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El Supremo de Venezuela ratifica el decreto de Emergencia Económica

El Tribunal de Justicia declara válida la medida propuesta por Nicolás Maduro y que el Parlamento había rechazado

El fuego cruzado entre gobierno y oposición produjo este jueves en Caracas dos declaraciones de emergencia. Por un lado la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, aprobó un acuerdo que proclama el estado de “crisis alimentaria” en Venezuela, y por el otro, el Gobierno de Nicolás Maduro obtuvo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo su control, un veredicto por el que declara vigente el Decreto de Emergencia Económica que el Poder Ejecutivo había preparado a mediados de enero pero que el parlamento rechazó en esa ocasión.

Las confusiones jurídicas afloraron este jueves cuando Ejecutivo y Legislativo movieron, mediante esta guerra de declaraciones de emergencia, sus fichas en el tablero del ajedrez político que juegan desde la instalación de la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora, el pasado 6 de enero. En los hechos, sin embargo, nada había mejorado al final del día ni en la situación financiera del país ni en la escasez ya crónica de productos de consumo básico, como alimentos o medicinas.

En una transmisión televisada, Maduro aplaudió la decisión del Supremo, a la que ve como un signo del imperio de la “democracia, (y la) constitucionalidad” en el país. Con su decreto de emergencia económica ya en vigencia, anunció, “activaré un conjunto de medidas en los próximos días, que ya venía trabajando”.

El 14 de enero Maduro publicó en la Gaceta Oficial el decreto número 2.184 para declarar la emergencia económica en todo el país, que presentó ante la Asamblea Nacional el 19 de enero. Al cabo de una discusión dentro del plazo de ocho días previsto por la ley, la bancada opositora hizo valer su mayoría para rechazar el decreto el 29 de enero. De acuerdo a voceros parlamentarios, fue desaprobado porque otorga poderes discrecionales al Ejecutivo para expropiar empresas y, en definitiva, ahondaría en políticas ya fracasadas.

Sin embargo, el chavismo apeló al Tribunal Supremo de Justicia, que ya había certificado la constitucionalidad del decreto el 21 de enero. Este jueves, a instancias de “miembros de Consejos Comunales, Comunas y otros movimientos sociales”, la misma Sala Constitucional del TSJ falló ante un recurso de interpretación por el que determinó que la Asamblea Nacional no había cumplido su tarea de “control político” del decreto dentro los plazos legales y que, por lo tanto, el decreto tiene vigor.

Apenas horas antes, el parlamento, entre las protestas de la minoría oficialista, había aprobado en su sesión ordinaria la declaración de una “crisis alimentaria” en Venezuela y el cese en los hechos de la “seguridad alimentaria”. El documento solicita a las organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y para la Infancia (Unicef) el envío urgente al país de expertos para evaluar la crítica situación de desabastecimiento. De acuerdo a la declaración parlamentaria, el propio Gobierno ha admitido niveles de escasez de hasta 87% en distintos rubros alimentarios, aunque denominándolos como “niveles de acaparamiento”. El Gobierno chavista alega que la escasez y la inflación son producto de una “Guerra Económica” que el imperialismo y la burguesía local estarían librando contra la Revolución Bolivariana.

En la misma y agitada jornada, la bancada opositora aprobó en primera discusión la Ley de Reforma de la ley del Banco Central. También, con el apoyo unánime, y por lo tanto inusitado, de ambas fracciones políticas, se aprobó la Ley de Bono de Alimentación y Medicinas. El diputado de Primero Justicia (oposición), Julio Borges, presentó el proyecto de Ley de Producción Nacional. Todas son normativas con las que se busca tomar las riendas de la delicada situación económica y social del país.

No obstante, el renovado conflicto de poderes entre Legislativo y Judicial, aupado este último desde el Gobierno, no augura momentos mejores para una crisis que, como la venezolana, parece agravarse día a día.