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Guatemala juzga a los militares acusados de someter a esclavitud sexual a mujeres mayas

La violencia sexual fue una práctica recurrente durante la guerra civil librada entre 1960 y 1996

La guerra de guerrillas librada en Guatemala entre 1960 y 1996 está considerada como una de las más sangrientas del continente. El informe Guatemala, memoria del silencio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU confirma la percepción. Una de las formas más crueles de la represión militar fue el sometimiento a la esclavitud de las mujeres de los campesinos sospechosos de colaborar con la insurgencia. Ellos eran secuestrados y desaparecían a manos del Ejército o de grupos paramilitares. Ellas, obligadas a cocinar y lavar la ropa en los cuarteles y a satisfacer el apetito sexual de los soldados.

Según el informe, “la violencia sexual estuvo vinculada de modo sistemático con la privación de la libertad de las mujeres y con las masacres”. Estas matanzas de población civil desarmada alcanzaron la escalofriante cifra de 626. Mayoritariamente se perpetraron entre 1978 y 1984, durante los regímenes de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, los más sanguinarios de esa etapa de la historia de Guatemala. La violencia contra las mujeres tuvo también un claro componente racista: el 88,7% de las víctimas (1.465 denuncias recibidas) son mayas. Y aunque la mayoría (62%) fueron mujeres de entre 18 y 60 años, también se registran casos de niñas. “El porcentaje de menores de edad” –un tercio de las denuncias– “muestra cómo esta forma de violencia marcó la vida o trajo la muerte a muchas niñas”, subraya el documento.

Este lunes, más de treinta años después de perpetrados los delitos, 11 víctimas  verán comenzar el juicio de dos de los responsables identificados. Se trata del coronel (retirado) Esteelmer Reyes Girón, ahora de 59 años, y del ex comisionado militar (civil al servicio del Ejército) Heriberto Valdez, de 74. Según la Fiscalía, las violaciones se registraron entre 1982 y 1983 en un destacamento militar ubicado en la comunidad de Sepur Zarco, en el límite de las provincias de Alta Verapaz e Izabal, al norte de esta capital.

Las violaciones se registraron entre 1982 y 1983 en un destacamento militar de  Sepur Zarco

“Previo a que las mujeres fueran esclavizadas sexual y domésticamente, sus esposos fueron desaparecidos. Unas eran viudas, otras tenían hijos pequeños”, se lee en un comunicado emitido por la unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno.

En su denuncia ante la Fiscalía, las víctimas detallaron cómo se vieron obligadas a servir, en un régimen de virtual esclavitud, a los soldados. “Les cocinaban, les lavaban la ropa con jabón que ellas tenían que comprar y después fueron violadas durante un tiempo prolongado, al extremo de que muchas todavía sufren hemorragias y enfermedades”, puntualiza la denuncia.

Como una condena añadida al sufrimiento, estas mujeres son repudiadas en sus comunidades, sospechosas de colaborar con sus verdugos, extremo que las ha obligado a vivir en lugares aislados.

El asunto se juzga ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, a cargo de Yasmín Barrios, la juez que en mayo de 2013 condenó a 80 años de prisión al exdictador Efraín Ríos Montt, en un proceso que fue anulado después por el Constitucional.

En la víspera, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien califica la violación como “un crimen repudiable en cualquier rincón del mundo”, dijo a EL PAÍS que lo más importante del proceso es que, por primera vez en Guatemala, los casos de violación lleguen a juicio. “Es una meta importante el que se vuelva una verdad jurídica que trasciende la verdad de la víctima. Guatemala se dignifica en el momento en que empieza a juzgar las violaciones sexuales como parte de los delitos que ofenden la conciencia humana”, concluyó.