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COLUMNA

Retos al Estado de Derecho en América Latina

Desarrollar instituciones políticas y legales no es algo que ocurra de la noche a la mañana

La ausencia de un Estado de Derecho robusto es uno de los factores que más obstaculiza el desarrollo económico de América Latina. Lamentablemente, desarrollar estas instituciones políticas y legales no es algo que ocurra de la noche a la mañana. El ex primer ministro británico Gordon Brown lo resumió de la mejor manera cuando ironizó que “al establecer el Estado de Derecho, los primeros cinco siglos son siempre los más difíciles”.

Brown hacía referencia al largo y muchas veces violento proceso recorrido por Occidente para consolidar sus instituciones, desde los primeros esfuerzos por limitar el poder monárquico –encarnados en la Carta Magna de 1215– hasta el establecimiento de democracias constitucionales en los siglos XIX y XX. Resulta difícil pensar que América Latina tenga ante sí un camino igualmente tortuoso, pero sí cuenta con retos particulares que en su momento no tuvo Occidente.

Uno de ellos, identificado por el columnista Fareed Zakaria, es el hecho de que en Occidente el Estado de Derecho se consolidó antes de la llegada de la democracia, al punto que “El ‘modelo de gobierno Occidental’ se encuentra mejor simbolizado no por un plebiscito popular sino por un juez imparcial”. Más bien, la historia europea está llena de episodios donde la llegada de la democracia hizo trastabillar el desarrollo del Estado de Derecho.

En América Latina, la evolución de estas instituciones se da precisamente en el marco de sistemas electorales democráticos que brindan tal legitimidad a los gobernantes que luego se dificulta limitar sus poderes. El caudillismo y demás flagelos que lo acompañan medran bajo el principio Vox Populi, Vox Dei. Si bien en América Latina, tras casi dos siglos de constantes sonadas militares, hemos caído en cuenta que la democracia es la única manera civilizada de reemplazar a los gobernantes, aún no entendemos que esta debe verse con mucho recelo.

Ligado a esto se encuentra otro factor identificado por Zakaria: en Occidente las instituciones del Estado de Derecho se desarrollaron para proteger la libertad del individuo, no para fomentar el poder del Estado. En América Latina pareciera que hoy en día entendemos por fortalecimiento institucional la aprobación de medidas que empoderan a las autoridades a expensas del ciudadano, desde el debilitamiento de la presunción de inocencia en procesos penales, al desamparo del contribuyente en favor del fisco, hasta la violación flagrante de garantías individuales como el derecho a la privacidad.

Un tercer elemento, identificado por mi colega Ian Vásquez, es que la evolución del Estado de Derecho en Occidente partió de la maduración de sociedades capitalistas con sistemas legales que facilitaban el intercambio pero donde el tamaño del Estado –medido por nivel del gasto público– era limitado. La expansión de los aparatos estatales en Occidente ocurriría tras las guerras mundiales, una vez que estos países ya contaban con fuertes instituciones legales y económicas.

La existencia de Estados grandes convierte al gobierno en un botín altamente preciado. Esto degenera en lo que el economista Peter Bauer llamaba “la desastrosa politización de la vida”, donde los recursos de una sociedad giran cada vez más en torno a conseguir y explotar el poder político. En América Latina se pone mucho énfasis a la supuesta pequeñez de los aparatos estatales de algunos países –al menos cuando se les compara con naciones ricas– pero eso obvia el hecho de que Occidente se desarrolló con estados aún más pequeños.

En América Latina un factor altamente distorsionante del Estado de Derecho es el control directo o indirecto que el Estado ejerce sobre los recursos naturales. Un estudio del 2003 de Xavier Sala-i-Martin y Arvind Subramanian encontró que en aquellos países donde hay instituciones deficientes, la presencia de recursos naturales deterioraba aún más la calidad de estas y por ende afectaba el crecimiento económico. En particular, los investigadores identificaron a los combustibles y a los minerales como los que tienen este impacto perjudicial sistemático en las instituciones. No obstante, la investigación también descubrió que cuando un país cuenta con un Estado de Derecho sólido, la explotación de recursos naturales más bien puede tener un impacto económico positivo.

El caso de Venezuela es relevante. En su libro La renta y el reclamo, Diego Bautista Urbaneja reseña el proceso histórico mediante el cual “la sociedad venezolana se convirtió en una sociedad de reclamadores de renta [petrolera]”. Este fenómeno tendría un fuerte efecto corrosivo en las instituciones del país, el cual se profundizó con la nacionalización del petróleo en 1976. Hoy en día la discusión en Venezuela –incluso en círculos opositores– continúa siendo sobre cómo distribuir la renta petrolera y no cómo generar riqueza.

Finalmente, otra singularidad que enfrenta América Latina en su proceso de consolidación del Estado de Derecho es la guerra contra las drogas. El narcotráfico tiene una capacidad inigualable para socavar las instituciones a través de la corrupción y la captura de las estructuras políticas y judiciales en aquellos países que tienen la mala suerte de ser productores o servir de tránsito. Por ejemplo, se estima que los ingresos anuales de los carteles mexicanos y colombianos representan varias veces los presupuestos combinados de seguridad y justicia de las naciones centroamericanas.

América Latina probablemente no tenga que esperar cientos de años para resolver estos desafíos a su desarrollo institucional. Pero entre más preciso sea el diagnóstico, más expedita será la búsqueda de soluciones efectivas.

* Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute en Washington, DC. Twitter: @jchidalgo