La deportación de centroamericanos solivianta a las bases de Obama

Congresistas y activistas exigen un TPS para las madres y niños refugiados en EE UU

La decisión del Gobierno de Barack Obama de comenzar a deportar a madres e hijos centroamericanos llegados durante la oleada que causó una crisis en la frontera sur de Estados Unidos en 2014 ha puesto en pie de guerra a las bases de apoyo tradicional del presidente demócrata. Activistas, pero también un número creciente de congresistas, exigen que el presidente ordene de inmediato un alto a las deportaciones y conceda un permiso temporal a estas personas que, afirman, son refugiados, no simplemente inmigrantes. Los críticos a la nueva política de Obama acusan al presidente de “prejuicios hemisféricos” cuando se trata de proteger a refugiados y reclaman además que se busque una solución de toda la región a este problema.

Lo peor es el miedo. El miedo a que cualquier día, en cualquier momento, la “migra”, como se conoce a los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llame a la puerta para llevárselos detenidos y acaben en esos países de Centroamérica -Guatemala, Honduras y El Salvador- de los que salieron con lo puesto huyendo de la pobreza y, sobre todo, de la violencia.

Sandra no da su apellido. Ni siquiera quiere revelar de qué país centroamericano viene. Llegó a Estados Unidos a finales de 2013 con su hijo, de ahora cuatro años, “en brazos”. Ahora pende sobre ella una orden definitiva de deportación. Desde que en vísperas de la Nochebuena se revelara que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaba preparando redadas en todo el país para detener y deportar a personas como ella, no ha pegado ojo.

“Vivimos con mucho miedo, tenemos miedo de que tal vez él andando en la escuela o yo trabajando, nos agarren”, cuenta tras participar en una protesta por las deportaciones ante a la Casa Blanca este viernes.

Sandra lleva dos semanas sin acudir a su puesto de trabajo. Asegura que en su comunidad, en el Estado de Maryland, el miedo es compartido. “Ahorita la gente está encerrada, no quieren salir, tienen miedo y tienen mucha razón. Es muy difícil, no somos delincuentes, simplemente estamos acá para salir adelante y luchar por nuestras familias, huyendo de la delincuencia”, lamenta.

Todavía no hay cifras completas, pero desde las organizaciones de apoyo a los inmigrantes, como CASA de Maryland o el Fair Immigration Reform Movement (FIRM) se confirma que reciben cada día decenas de llamadas de familias preocupadas que dudan si enviar a sus hijos al colegio o de ir a trabajar por miedo a ser detectados, detenidos y deportados.

Las deportaciones ya han comenzado

Eso es lo que les pasó a más de 121 personas, muchas de ellas mujeres y niños, durante el primer fin de semana de redadas ordenadas por el DHS sobre todo en Georgia, Texas y Carolina del Norte. Según precisó el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, esta semana, se trata de personas que fueron interceptadas en la frontera después del 1 de mayo de 2014 y que están bajo una orden de deportación pendiente después de haber “agotado todas las vías legales adecuadas” sin que se les considerara aptos para que les fuera concedido el asilo.

Pero aunque la cifra es proporcionalmente menor, la indignación ha ido en aumento en los últimos días y amenaza con convertirse en un problema mayor de cara al último discurso sobre el Estado de la Unión que Obama pronunciará en el Congreso el martes.

Protección especial para los que huyen de la violencia

Un grupo de congresistas demócratas está preparando una carta a Obama reclamándole que detenga de inmediato las deportaciones y que afronte este asunto como una “crisis de refugiados”, que es lo que son, sostiene el congresista por Illinois Luis Gutiérrez, uno de los artífices de la iniciativa. Los legisladores han reclutado para su causa tanto a la líder de la minoría demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, como a su par en el Senado, Harry Reid, quien la víspera criticó duramente las redadas y aseguró que hay una “gran preocupación” por este asunto y que se ha pedido al DHS que “se abstenga de continuar hasta que se encuentre una forma mejor” de actuar.

Los legisladores, al igual que los activistas, consideran que Obama podría hacer uso de su autoridad ejecutiva, tal como hizo esta misma semana para proponer medidas de mayor control a las armas, y garantizar un TPS para estas personas.

“Se puede, de forma unilateral, garantizarles un estatus de protección temporal (TPS), no hay ninguna diferencia entre esto y un huracán o una epidemia violenta. La muerte es algo seguro en las manos de esos carteles de drogas en esos países que controlan la sociedad civil”, aseveró Gutiérrez. El congresista recordó que el hecho de que Obama solicitara -y haya recibido- en el presupuesto más de 700 millones de dólares para ayudar a esos países supone un reconocimiento implícito de los graves problemas que los aquejan.

¿Trato desigual?

El legislador reclamó además que se trate este problema como un “asunto hemisférico” que involucre a todos los países del continente, de igual forma que en Europa se está actuando de forma conjunta en el caso de los refugiados sirios.

Para Kamal Essaheb, del National Inmigration Law Center, se ha producido un “prejuicio hemisférico” que hace que el Gobierno trate de forma diferente a los refugiados latinoamericanos que huyen de la violencia que los que proceden de otras partes del mundo. Sandra está convencida de que, de ser deportada, le espera un futuro fatal. “Enviarnos de regreso es enviarnos a una muerte certera”, advierte.