Argentina admite un déficit del 7%, el más alto en 40 años
El Gobierno de Macri da las cifras oficiales de la herencia y empieza la negociación con los fondos buitre. “La basura no es nuestra pero la vamos a limpiar”, dice el ministro de Economía
El Gobierno de Mauricio Macri tiene como primera tarea, según insiste el presidente, desarmar los problemas que deja el kirchnerismo. La herencia recibida domina todos los discursos. La guerra con los fondos buitres es uno de los desafíos más complejos. Las negociaciones formales acaban de empezar en Nueva York después de dos años de bloqueo total. Pero antes, el Gobierno ha decidido dar oficialmente las cifras de esa herencia recibida, en especial el déficit público: un 7%, “el mayor de los últimos 40 años”, según el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, que ha comparecido para explicarlo con detalle.
El déficit primario en realidad es del 5,8%, pero el equipo económico de Macri le ha sumado los compromisos alcanzados en los últimos meses del Gobierno kirchnerista. Pero a la vez Macri está bajando impuestos, con un coste de unos 100.000 millones de pesos anuales (7.100 millones de dólares), por eso el ministro señala que solo se ponen el objetivo de bajar ese enorme déficit en un punto este primer año de Gobierno, el de 2016 y eliminarlo completamente en cuatro años. ¿Y cómo lo harán? Insisten en que no habrá recortes sociales, y la fórmula inicial será la de eliminar las subvenciones a la luz y el gas “del 30% más rico de la sociedad”. En Argentina hay subvenciones generalizadas a la energía, pero quitarlas implicará disparar la inflación y reducir el poder adquisitivo de una parte importante de la sociedad.
Una propuesta para los fondos buitre en dos semanas
La primera reunión entre los acreedores y el nuevo Gobierno argentino en Nueva York no fue mucho más allá de un contacto inicial en el que Buenos Aires se comprometió a presentar una propuesta de pago en el plazo de dos semanas.
La trifulca se remonta a 2014, cuando el juez Thomas Griesa dio la razón a un grupo de fondos (con NML Capital y Aurelius Capital al frente) que rechaza el acuerdo que Argentina había logrado con el 92% de los acreedores a raíz de la suspensión de pagos de 2001. Se les consideran fondos buitre porque la mayoría compraron los bonos a gran descuento cuando ya estaban dado por perdidos.
Las negociaciones entre el Ejecutivo de Cristina Fernández y estos acreedores se rompieron en verano de 2014 y ahora afrontan una nueva etapa. Tras la reunión, que tuvo lugar en el despacho del medidador judicial, Daniel Pollack, el secretario argentino de Finanzas, Luis Caputo, se mostró relativamente optimista. "Estamos satisfechos porque después de mucho tiempo nos hemos juntado y vamos a avanzar con una propuesta que esperamos que evalúen el mediador y los bonistas y que permita progresar", dijo.
En este tiempo, el problema de Argentina con los fondos buitre ha engordado. El octubre el tribunal de Nueva York consideró que eran más los bonos cubiertos por las garantías para cobrar de forma prioritaria frente al resto (es decir, no formaban parte de ese acuerdo mayoritario) , lo que añadía 6.100 millones de dólares a la deuda en litigio. Ahora, estos fondos acumulan unos 10.000 millones de dólares.
Prat-Gay reconoce que el gran problema de Argentina es la inflación, que incluso ha aumentado con la llegada de Macri y ronda ya el 30%. El Gobierno está presionando a todos los empresarios para que dejen de subir los precios, y asegura que está logrando algunos avances, aunque en el ambiente del macrismo hay un profundo malestar con el empresariado, que se ha lanzado rápidamente a enormes aumentos para garantizar su cuenta de resultados. Acercarse a cualquier supermercado de Buenos Aires implica encontrar precios más caros incluso que en Europa por productos de peor calidad, ya que nadie parece poder frenar esta escalada.
Es una especie de condena argentina y Macri promete reducirla poco a poco hasta llegar a un 5% en 2019, algo que ahora parece impensable. “El que fije un precio por encima de la pauta que nosotros fijamos de inflación queda descolocado, tiene menos clientes, vende menos y puede tener menos trabajadores”, lanzó Prat-Gay como mensaje a los empresarios y a los sindicatos, que ahora tendrán que negociar los aumentos salariales de este año.
El Gobierno se fija una inflación para 2016 entre 20% y 25%. Ese es un mensaje para que las negociaciones salariales tengan ese tope pero ya hay sindicatos que están hablando de subidas del 35% o del 40%, algo impensable en otros países pero habitual en este en los últimos años. Argentina lleva 8 años con una inflación por encima del 20%, un caso casi único en el mundo y en la región con la excepción de Venezuela. De momento el Gobierno de Macri atribuye todo a la herencia recibida, también algunos despidos que se están produciendo en empresas privadas, pero ese combustible se agotará rápido.
Prat-Gay también dio cuenta del arranque de las negociaciones con los fondos buitre. El ministro explicó, con gran crudeza, que este problema, que en principio parecía pequeño -2.943 millones de dólares sobre una deuda de casi 100.000 millones- que el Gobierno de los Kirchner logró renegociar, se ha convertido en un drama que bloquea toda la economía argentina porque nadie quiere prestar a este país. “Esto es parte de la herencia recibida. Argentina está en default desde 2001. Este problema hay que resolverlo. La basura no es nuestra pero no tenemos ningún problema en limpiarla. No arreglarlo ha sido extremadamente caro para argentina. De los 2.943 millones, al sumarse lo me too (yo también) hemos pasado a 9.882. Lavarse las manos nos ha costado 6.000 millones de dólares. Si agregamos los fondos europeos llegamos a 10.000 millones dólares. Lo vamos a resolver lo más rápido y lo más justo posible”.
El problema para Macri es que cualquier acuerdo tendrá que pasar por el Congreso y ahí no tiene la mayoría y sí mucha tensión con este asunto que convirtió en uno de los ejes de la política kirchnerista, que ha logrado desendeudar a Argentina pero sin pagar a los fondos buitre. Cualquier acuerdo será entendido por el kirchnerismo como una entrega a los fondos buitre, aunque Macri confía en que en estas semanas, hasta que lleguen las primeras sesiones parlamentarias en marzo, la oposición peronista se fracture, como ya está sucediendo, entre kirchneristas y peronistas más moderados con los que tal vez sí podría contar para aprobar un acuerdo que cree clave. De momento el kirchnerismo está en armas contra los despidos en la administración pública que está haciendo con goteo el Gobierno.
Prat Gay lanzó una frase polémica que inmediatamente fue multiplicada en las redes con críticas durísimas de los kirchneristas. El ministro justificó los despidos de estas semanas, dijo que el Gobierno no va a dejar en la administración "la grasa militante". "Vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis (el nombre que se da en Argentina a los empleados públicos que en realidad no trabajan pero cobran". Esa idea de la "grasa militante" irritó a miles de militantes kirchneristas que exigían en las redes a los militantes macristas que salieran a criticar al ministro y a defender la legitimidad de militar en un partido.
