Muere el ex jefe del Estado guatemalteco Mejía Víctores

Derrocó al dictador Ríos Montt en 1983, aceleró el retorno a la democracia y estaba acusado de crímenes de lesa humanidad

El general Óscar Humberto Mejía Víctores, de 85 años, quien gobernara Guatemala entre 1983, tras deponer al dictador Efraín Ríos Montt, y 1986, cuando entregó el poder al democristiano Vinicio Cerezo Arévalo, el primer mandatario libremente electo en Guatemala al final de las dictaduras militares, falleció la mañana de este lunes en la capital guatemalteca.

Señalado por la fiscalía de cometer crímenes de lesa humanidad durante la guerra de guerrillas librada entre 1960 y 1996, Mejía Víctores fue sepultado pocas horas después de su deceso, sin los honores que el protocolo reserva para los gobernantes de Guatemala. Extraoficialmente trascendió que su muerte se produjo al filo de las 08:00 (15:00, hora peninsular española) y su inhumación se realizó a las 15:30, en la intimidad familiar.

El viejo militar se encontraba bajo prisión domiciliaria ante su precario estado de salud

Dos hechos marcan su paso por el poder. Haber derrocado a Efraín Ríos Montt, de quien era ministro de Defensa, y acelerar el paso a la democracia. Pero estos logros se ven ensombrecidos tras la acusación de la Fiscalía que lo señalaba como responsable del asesinato de 264 personas –civiles desarmados– en la conocida como la masacre del Plan de Sánchez, en la población de Rabinal (Baja Verapaz, norte), y de 11 masacres en al área Ixil (Quiché, norte) que dejaron más de 1.000 muertos. También se le señala como uno de los autores intelectuales de los planes contrainsurgentes Victoria 82, Firmeza 83, Sofía y Operación Ixil, cuyo denominador común fue la política de tierra arrasada que permitió la victoria sobre la guerrilla de inspiración marxista.

El viejo militar se encontraba bajo prisión domiciliaria ante su precario estado de salud desde diciembre de 2011, cuando la jueza de mayor Riesgo Patricia Flores lo escuchó en su lecho de enfermo, y ordenó que médicos del Instituto nacional de Ciencias Forenses (Inacif, dependiente de la Fiscalía) lo evaluara periódicamente. Dos años después, en diciembre de 2015, un juzgado de Familia atendió a la petición de su defensor de que fuera declarado interdicto, porque “no estaba en condiciones físicas ni mentales” para enfrentar el proceso por genocidio en su contra.