Honduras se compromete a plantarle cara a la corrupción y la impunidad

La MACCIH realizará tareas de “asesoramiento, supervisión y certificación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción”, según sus estatutos. Encabezada por el ex primer ministro y exministro también de Justicia de Perú, Juan Jiménez Mayor, deberá, por una parte, seleccionar, asesorar y “certificar” a un grupo de fiscales y jueces hondureños que “investigarán y ejercerán la acción penal contra casos que involucran redes de corrupción”.

Estos actores locales estarán acompañados de un grupo de jueces, fiscales y expertos internacionales “de renombre y alto reconocimiento internacional” que además de asesorar y supervisar los casos proporcionarán una evaluación a las entidades del sistema judicial hondureño. Además, junto con la sociedad civil, la MACCIH creará un Observatorio que evaluará todo el proceso. También respaldará las diferentes reformas judiciales emprendidas para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción y la impunidad, especialmente elaborando e implementando un nuevo marco jurídico para el financiamiento político y electoral, destacó la OEA.

Para Hernández, la constitución de esta misión constituye un “momento esencial en la historia del país, de Centroamérica y hasta del continente” porque se convierte en un “motor de esperanzas y expectativas” de lograr la “reconstrucción de un nuevo país más justo, más honesto y más confiable”.

No obstante, subrayó en un discurso en la OEA, la creación de la MACCIH “es apenas un comienzo” de un proceso que requerirá del firme compromiso de las instituciones más allá de los gobiernos que se sucedan en el poder. “Porque ni la justicia, ni la honestidad ni la confianza se decretan. No basta con proclamarlos, se construyen y son el resultado del ejercicio sostenible de la voluntad política”.

Un proceso largo

También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió en contra de esperar resultados inmediatos. “No será tarea fácil. En esto no hay gratificación instantánea”, subrayó. Pero el objetivo, “producir una reforma estructural en la administración de justicia en un país que le dice basta a la corrupción”, merece la pena, sostuvo.

Eric Olson, director del programa latinoamericano del laboratorio de ideas Centro Woodrow Wilson de Washington, considera sin embargo que no se debe esperar demasiado para empezar a mostrar resultados. “Almagro pidió una cuota de paciencia y es legítimo, pero esa paciencia se acaba en seis o nueve meses y hay que tener resultados”, advirtió. En ese sentido, consideró deseable que en los primeros seis meses “se abran casos y empiece el observatorio de la sociedad civil, para que se gane confianza entre el pueblo”.

El hecho de que a la firma del acuerdo asistieran, más allá de los máximos representantes de la OEA, también influyentes figuras del Gobierno de Barack Obama —desde altos representantes del Departamento de Estado como Thomas Shannon a asesores del vicepresidente Joe Biden— es una muestra de las altas expectativas que ha generado este acuerdo. El Gobierno de Obama acaba de comprometer 750 millones de dólares de su presupuesto para ayudas a Honduras, El Salvador y Guatemala, principales focos de la emigración ilegal a Estados Unidos. Pero uno de los requisitos para que el dinero fluya es que los países centroamericanos demuestren que están actuando para combatir, entre otros, la corrupción que lastra sus ejercicios.

La MACCIH, un posible modelo para la región

Según expertos independientes, la MACCIH podría servir de ejemplo para otros países necesitados, también, de un mecanismo que vele por sus instituciones y por una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad.

La creación de la MACCIH es importante porque constituye un “nuevo reconocimiento de que los sistemas nacionales de justicia en Centroamérica no funcionan para enfrentar la ola de violencia y macrocriminalidad que ahora se vive en la región”, destacó Katya Salazar, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Tras la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Grupo de Expertos Independientes Internacionales (GIEI) enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a estudiar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala, México, la MACCIH es el tercer “mecanismo heterodoxo de combate a la impunidad” que se crea, recordó. Según Salazar y Olson, esta experiencia podría servir también “desde México a Panamá” en todos aquellos países donde la “incapacidad de los sistemas nacionales de justicia podría ser complementada por órganos heterodoxos externos” apoyados por Naciones Unidas o la OEA.