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Un juez británico señala a Putin por la muerte del espía Litvinenko

Reino Unido congela los activos de los dos presuntos asesinos y llamará al embajador ruso para trasladarle su malestar por el caso

Litvinenko en el hospital en Londres en 2006. / FOTO: N. W. | VÍDEO: REUTERS

La investigación pública sobre la muerte por envenenamiento de Alexander Litvinenko, cuyos resultados se han presentado esta mañana en Londres, concluye que el exespía ruso fue asesinado “probablemente” obedeciendo órdenes directas del presidente Vladímir Putin. Las conclusiones de la investigación colocan al Gobierno de David Cameron ante un serio conflicto diplomático con Rusia: Litvinenko, fallecido en Londres en noviembre de 2006, había adquirido la nacionalidad británica poco antes de morir. Cameron se enfrenta a las presiones para responder con dureza al asesinato, patrocinado por un Estado extranjero, de un ciudadano británico en suelo británico.

"He llegado a la conclusión", ha dicho el juez que preside la investigación, Robert Owen, "de que la operación del SFS [Servicio Federal de Seguridad, antiguo KGB] para matar a Litvinenko fue probablemente aprobada por [Nikolai] Patrushev, entonces al frente del sercivicio, y también por el presidente Putin".

El informe, de 245 páginas, concluye que Litvinenko -quien antes de fallecer trabajaba, según su viuda, para los servicios de inteligencia británicos y españoles proporcionando información sobre las mafias rusas- fue asesinado por dos agentes rusos, Andrei Lugovoi y Dimitry Kovtum. Existe una “alta probabilidad” de que estos, según la información secreta aportada por la inteligencia británica durante el proceso, actuaran en nombre de los servicios secretos rusos.

La ministra británica del Interior, Theresa May, ha declarado en el Parlamento que las conclusiones del informe sobre la participación del Gobierno ruso en el asesinato son "profundamente inquietantes". Se trata, ha dicho, de "una inaceptable violación del derecho internacional". Y ha comunicado que se han congelado los activos de Lugovoi y Kovtum, y que mantiene su solicitud de extradición. Pero la ministra no ha anunciado medidas de mayor alcance, y ha recibido por ello duras críticas de los diputados de la oposición, que han lamentado que la búsqueda de justicia haya sido eclipsada por las actuales prioridades diplomáticas del Gobierno.

El Gobierno británico ha convocado al embajador ruso en Londres para trasladarle su malestar con el caso. La reunión, con el secretario de Estado David Lidington, se ha producido a primera hora de la tarde. El secretario de Estado le ha trasladado "la profunda preocupación por los hallazgos de la investigación independiente", explica un portavoz del Foreign Office. "Ha dejado claro que la conclusión de la investigación acerca de la probable participación del estado ruso es profundamente alarmante y demuestra la indiferencia hacia la legalidad británica, la ley internacional, los estándares de conducta y la seguridad de los ciudadanos británicos. Ha añadido que complicará aún más las relaciones bilaterales, minará la confianza, y perjudicará la reputación internacional de Rusia". Lidington ha dicho al embajador que considera "inaceptable" que Rusia no atienda a la petición de extradición de Lugovoi.

La conexión española de un exespía del KGB

MIGUEL GONZÁLEZ

Alexander Litvinenko, exagente del KGB, no solo colaboró con el MI6 británico, sino también con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, que pagó sus servicios a través de una cuenta conjunta con su esposa. Así lo aseguró Ben Emmerson, abogado de la viuda de Litvinenko, quien explicó que este colaboraba con el servicio español en una investigación sobre las mafias rusas y su relación con altas instancias del Kremlin.

Litvinenko y Lugovói, excorreligionario suyo en el KGB y uno de sus presuntos asesinos, planearon incluso viajar a España para entregar pruebas de los vínculos mafiosos de la nomenklatura rusa, según el letrado. El CNI nunca ha confirmado ni desmentido esta relación, alegando que la identidad de sus fuentes está clasificada como secreta.

En un encuentro con medios británicos recogido en las ediciones digitales de los mismos, la portavoz del primer ministro británico, David Cameron, ha señalado que el informe "lamentablemente confirma lo que el Gobierno ya temía". "Pero debemos calibrar cuidadosamente la necesidad de tomar medidas, con la necesidad de trabajar conjuntamente con Rusia en determinados asuntos" como la lucha contra el Estado Islámico.

Marina Litvinenko, viuda del exespía envenenado, ha recordado en un comunicado leído a la salida del tribunal que su marido, postrado en su lecho de muerte de un hospital londinense, señaló que solo Putin podía haber ordenado su muerte. La viuda ha exigido a Reino Unido que imponga “sanciones económicas a Rusia y restricciones de entrada en el país a individuos, incluido Putin”.

