El Parlamento debate si respalda la petición de Maduro

Todo parece indicar que los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática no van a respaldar la propuesta y vendrá un nuevo choque con el Ejecutivo

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, deberá decidir este viernes si aprueba o no el Decreto de Emergencia Económica promulgado por el presidente Nicolás Maduro. Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática están frente a un dilema. No respaldar al régimen sería darle una excusa para acusarles de impedir dictar medidas extraordinarias para salir de la crisis. Apoyarlo significaría compartir el peso de una economía quebrada, con la mayor inflación del planeta.

Todo parece indicar que los asambleístas opositores, constituidos en una comisión especial encargada de estudiar el decreto, no van a respaldar la propuesta y que vendrá un nuevo choque con el Ejecutivo. Con esa información, la comisión, que se juramentó el martes, elaborará un informe, que se discutirá el viernes desde las diez de la mañana (las 3:30 de la tarde de España) y someterá sus conclusiones a la consideración de la plenaria a la una de la tarde.

La Asamblea Nacional se ha declarado en sesión permanente para dar una respuesta. La Constitución venezolana, que no faculta a la legislatura para modificar el decreto, sino para aprobarlo o rechazarlo, establece un plazo de ocho días que finaliza este viernes. Una omisión del Parlamento facultaría al Ejecutivo para dictar medidas extraordinarias en el ámbito económico por 60 días.

Maduro aspira un respaldo unánime y desde el Gobierno crece la presión para que así sea. El miércoles la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que controla el chavismo, avaló la constitucionalidad del decreto, que otorga al gobernante venezolano plenos poderes para legislar en el área económica durante los próximos dos meses. Pero de las entrevistas y opiniones de los integrantes de la instancia se deduce que sin cambios drásticos en el modelo económico no darán su aval. “Es más de lo mismo. Con estas medidas se va a profundizar la crisis”, advirtió ayer en un programa de radio el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

Dependencia del crudo

El decreto supone reforzar los actuales controles limitando las transacciones en efectivo o expropiando empresas que no cumplan con los topes de producción exigidos por el Gobierno. El régimen ha visto disminuidos sus ingresos como consecuencia de la abrupta caída del precio del barril de petróleo venezolano, en torno a los 22 dólares, y considera que el problema está en la disminución interesada de la oferta de bienes y servicios. Pero para los economistas contrarios al modelo de desarrollo chavista ese problema es la consecuencia de la imposibilidad de contar con nuevas fuentes de financiamiento. Con un aparato industrial inexistente o en la ruina, el Gobierno se niega a acudir a los préstamos de las multilaterales por considerarlo una traición a sus principios revolucionarios y a la cosmovisión económica desarrollada por su inspirador Hugo Chávez. El Banco Central de Venezuela admitió la semana pasada una inflación del 141,5% al cierre del tercer trimestre de 2015.

La oposición no considera que la crisis obedezca a la caída del valor del crudo, sino a la configuración del modelo chavista, que carga de obligaciones de todo tipo al Estado. El diputado José Guerra, presidente de la comisión que evalúa el decreto, ha señalado que la crisis “está exacerbada por el petróleo”. En 2013, tras el cuantioso gasto público efectuado en la última campaña electoral en la que participó Chávez, la economía local comenzó a decrecer.

El chavismo y la empresa privada

El chavismo ha preferido omitir el debate sobre la viabilidad de su modelo de desarrollo y ha intentado inscribir la actual crisis en una aleación de sus enemigos de la empresa privada. “Podríamos pasar horas debatiendo las causas de esta emergencia, pero el hecho concreto es que el petróleo hoy está en 21,83 dólares”, dijo el jefe de la fracción parlamentaria chavista Héctor Rodríguez cuando se instaló la comisión que decidirá si respalda al Gobierno o sigue la guerra de poderes.