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SILVIA FERNÁNDEZ DE GURMENDI | Presidenta de la Corte Penal

“Hay que buscar la forma de juzgar los delitos de Siria”

La jueza explica que el país árabe no forma parte de la Corte Penal y que esta no tiene jurisdicción allí

Lo primero que hizo Silvia Fernández de Gurmendi, nueva presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), al tomar posesión de su cargo fue llamar a la representante especial de Naciones Unidas sobre la violencia sexual. Quería que sensibilizara a todos los jueces acerca de unas agresiones que han dejado de considerarse una calamidad inevitable de las guerras. Gracias al Estatuto de Roma (1998), texto fundacional de la CPI, la violación en un conflicto armado está reconocida de manera especial y puede calificarse de genocidio. O bien de crimen de guerra y contra la humanidad. Pero si la regla está lista y aceptada, ¿por qué sigue sin llegar a su mesa la situación de Siria, donde las violaciones de derechos humanos se publicitan a diario por sus presuntos autores?

Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es simple: “Porque Siria no forma parte de la Corte y carecemos de jurisdicción. Nuestro mandato es global, aunque todavía sin participación universal. Estos crímenes no deben quedar impunes, pero nosotros no podemos actuar en cualquier sitio. Solo dentro de nuestros límites normativos”, dice la jurista, que pasó antes por la fiscalía y ha sido jueza de primera instancia en la institución. Ampliar su mandato depende de la voluntad política de los Estados y es su mayor reto. “La Corte es independiente, pero necesitamos a la comunidad internacional para investigar, perseguir, detener y juzgar; para funcionar”.

Conocida por la seriedad con que trabaja y la buena relación con sus colegas, Fernández de Gurmendi, argentina de 61 años, aplica grandes dosis de realismo a su empeño de “mantener abiertos los canales de diálogo para que los distintos actores internacionales nos apoyen”. A pesar de que 123 Estados han ratificado ya el Estatuto, la tarea de convencer a las grandes potencias sigue sin fructificar. Un rechazo del que participan Estados Unidos, China, Rusia, India o Israel, y que merma la capacidad de maniobra de la Corte. “De momento, no hay indicios de que vayan a sumarse, aunque nos dan apoyo. Pero piense que el mundo en el que se creó nuestro tribunal, en los años noventa, era distinto. Estábamos entonces en el apogeo de las teorías idealistas, del optimismo de lo que se podía obtener de las instituciones de la justicia internacional. Había expectativas, yo diría que desmesuradas, de lo que podría hacer la CPI. Hoy el optimismo se ha moderado y hay un reconocimiento generalizado de que la justicia es un componente importante de las relaciones internacionales. Y la Corte es complementaria. Por tanto, no puede decirse que o aquí, o nada. Hay que buscar la forma de juzgar delitos como los de Siria”.

La complementariedad significa que es un tribunal de última instancia y solo interviene si lo pide el Estado miembro. O bien cuando éste no quiere o no puede hacerlo. También se pone en marcha si los crímenes son perpetrados por nacionales de un Estado parte. Y cuando el caso es remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto último ocurrió con el genocidio de Darfur y con Libia. “Pero si el Consejo no actúa, o la resolución es vetada por alguno de sus miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido), la que debe impulsar a los actores políticos a actuar es, de nuevo, la comunidad internacional en su sentido más amplio. Incluida la sociedad civil y las ONG”. Solo así llegarán casos que puedan involucrar a países poderosos ante los jueces.

África, el continente más representado en las investigaciones de la Fiscalía (las nueve en marcha) es otra de las percepciones poco claras de la labor de la Corte explicada por la presidenta. “Comenzamos allí nuestra actividad a partir de 2002 (fecha de apertura oficial) a pedido de los propios países concernidos. República Democrática de Congo, Uganda, República Central Africana, con dos casos, y Malí nos llamaron. Las situaciones de Darfur y Libia llegaron a través de la ONU.Y nosotros abrimos las indagaciones en Kenia y Costa de Marfil. La fiscalía también examina de forma preliminar situaciones en otros lugares (Afganistán, Colombia, Georgia, Irak, Ucrania, Palestina, Nigeria y Guinea). Así que la sensación de que solo nos inclinamos hacia un lado cambiará con el tiempo”. Y tiempo es lo que ella pide, “porque 14 años es poco para una institución como esta”. A medio plazo, está convencida, podrá evaluarse mejor el trabajo de la CPI.

 

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