La crisis institucional se asoma en Venezuela

El choque entre el Poder Ejecutivo y Legislativo mantiene en vilo a los venezolanos

Se veía venir y llegó quizás más rápido de lo esperado. La colisión entre el Poder Ejecutivo y el renovado Parlamento venezolano, ahora en manos de la oposición, ha desviado de momento la atención de la profunda crisis económica que sufre la nación sudamericana desde hace tres años. La crisis institucional es inminente.

Del boxeo de sombras previo a la constitución de la Asamblea Nacional los contrincantes han pasado a intercambiar fuertes golpes en los primeros asaltos de este 2016. La sesión de instalación se vio entorpecida por el fuerte reclamo chavista en la falta a los procedimientos establecidos en el reglamento de debates para convocar a las sesiones de la cámara. Luego se hizo viral un vídeo que mostraba al presidente del hemiciclo, Henry Ramos Allup, coordinando en persona el retiro de toda la iconografía chavista del Palacio Federal Legislativo.

El gobierno ha visto en el gesto un agravio a la memoria de sus inspiradores -Hugo Chávez y el Libertador Simón Bolívar- y ha querido usarlo como pretexto para intentar nuclear a sus diezmadas huestes en torno al culto a la personalidad de sus prohombres. Son muestras de que la oposición está dispuesta a hacer valer el cambio votado el 6 de diciembre. Ya lo había anticipado el expresidente del Parlamento y número dos de la cúpula chavista Diosdado Cabello: “Viene un conflicto de poderes”.

Guerra sin cuartel

El bloque parlamentario chavista acudió al Supremo para que desautorice cualquier decisión tomada por la directiva, que el miércoles juramentó a tres diputados impugnados, por desacatar una sentencia judicial. De momento han logrado que las decisiones tomadas el Día de Reyes no aparezcan en la Gaceta Oficial.

La oposición ha negado el desacato con un razonamiento inspirado en la Constitución venezolana, que tiene una naturaleza tan gaseosa que justifica posturas contrarias. “Apenas son proclamados los diputados cuentan con inmunidad. La decisión del Supremo no se puede acatar porque entonces estaríamos desconociendo la Carta Magna”, razonó el primer vicepresidente del Parlamento Enrique Márquez.

El presidente Nicolás Maduro encabezó el jueves un acto de desagravio al líder bolivariano en el mausoleo donde reposan sus restos. “Es el mayor ultraje de los últimos 200 años contra la memoria del Libertador”, aseguró el gobernante. Fue una parada militar que intentó demostrar a la oposición la supuesta ascendencia del chavismo en la mayoría de la oficialidad. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodriguez, anuncio que llenarán las calles y avenidas de su jurisdicción, localizada en el centro oeste de Caracas, de las imágenes expulsadas del Parlamento. Los cuadros están en exhibición permanente en la plaza Bolívar de Caracas, donde se concentra la militancia chavista más radical.

Pero quizás el gesto más comentado ha sido el mensaje enviado en respaldo a lo que se considera un agravio a la memoria de Chávez y Bolívar por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a nombre de todos los componentes ha expresado “su profunda indignación por la forma irrespetuosa, cargada de soberbia y desprecio, en que se ha ordenado retirar las imágenes del Libertador Simón Bolívar, del Comandante Supremo De la Revolución Bolivariana Hugo Chávez y del Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana De Venezuela”. Además de lanzar las previsibles loas al Libertador, no se ahorran elogios para establecer el significado que para la cúpula castrense venezolana tiene Chávez. “Es un hijo insigne de esta nación que emprendió la colosal empresa de transformar los destinos del país, para rescatar a un pueblo oprimido por la oligarquía que promovía y auspiciaba el sistema de explotación capitalista”.

“Bolívar y Chávez personifican la patria, ellos se han arraigado en lo más profundo del inconsciente del alma nacional. Lastimar su memoria o intentar sacarla de allí, equivaldría a conmover al país en lo más hondo de sus cimientos, para lo cual tendrían que sacrificar hasta el último soldado”, reza el comunicado.

Ese conflicto promete nuevos episodios la semana que viene. El martes la bancada chavista llevará a la cámara una propuesta para decretar un estado de emergencia económico. La apuesta parece clara: compartir con la oposición la responsabilidad de la profunda crisis que agobia a Venezuela por la caída de los precios del petróleo y quitarle presión al argumento de que las calamidades son consecuencia de la insistencia en controlar la economía.

La pregunta es cómo puede reaccionar la Mesa de la Unidad Democrática ante una propuesta como esta. Una parte de ella está convencida de que hay que concentrarse en legislar para superar la crisis, con el argumento de que nada gana la oposición con promover un cambio si va a heredar el costo político de implementar ajustes. Pero otro sector, en donde se ubica Ramos Allup, está convencido de que hay que acordar qué figura constitucional utilizar para lograr la sustitución del gobierno. Para ellos no habrá cambio económico sin un cambio político.

La Constitución venezolana establece en su artículo 338 la figura de los estados de emergencia económica “cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación”. Podría durar 60 días y extenderse por igual lapso. En caso de que se apruebe podrán restringirse las garantías consagradas salvo aquellas que consagren el derecho a la vida, al debido proceso y a la información.