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TRIBUNA

Un Estado que aprende

América Latina debe identificar las razones que hacen fracasar a las políticas públicas

En los últimos años, varios países de América Latina intentaron mejorar la calidad de sus sistemas educativos e implementaron políticas específicas que tenían, entre otros objetivos, disminuir la brecha tecnológica, especialmente a través de la incorporación de computadoras para sus alumnos. Esto vino acompañado de capacitaciones a los maestros y de actualizaciones de metodologías de estudio que buscaban mejorar el aprendizaje.

Lamentablemente, el resultado no siempre fue el esperado. A pesar de los esfuerzos -y de la aparente idoneidad de los programas-, en muchos casos los estudiantes no lograron mejorar su rendimiento académico, en parte porque los maestros no utilizaron los nuevos métodos de enseñanza en sus clases.

Esta realidad, extendida en la región, ilustra la falta de eficacia en algunas iniciativas implementadas por los Estados, pero también ofrece la siguiente lección: el conocimiento adquirido en estos procesos debe convertirse en una herramienta esencial en el momento de planificar e implementar la próxima política pública. 

Las fallas en el funcionamiento del sistema de compras resiente significativamente la capacidad del Estado para cumplir sus tareas.

A diario en todo el mundo se lanzan iniciativas con objetivos claros, con antecedentes exitosos en otros países y con dinero para llevarlas adelante, que no logran los impactos esperados. ¿Por qué fallan las políticas públicas?

La respuesta no es sencilla, pero en parte puede explicarse por la forma en que éstas se implementan. En muchos de los casos en que las políticas públicas no logran los resultados esperados asistimos a un escenario recurrente: las oficinas de Gobierno encargadas de diseñar o implementar esas intervenciones -ministerios, agencias especializadas, oficinas de control- no tienen las capacidades necesarias.

Esto va más allá del sistema político o de la mayor o menor intervención del Estado en la economía. Lo que importa son las capacidades estatales que se necesitan para que las políticas, cualesquiera sean, se diseñen e implementen con eficacia y eficiencia. Un Estado que sirve al desarrollo económico y social es aquel que cuenta con capacidades para diseñar políticas públicas, implementarlas eficaz y eficientemente, y generar aprendizajes a lo largo de estos procesos.

En el Reporte de Economía y Desarrollo 2015 (RED), elaborado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, se mencionan, entre los principales factores que afectan la capacidad del Estado, cuatro elementos: la calidad de su burocracia, su sistema de compras, la participación ciudadana, y los procesos de monitoreo y evaluación de políticas públicas.

La calidad de la burocracia, que depende del tipo de funcionarios públicos con los que cuenta el Estado. Es importante atraer a los mejores empleados (idóneos, honestos y motivados), a través de atractivos esquemas remunerativos y de desarrollo de carrera y, una vez reclutados, incentivarlos para que tengan un mejor desempeño. Contar con una plantilla capacitada y comprometida mejorará las posibilidades de éxito en la implementación de una iniciativa gubernamental.

Adicionalmente, el RED indica que hace falta un buen sistema de compras públicas que provea los suministros necesarios en cantidad y calidad suficientes y en el momento oportuno. Para que estos sean eficientes, tienen que contar con mecanismos de monitoreo que desalienten la corrupción y minimicen las oportunidades de mal uso o desperdicio de recursos por parte de los funcionarios públicos. Las fallas en el funcionamiento del sistema de compras resiente significativamente la capacidad del Estado para cumplir sus tareas.

La participación ciudadana también puede tener un papel importante para mejorar la gestión de los servicios públicos. A través de ella se alienta la rendición de cuentas por parte de los gobernantes y se genera información útil para los administradores públicos. En este sentido, es clave que exista una relación directa y frecuente entre los ciudadanos y la burocracia. 

Por último, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas es fundamental para entender el potencial de cambio de la iniciativa implementada. De esta manera se pueden detectar y corregir errores y capitalizar aprendizajes que sirvan para mejorar los resultados en las iniciativas subsiguientes.

Los países de América Latina han aprendido que cuando las capacidades de los Estados son débiles es difícil responder a las demandas de los ciudadanos, con los problemas políticos que esto representa. 

Pero cuando se conocen –y reconocen- los fallos en la implementación de las políticas públicas, el Estado aprende, y esto representa el mejor capital para garantizar el éxito de la próxima política pública.

Pablo Sanguinetti es director de análisis económico en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.