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España vive un juicio histórico a la hermana del Rey

La fiscalía trata de exculpar a Cristina de Borbón de los dos delitos fiscales que atribuye a su marido por el caso Nóos

España vivió el lunes el inicio de uno de los juicios más esperados de su historia reciente. Por primera vez, un miembro de la Familia Real, la infanta Cristina de Borbón, hija del rey emérito, Juan Carlos, y hermana del actual Monarca, Felipe VI, se sentaba en el banquillo de los acusados.

Doña Cristina, sexta en la línea de sucesión al Trono de España, está procesada como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a su esposo, Iñaki Urdangarin, ex balonmanista olímpico. La pareja, en el pasado considerada de ensueño por su modernidad y frescura –ella, hija de reyes, pero trabajadora en una entidad financiera; él, deportista de alto nivel; con cuatro hijos con los que vivían en Barcelona– es hoy sinónimo de oprobio.

La investigación judicial de los negocios de Urdangarin en el Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que la Fiscalía (Procuraduría) española considera que el yerno del Rey utilizó para desviar 4,5 millones de euros procedentes de distintas administraciones públicas, se inició en 2010 y provocó un notable daño a la imagen de la Corona, vértice del andamiaje constitucional español.

Este escándalo, sumado a otros errores de Juan Carlos I, como su cacería en Botsuana en los años más duros de la crisis económica, aceleró la decisión del anterior rey de abdicar la Corona en Felipe VI en junio de 2014.

El proceso judicial del caso Nóos se centra esencialmente en Iñaki Urdangarin y su antiguo socio Diego Torres. El fiscal pide para el cuñado del Rey 19 años y medio de prisión por montar un entramado de sociedades para obtener contratos de los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares por servicios de organización de eventos relacionados con el deporte que se realizaron a medias o bien no se realizaron en absoluto y por los que cobraron un total de 6,2 millones de euros. Parte de ese dinero, 4,5 millones, fueron supuestamente malversados.

De esa actividad ilegal se derivaron delitos contra la Hacienda Pública. Una de las empresas del entramado, Aizóon, administrada por Urdangarin, quien comparte el 50% de las acciones con Cristina de Borbón, fue utilizada para desviar fondos del Instituto Nóos y pagar gastos personales de la pareja, entre ellos los derivados del lujoso palacete que adquirieron en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes.

Sin embargo, la Fiscalía, que actúa con enorme dureza con Urdangarin, se está esforzando en sacar a su esposa del banquillo de los acusados. Únicamente el sindicato Manos Limpias, presidido por el expolítico ultraderechista Miguel Bernad, ejerce la acusación popular contra la infanta Cristina, para la que pide ocho años de cárcel como “cooperadora necesaria” en los dos delitos fiscales atribuidos a Urdangarin.

La Fiscalía, sin embargo, considera que Cristina de Borbón solo ejercía un papel “decorativo” en las sociedades de su marido y ha desplegado dos vías sucesivas para evitar su condena. La primera es sacarla del juicio oral mediante la aplicación de la llamada doctrina Botín. En 2007, el Tribunal Supremo español falló que para juzgar a alguien por delito contra la Hacienda Pública es necesario que la Fiscalía y la Abogacía del Estado –en representación de la Agencia Tributaria, la perjudicada directa- ejercieran la acusación. Es decir, que una acusación popular no está legitimada por sí sola para llevar a alguien a juicio por un delito fiscal.

La segunda vía, prevista por si las tres magistradas que conforman el tribunal deciden mantener a la Infanta en el banquillo, busca directamente despojar del carácter delictivo a la actuación de Cristina de Borbón. Para ello, el fiscal se apoya, entre otros argumentos, en un informe de la Agencia Tributaria que sostiene que los socios que no ejerzan funciones de gestión en las sociedades que cometen fraude fiscal no son responsables de la defraudación y no pueden ser sancionados administrativamente por la infracción tributaria. Por ello, entiende el fiscal, mucho menos se les puede considerar responsables penales.

En todo caso, la decisión de mantener a la infanta Cristina en el juicio del caso Nóos todavía está pendiente de resolverse. El tribunal decidirá si la hermana del Rey sigue procesada antes del 9 de febrero, cuando se reanudará la vista oral.