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Tensión social en Bogotá por las primeras medidas de la alcaldía

La nueva política de la ciudad se ha concentrado en la recuperación del espacio del público, lo que ha significado el desalojo de los vendedores ambulantes

Las calles en que hasta hace poco se veían vendedores ambulantes y las plazas donde solían estar las trabajadoras sexuales en Bogotá cada vez están más vacías. La capital de Colombia ha vivido los primeros días de la alcaldía del nuevo mandatario, Enrique Peñalosa, en medio de la polémica. La idea del regidor conservador de concentrar su gestión en la recuperación del espacio público de la ciudad ha generado descontento en los sectores más populares, que aseguran sentirse perseguidos y señalados.

Mientras que el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, defiende el desalojo de los vendedores ambulantes de uno de los sectores financieros más importantes de la ciudad como un paso para lograr la seguridad en Bogotá, las personas que, por falta de oportunidades laborales, subsisten de las ventas callejeras, dicen sentirse perseguidas y estigmatizadas.

“Queremos que las calles sean entornos libres y seguros para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, dice Uribe. El pasado 26 de enero, 178 vendedores llegaron como todos los días a instalarse en una de las vías principales de la capital, pero los operativos de las autoridades impidieron que lo hicieran. Aunque la alcaldía asegura que se les han dado alternativas de reubicación, líderes de vendedores como Marcial Rodríguez, representante de la Asociación nacional de comerciantes, que agrupa a 4.500 de los más de 40.000 vendedores informales de la capital, asegura que no ha habido propuestas claras.

Contra el grafiti

La alcaldía ha emprendido una ofensiva para intervenir los grafitis que no tengan “un contenido estético” y los grafiteros no han tardado en cuestionar la medida al no saber cómo se establece cuáles se enmarcan dentro de este requisito.

Los que apoyan la decisión aseguran que Peñalosa actúa bien después de haber recibido una ciudad con “un espacio público contaminado” que durante los últimos 12 años de gobiernos de izquierda de Bogotá tuvo “una tolerancia total al grafiti”. Otros, menos radicales, piden que no se pongan reglas a ese tipo de expresiones que deben ser espontáneas.

“Mucha gente considera que una sociedad desarrollada es una que no tenga un grafiti o que no haya un vendedor, pero hay que tener constancia de la presencia de muchos actores que hacen parte de la vida de la ciudad. No se puede confundir ética con limpieza ni desarrollo con cemento”, opina el congresista de izquierda Alirio Uribe. Lo mismo piensan los ambientalistas que han criticado la idea de Peñalosa de urbanizar la reserva forestal Thomas van der Hammen al norte de Bogotá.

Gladys Valero, directora del Instituto para la Economía Social de Bogotá, afirma que sí se les ha ofrecido empleo y que de los más de 100 comerciantes desalojados, al menos 11 ya están en proceso para empezar un trabajo formal lejos de las calles. Reconoce que son pocos, pero asegura que ha sido por la negativa de los vendedores de aceptar sus propuestas. “Nos hemos reunido con ellos, pero nos han dicho que no las quieren tomar. Vemos que hay un asunto político de fondo”, dice la funcionaria. “Estamos en proceso, por ejemplo, para que presten servicio de aseo o de mensajería con algunas compañías”, asegura, pero los comerciantes quieren opciones concretas que les garanticen recibir lo que consiguen en la calle. “Está bien que quieran ordenar el espacio público, pero no pueden de un momento a otro dejar a la gente de brazos cruzados, sin trabajo”, explica Rodríguez, una de las voces de las ventas callejeras.

El secretario de Gobierno insiste en que se trata de “ordenar la casa”. “No se puede ser permisivo, ni indiferentes. Tenemos que promover una nueva cultura, hacer del espacio público algo democrático”, repite, y explica que ese plan para recuperar el espacio en Bogotá es “integral”.

Las trabajadoras sexuales también han alzado la voz y se preparan para una protesta en la ciudad. “La idea de recuperar el espacio público que ha impulsado el nuevo alcalde nos está perjudicando”, dice Fidelia Suárez, de la Asociación de mujeres buscando libertad, que reúne a cerca de 600 trabajadoras sexuales. Ella lleva más de 25 años ejerciendo el oficio que, tras una sentencia de la Corte Constitucional, se declaró en 2010 un trabajo más en Colombia. Recuerda que en la última semana de enero, 15 compañeras fueron detenidas y golpeadas por la policía en una zona popular del centro de Bogotá, según denuncian.

Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad de Bogotá, asegura que se está investigando la actuación policial y que no se trata de una persecución. “Siempre y cuando no se altere el orden, nadie tendrá ningún problema con la autoridad”, advierte, pero los vendedores y las trabajadoras sexuales coinciden en que con la nueva alcaldía temen no poder volver salir a la calle.