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La protesta social contra las reformas de Tsipras cobra fuerza en Grecia

El paro contra la reforma de la seguridad social y las pensiones es el primero del año

Cartel con la convocatoria de la huelga general en Atenas.Foto: atlas | Vídeo: ARIS MESSINIS AFP / ATLAS

Decenas de miles de personas se manifestaron este jueves en Atenas y las principales ciudades griegas durante la tercera huelga general contra el Gobierno de Alexis Tsipras. A diferencia de las convocatorias anteriores, el seguimiento fue mayoritario en algunos sectores como el transporte. La manifestación que recorrió el centro de la capital reunió a unas 40.000 personas, según la policía, contra la reforma de la seguridad social y las pensiones. Fue la mayor marcha de los últimos años.

Era la primera marcha que congregó a gremios tan dispares como el de los marinos, los abogados, los investigadores o los jubilados. “No hacemos huelga sólo por nuestro interés, sino por el de todos, porque afecta a todos los sectores de la sociedad y sobre todo a los que pensaban que la crisis no iba con ellos”, decía en Atenas Nikos Katzipondis, corredor de seguros no afiliado a ningún sindicato. “Con la subida de las cotizaciones, la clase media y la baja serán las más afectadas. Los profesionales liberales destinaremos el año próximo del 70% al 80% de nuestros ingresos a contribuciones sociales [seguro de enfermedad y pensiones]. No nos salen las cuentas, y hablo sólo de sobrevivir, no ya de pagar a nuestros empleados”.

A su lado, su colega Dimitris Zis iba más allá: “El debate más importante es averiguar dónde han ido a parar los miles de millones perdidos durante 40 años de pésima gestión en coberturas sociales y cajas de pensiones”. Según datos oficiales, el déficit del Instituto de la Seguridad Social (IKA, caja de pensiones de los asalariados) se eleva a mil millones; el de la caja de las profesiones liberales, a 540; y a 15.350 millones, el total de cotizaciones impagadas a la seguridad social hasta finales de 2015. Son los argumentos con los que el Gobierno defiende una reforma que garantice la viabilidad del sistema de pensiones, ya que en el actual sólo 1,7 trabajadores financian con sus contribuciones cada pensión, muy por debajo del mínimo deseable.

“El aumento de las contribuciones golpea a los ingresos medios, y las consecuencias serán terribles, rebajando a capas enteras de profesionales a niveles de pobreza”, explica Vasilis Kampanis, presidente de la federación de profesionales liberales. Para esta asociación, “un aumento de la presión fiscal tendrá como consecuencia la ruina de muchas empresas, el aumento de la evasión fiscal, deudas a los fondos de pensiones, aumento del paro y fuga de empresas”.

Bloqueo de tractores

Los agricultores, que junto con los profesionales liberales son la avanzadilla de esta movilización sin precedentes —transversal y genérica, más allá de clases y de proclamas sindicales—, no cumplieron este jueves su amenaza de llevar los tractores a Atenas, pero redoblarán su desafío al Gobierno este sábado, con un bloqueo de 24 horas de carreteras, aeropuertos, aduanas y puertos. “El Gobierno quiere multiplicar por dos nuestros impuestos, y triplicar nuestras cotizaciones a la seguridad social. Esto será la muerte del campo”, explicaba Vanguelis Butsas, de un comité agrario. La reforma planea, a instancias de los acreedores, homologar con el general el régimen fiscal agrario, hasta ahora muy ventajoso. “Que no olvide Tsipras que nosotros ponemos y quitamos Gobiernos”, añade el agricultor, en referencia al vivero de votos que ha sido el campo para partidos como la conservadora Nueva Democracia.

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El primer ministro vivió a distancia la huelga, desde Londres, donde asistió a la reunión de líderes europeos sobre la crisis de los refugiados. Mientras, sus ministros enhebraban una rueda tras otra de negociaciones con los representantes del Cuarteto; una nueva ronda de diálogo que aspira a lograr el plácet de los acreedores pero que de momento sólo ha servido para constatar la brecha entre las partes. Según fuentes cercanas a la negociación, el Gobierno se plantea elevar del 42% al 50% la tasa más alta del impuesto sobre la renta para satisfacer a los acreedores.

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