La reacción oficial de Rusia se ha producido a través de un comunicado en el Ministerio de Exteriores: "Lamentamos que este caso puramente penal se haya politizado y ensombrezca la atmósfera general de las relaciones bilaterales", dice el texto, que califica la investigación como "no transparente" y asegura que no había razón para esperar que no fuera tendenciosa.

Una fuente anónima rusa citada por la agencia oficial de noticias RIA ha declarado que “Moscú no aceptará el veredicto de una corte británica en el caso Litvinenko”. “Londres ha violado el principio de presunción de inocencia”, añade.

Lugovoi, uno de los dos presuntos asesinos que señala el informe, que hoy es diputado ruso, ha declarado a la agencia Interfax que los resultados hechos publicados hoy no hacen más que mostrar “una vez más la posición antirrusa de Londres”. “Los eventos en Ucrania de 2014, que coincidieron con la reanudación e la investigación en el caso Litivinenko, indican un patético intento de Londres de utilizar un ‘cadáver en el armario’ apara apoyar sus ambiciones políticas”, añade.

El juez Owen apunta a cuatro posibles motivaciones del asesinato de Litvinenko, como su trabajo para el espionaje británico, sus críticas a los servicios secretos rusos y a Vladímir Putin, y los vínculos de Litvinenko con disidentes rusos, informa la BBC. El juez considera, además, que hay una "indudable dimensión personal en el antagonismo" entre Putin y Litvinenko. Tales tensiones se explican porque el hoy presidente de Rusia era el jefe de los servicios secretos rusos, el antiguo KGB, en 1998, y chocaba con Litvinenko, que pretendía introducir reformas en la organización. Más tarde, cuando Litvinenko vivía en Londres, donde se exilio en el año 2000, fue un crítico feroz de Putin.

Una novela de la Guerra Fría

Reino Unido proporcionó asilo al exespía de la KGB Alexander Litvinenko, que llegó a Londres con su familia en el año 2000, tras una huida que “no desentonaría en las páginas de un thriller”, según el abogado de la acusación. Había cumplido casi un año de prisión en Rusia después de denunciar públicamente en 1998 la supuesta corrupción en el Servicio Federal de Seguridad ruso (SFS, sucesor del KGB). Desde Reino Unido continuó con su campaña contra Putin y trabajó para el servicio de inteligencia británico MI6. Según el abogado de la viuda, también trabajó para el CNI español, vigilando a las mafias rusas que operan en España.

Litvinenko falleció el 23 de noviembre de 2006, a los 43 años, en la cama de un hospital londinense, tras ingerir un dosis letal de polonio 210, una sustancia altamente radiactiva. El polonio se encontraba supuestamente mezclado en una taza de té, que Litvinenko habría bebido, tres semanas antes de morir, en el hotel Mienium del centro de Londres con dos antiguos colegas, Andrei Lugovoi y Dmitry Kovtun. Estos supuestamente viajaron por Reino Unido y Alemania con la dosis de veneno, en una rocambolesca trama que se ha podido reconstruir en buena parte siguiendo el rastro radiactivo del polonio. Rusia siempre ha negado su participación en la operación.

La viuda de LItvinenko, Marina, ha llevado a cabo una larga campaña para que haya una investigación y dijo a AFP en una entrevista el año pasado que eso era "lo último" que ella puede "hacer por él". "Mi lucha ha consistido en que se conozcan los hechos. Para mi lo importante es que al final haya una explicación oficial".

Quién investiga y para qué sirve este proceso

La investigación pública dirigida por el juez retirado Sir Robert Owen es un ejercicio indagatorio para reunir los hechos en torno al caso. No es por tanto un método para encontrar un culpable, como sería en un proceso criminal. En una investigación de estas características no hay partes, sentencia, ministerio público, defensa o juicio. Simplemente un esfuerzo por establecer los hechos.

Este tipo de procesos, dirigido por un juez de instrucción, con o sin jurado pretende en líneas generales obtener respuestas fiables a cuatro preguntas fundamentales: la identidad de la víctima, cómo murió y el lugar y momento de su fallecimiento.

Como indica la página web de esta investigación pública, las tres primeras cuestiones no son difíciles de responder. La cuarta, el cómo murió la víctima, es la que centra las pesquisas y el proceso.

El juez instructor de un proceso de esta naturaleza, en este caso Sir Robert Owen, es un magistrado independiente que tiene como objetivo investigar las causas de muertes violentas, no naturales o repentinas de las que se desconocen las circunstancias. Aunque la la mayor parte de participantes en estas investigaciones son abogados también pueden ser llamados a trabajar médicos por su vertiente forense.

Aquellos que tengan un interés personal, profesional, reputacional o económico en la muerte investigada podrán solicitar su participación en el proceso. Con permiso del juez instructor podrán interrogar a testigos y manifestar su visión de los hechos.

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