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La Haya juzga por primera vez a un expresidente, el marfileño Gbagbo

El expresidente rechaza los crímenes que se le imputan cuando perdió las elecciones de 2010

Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, ha rechazado este jueves la acusación de crímenes contra la humanidad que pesa sobre él ante la Corte Penal Internacional (CPI). Es la primera vez que la institución juzga a un exjefe de Estado, y el costamarfileño, de 70 años, se ha mostrado en todo momento seguro de sí mismo cuando la fiscalía ha desgranado el pliego de cargos: asesinatos, violación, persecución y otros actos inhumanos, presuntamente cometidos por sus leales tras su derrota en las elecciones legislativas de 2010.

El plan para mantenerle en el poder derivó en una “campaña sistemática contra los civiles que apoyaron a su rival (y actual presidente) Alassane Ouattara, pero también en persecución por motivos religiosos, étnicos y xenófobos”. Hubo 3.000 muertos y la acusación sostiene que Gbagbo preparó la estrategia violenta, y sus aliados crearon la estructura necesaria para llevarla a cabo. Uno de los más cercanos fue Charles Blé Goudé, de 44 años, antiguo ministro de la Juventud, “que transmitía sus órdenes y reclutó a jóvenes para que entraran en combate”. Acusado de los mismos delitos que su jefe, ha negado los cargos diciendo que “no los reconocía”.

“Estamos aquí para decirle a todos los que pretenden mantenerse en el poder por medio del uso de la fuerza, que serán juzgados por ello ante la justicia internacional. Para recordar que los crímenes que amenazan la paz de todos se cometen contra la humanidad entera. No es un proceso político, sino legal, y por eso mi oficina investiga asimismo los desmanes cometidos por los rivales de estos acusados”, ha dicho Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte. Sus palabras eran una advertencia para otro jefe de Estado, el sudanés Omar Al Bashir, en ejercicio a pesar de estar acusado de genocidio por la CPI, y sobre el que pesa una orden internacional de busca y captura.

El alegato subraya también el reto afrontado por la Corte para acabar con la impunidad de los poderosos. Por eso Bensouda ha confirmado que “se busca a todos los culpables y que el caso de Costa de Marfil sigue abierto”. Si bien ha pedido tiempo para progresar en las investigaciones sobre los desmanes del bando de los fieles a Ouattara, nadie ha sido acusado todavía. Consciente de ello ha concluido asegurando que “no pararemos hasta lograrlo”.

Hace seis años, Laurent Gbagbo se negó a abandonar la presidencia de su país después de haber logrado el 46% de los sufragios, contra el 54% de los obtenidos por Ouattara. Durante los cuatro meses siguientes a su derrota, ocurrida en noviembre de 2010, Costa de Marfil sufrió los efectos de una ola de violencia que los fiscales de la Corte califican de “empresa criminal concebida para que siguiera en su puesto nombrando y ascendiendo a políticos, o bien milicianos, para que se lanzaran contra los manifestantes”. En esos días, el acusado calificó a sus contrarios de “terroristas y enemigos de la República, y animó e incitó a sus partidarios a cometer crímenes de los que, aseguró, no tendrían que responder”. Después, entorpeció las investigaciones sobre lo ocurrido.

Blé Goudé, que gozaba de gran predicamento en virtud de su cargo, apoyó con sus discursos el plan criminal. “Creó una atmósfera favorable utilizando una retórica xenófoba, animando a los jóvenes a buscar extranjeros entre la población misma, y haciendo uso de los medios de comunicación para propagar el odio”. Como consecuencia de ello, entre las 3.000 víctimas había civiles originarios de Mali, Burkina Faso y Nigeria.

El equipo de la defensa de ambos acusados ha criticado la presencia de las víctimas en el proceso (una de las características especiales de la CPI) “como si fueran una tercera parte implicada, y no como meros participantes”. Según los letrados, que tengan acceso a los documentos oficiales, incluidos los confidenciales, desequilibrará el procedimiento. “La defensa trabaja ante dos partes, el fiscal y la víctimas, que buscan una condena a toda costa. Y así no prevalece la presunción de inocencia”, han señalado. El proceso puede ser largo, aunque los magistrados de la Sala han advertido de que no tolerarán retrasos innecesarios.

La guerra civil que estalló en 2002 en Costa de Marfil puso fin a varias décadas de estabilidad política y social. Los rebeldes, que controlaban el norte, de mayoría musulmana, y las tropas del Gobierno, atrincheradas en el sur, sobre todo cristianas, pelearon hasta 2007. Durante una tregua fallida, en 2003 se intentó lograr un Gobierno de reconciliación nacional. Ambos bandos acordaron formarlo por fin a partir de 2007, pero el camino hacia las elecciones de 2010 estuvo plagado de incidentes. En 2010, el choque entre los partidarios de Gbagbo y de Ouattara desembocó, de facto, en una segunda guerra civil. Por la violencia allí desatada responden, “como individuos y no como revancha política”, en palabras de la fiscalía, el presidente depuesto y su lugarteniente, Blé Goudé.

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