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El Congreso de Guatemala, investigado por corrupción

Los diputados contratan a familiares y amigos que cobran altos salarios sin trabajar un solo día

Ciudad de Guatemala

Guatemala, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, es uno de los países más corruptos del mundo. Ocupa el puesto 123 en el listado de 168 países auditados. Un mal que no sorprende cuando los partidos políticos han convertido al Estado en un botín al que acceden, con licencia de corso, cada cuatro años. La impunidad ha sido hasta ahora su principal aliada, pero algo parece empezar a cambiar esa grotesca situación.

El primer hito se dio a finales de 2015, cuando el entonces presidente, Otto Pérez Molina, se vio obligado a renunciar después de ser señalado como uno de los cabecillas de una red mafiosa que expoliaba al Estado desde las aduanas. Su vicepresidenta, Roxana Baldetti, es sospechosa de ser el cerebro de esta conspiración. En la actualidad, ambos se encuentran en prisión preventiva, a la espera de ser juzgados. Es la primera vez en la historia de Guatemala que un presidente en ejercicio es despojado del cargo y enviado a la cárcel.

Pero que la metástasis de la corrupción afecta a todo el aparato gubernamental y social –no hay corrupto sin corruptor– se ha comprobado nada más iniciar la nueva legislatura, cuando el recién nombrado presidente del Congreso, Mario Taracena, destapó uno de los secretos mejor guardados: la publicación de las planillas del Organismo Legislativo. La información ha desatado un escándalo mayúsculo al conocerse que los 168 legisladores tenían, en calidad de ‘asesores’, a más de 2.000 empleados. Una cifra que la sede del Legislativo no tiene capacidad física de cobijar y una manera muy burda de disfrazar el despojo de hasta el 64% del presupuesto del Organismo, unos 100 millones de dólares mensuales.

La metástasis de la corrupción afecta a todo el aparato gubernamental y social

Cada diputado contrataba, según el peso de su partido, hasta 20 asesores con sueldos muy por encima de sus teóricas responsabilidades. Pero un buen porcentaje del salario nominal debía ser entregado al empleador. Algo que nadie denunciaba porque no hacía ningún trabajo. O lo hacía como activista del partido, o en los negocios privados del congresista.

Uno de los casos más emblemáticos es el del expresidente Pedro Muadi, un destacado representante de la patronal. Según una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante su presidencia en el Legislativo Muadi contrató 15 guardias de seguridad de una empresa privada que, en realidad, trabajaban cuidando una de sus empresas. Estos guardias tenían un salario en la nómina del Congreso de 8.000 quetzales (unos 1.032 dólares), pero solo recibían 258. La diferencia se la quedaba Muadi. Su secretaria, Claudia María Bolaños, en su primera declaración ante el tribunal que la juzga por este caso, admitió tener un sueldo de 2.588 dólares “sin haberse presentado, nunca, a su puesto de trabajo”. Muadi se encuentra en prisión preventiva, a la espera de juicio.

“Este esquema siniestro tiene su réplica en todos los ministerios y dependencias del Gobierno. Algo que llora sangre en un país marcado por la pobreza y la pobreza extrema”, comenta el periodista José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, quien clama por una operación quirúrgica de gran envergadura “para extirpar estas plazas fantasmas que solo sirven para enriquecer exponencialmente a nuestra sempiterna cleptocracia”.

Son los diputados quienes tienen que poner freno a una fuente de enriquecimiento ilícito

El camino se adivina largo y empinado. Esta semana, los diputados han empezado a discutir las reformas a la Ley Orgánica del Legislativo, como primer paso para frenar la existencia de plazas fantasma y sueldos fuera de la realidad. Pero la ciudadanía duda de que estas avancen a la velocidad requerida. Son los diputados quienes tienen que poner freno a una fuente de enriquecimiento ilícito, hasta ahora muy productiva. La zorra cuidando el gallinero.