El fin de una ayuda pública en Reino Unido que amenaza con cambiar la UE

Nadie ha venido a recibir a Claudia después de un día entero de autobús desde Turín. La amiga que la acogerá en su habitación de una casa compartida, a una hora y media del centro de Londres, tiene hoy turno de mañana en un hotel y no podrá reunirse con ella hasta el mediodía. Claudia deberá estirar unas horas el primer café en su nueva ciudad. Un amanecer frío y húmedo da la bienvenida a esta italiana de 23 años que se acaba de incorporar a ese 40% de los londinenses que ha nacido en el extranjero.

Son las 7.30 de la mañana y la estación de autobuses de Victoria hace ya un rato que descarga en el centro de Londres ciudadanos de todos los rincones de Europa. Cada semana dos mil inmigrantes llegan a esta estación. Fontaneros polacos, limpiadoras rumanas, camareros españoles y otros tópicos británicos modernos, que en las últimas semanas han saltado, sin pretenderlo, al centro del debate europeo.

La negociación de Reino Unido con sus socios, para reformar los términos de la relación del país con la UE, llega a su fin. La propuesta presentada el pasado martes por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, accede parcialmente a la petición más controvertida de cuantas formuló David Cameron para poder defender la permanencia de su país en el club, ante el referéndum que quiere celebrar este verano. Reino Unido podrá, si el borrador se firma en la reunión de líderes europeos de los próximos 18 y 19 de febrero, negar determinadas ayudas a los trabajadores de otros países miembros en sus primeros cuatro años en el país. Pero solo de manera temporal, si demuestra que el flujo de inmigrantes supone una carga excepcional a los servicios públicos, y siempre que los demás socios lo aprueben caso por caso. La fórmula se ha venido a llamar freno de emergencia.

La medida afecta a los llamados tax credits: ayudas que complementan los salarios más bajos. No son prestaciones demasiado cuantiosas. Pero sí son exclusivas del sistema británico y, según el primer ministro, producen un efecto llamada. Limitarlas para los trabajadores de otros países europeos será crucial, sostiene el Gobierno, para rebajar la presión migratoria que sufre el país

El freno de emergencia de Cameron afectaría a unas 84.000 familias. Ese es el número oficial de inmigrantes europeos, con menos de cuatro años en el país, que reclamaron tax credits en el ejercicio 2013-2014. El dato lo aportó la Hacienda británica el pasado jueves, en respuesta a una petición de información pública formulada por The Guardian hace seis meses. El número real es llamativamente inferior a la cifra que ha venido manejando el primer ministro: el miércoles en el Parlamento aseguró que el 40% de los inmigrantes europeos que llegan a Reino Unido reciben este tipo de ayudas, y en noviembre Downing Street habló de 148.000 personas.

Nadie defiende que la carga fiscal de esas 84.000 personas sea insostenible para las arcas públicas, sobre todo si se tiene en cuenta que son trabajadores que aportan al sistema. Pero incluso el hecho de que constituyan un efecto llamada resulta, cuando menos, discutible.

“Es improbable que las restricciones propuestas tengan un impacto significativo en la cantidad de gente que viene”, explica a EL PAÍS Madeleine Sumption, directora del Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford. “La mayoría de los ciudadanos europeos no piden tax credits, y los que sí los reclaman, generalmente, reciben cantidades pequeñas que probablemente no afectarían a su decisión de venir o no”.

Esta semana, pesos pesados a ambos lados del debate lo han reconocido. “Hay todo tipo de factores por los que la gente decide moverse por Europa, pero no creo que los tax credits sean uno de ellos”, declaró Alan Johnson, líder de la campaña de los laboristas por permanecer en Europa. “Los migrantes no vienen para pedir ayudas, sino para ganar más dinero”, dijo el diputado conservador euroescéptico David Davis.

La medida tampoco está claro que vaya a inclinar a muchos votantes hacia la permanencia: las encuestas publicadas desde que se conoció la propuesta de Tusk aumentan la ventaja de los partidarios de romper con el club de los Veintiocho. Y, sin embargo, introducir el freno de emergencia supondría para la Unión Europea la mayor restricción de su historia al principio de la libre circulación de ciudadanos, uno de los pilares del proyecto.

Reino Unido es el segundo país de la UE que más migrantes recibe, después de Alemania. En los últimos años la inmigración neta en Reino Unido, que el Gobierno ha prometido reiteradamente reducir por debajo de las 100.000 personas, no ha hecho más que subir. La cifra, que es la diferencia entre quienes llegan a un país y quienes lo abandonan, fue de 336.000 personas en 2015.

Diversos estudios señalan que los inmigrantes europeos son contribuyentes netos: aportan a las arcas públicas más de lo que reclaman de ellas. “Hablar del impacto fiscal es complicado”, explica la experta de Oxford. “No hay una respuesta definitiva, pero sí conclusiones generales a todos los estudios serios. Primero, el impacto fiscal de la inmigración es relativamente pequeño como parte del PIB y del gasto público. Segundo, la inmigración de ciudadanos europeos tiene un impacto fiscal más positivo que la de los no europeos. Y tercero, los recién llegados tienen mejor impacto que los que llevan más tiempo”.