosos refugiados que no tienen nada ver que con los sucesos de Colonia”, añadió.

El vicecanciller y líder de los socialdemócratas, Sigmar Gabriel, ha elevado también el tono y propone estudiar todas las alternativas legales para enviar a su país a los refugiados que violen la legalidad. “¿Por qué deberían pagar los contribuyentes alemanes para mantener en la cárcel a criminales extranjeros? La amenaza de ir a prisión en sus países es un disuasorio mucho más potente que hacerlo en Alemania”, afirmó el número dos del Gobierno al tabloide Bild.

Los sucesos de la Nochevieja son especialmente peligrosos para Merkel, que ha comprometido su prestigio ante los ciudadanos con una frase talismán: “Vamos a lograrlo”. Así resume la capacidad de Alemania de acoger a los refugiados. La canciller sigue oponiéndose al establecimiento de un cupo fijo de personas anuales, como le reclama Horst Seehofer, su rival interno en la familia democristiana. El líder bávaro propone 200.000. El año pasado llegó más de un millón.

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