¿Rectificación o sustitución de un modelo?

Todo parecía indicar, la noche del 6 de diciembre de 2015, que en Venezuela habría un cambio de rumbo sin mayores traumas. El reconocimiento por Nicolás Maduro de los resultados de las elecciones legislativas esa noche, sin embargo, no se transformó en los días siguientes, como se esperaba, en la aceptación de la nueva Asamblea Nacional como un Poder autónomo e independiente del Estado cuya función es legislar y controlar la gestión del Gobierno.

Por el contrario, a partir de entonces se inicia una campaña para enfrentar a la nueva Asamblea Nacional. Las declaraciones y amenazas de los personeros del régimen y del partido oficialista, el PSUV, fortalecidas por decisiones judiciales, más bien políticas, adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia, muestran que el camino que se seguiría no era precisamente el de los acuerdos y consensos, sino el de la confrontación, lo que creó alarma inmediata en la comunidad internacional incluso de sus aliados más próximos, como el gobierno de Dilma Rousseff, de Brasil.

Con quizás demasiado optimismo, algunos llegaron incluso a sugerir una suerte de cohabitación como mecanismo político de diálogo y concertación para enfrentar la aguda crisis que sufre el país y evitar que se llegue a una situación de ingobernabilidad que podría llevar a una peligrosa anarquía.

Sin embargo, las reacciones del oficialismo se han traducido en el desconocimiento de la nueva legislatura, llegando incluso la no independiente y menos imparcial Sala Electoral del TSJ a impugnar la elección de tres diputados de la Unidad Democrática y a declarar insólitamente en rebeldía a la Asamblea Nacional, por lo que sus actos serían, según declaraciones de los mismos oficialistas, nulos e írritos.

Se ha afirmado que estas decisiones, adoptadas ilegítimamente y sin fundamento jurídico, constituyen una ruptura del orden constitucional, una suerte de golpe judicial o simple “fujimorazo” que debería activar la aplicación inmediata de la Carta Democrática Interamericana.

La confrontación se presenta insuperable. El gobierno no ofrece fórmulas intermedias entre las dos concepciones políticas enfrentadas, más bien se impone e insiste en el establecimiento de un Estado comunal inexistente en la Constitución de la República y en una política económica alejada de la realidad que busca “sustituir el modelo rentista imperante” por una “economía productiva socialista”, una propuesta rechazada por la mayoría de los venezolanos.

El diálogo como mecanismo válido para superar las crisis está siempre abierto para avanzar y encontrar acuerdos y consensos, pero ese diálogo sólo es posible cuando hay intereses comunes, cuando el objeto de los esfuerzos y los objetivos son los mismos. Ese no parece ser el caso hoy en Venezuela por cuanto, tal como lo han dicho los mismos dirigentes chavistas, la “revolución no se negocia”, es decir, que no hay espacios para rectificaciones y ajustes, sino para el enfrentamiento y la ingobernabilidad.

Esta situación abre el camino a la necesaria sustitución del modelo que se trata de imponer desde 1998, lo que lleva a considerar, como lo ha planteado la bancada democrática, ahora mayoría en la Asamblea, “el cese en el corto plazo -seis meses- según sus portavoces, de la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, por la vía constitucional, pacífica y democrática”.

Víctor Rodríguez Cedeño es ex Embajador de Venezuela y ex Miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas