El Gobierno de Maduro se niega a aprobar la Ley de Amnistía

De aprobarse en segunda ronda en la Asamblea, la ley beneficiará con la libertad a 78 presos políticos, entre ellos Leopoldo López

Leopoldo López, exalcalde del municipio caraqueño de Chacao y dirigente del partido Voluntad Popular (VP), cumple hoy dos años de prisión en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de la capital venezolana. De completar toda la condena que le fue impuesta en septiembre pasado por un tribunal, bajo cargos de instigación para delinquir, incendio y daños a la propiedad pública, todavía le restan otros 12 años tras las rejas. La Asamblea Nacional pretende aprobar una Ley de Amnistía que beneficiaría a 78 presos políticos, pero el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a ello.

La situación política se transforma en Venezuela día a día, en la misma medida en que la economía colapsa. Nuevas voces se van sumando al pedido de renuncia o destitución del presidente Nicolás Maduro, cuyo Gobierno es el único carcelero empeñado en seguir confinando a López. 

El martes la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que, de votarse —como se espera— en la segunda y definitiva ronda, beneficiará con la libertad a 78 presos políticos, incluyendo al dirigente de 44 años de edad.

López siempre resultó uno de los líderes de oposición más irritantes para el chavismo. Procedente de una familia pudiente, graduado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard (Massachussets, EE UU), deportista, apuesto, con su verbo pugnaz hizo poco para granjearse la voluntad de diálogo del oficialismo.

En febrero de 2014, poco antes del brote de protestas callejeras, las llamadas guarimbas, López convocó La Salida, una iniciativa para derrocar a Maduro a través de mecanismos constitucionales, la inquina que el régimen le prodigaba se convirtió en una voluntad de castigo. 

Imputado por la Fiscalía, bajo el control del Ejecutivo, López se entregó a las autoridades el 18 de febrero de 2014. Un proceso plagado de irregularidades, que se prolongó 14 meses, le cargó con la responsabilidad de las guarimbas. Un aliado clave de López, Daniel Ceballos, alcalde de la ciudad de San Cristóbal (capital del Estado de Táchira, Andes del suroeste de Venezuela), epicentro de las protestas, cayó también en prisión, donde todavía permanece. 

La pertinaz ojeriza del Gobierno promete que la eventual ejecución de una Ley de Amnistía que ampare a López —y a Ceballos, al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, y al exalcalde de Maracaibo Manuel Rosales— será la oportunidad de otro conflicto de poderes. El propio Maduro ha prometido en distintos pronunciamientos públicos que no promulgará una ley de esa naturaleza. Y ayer por la mañana, Pedro Carreño, diputado destacado de la fracción oficialista, dejó ver en un programa de televisión que la ley, de ser aprobada en el Parlamento, será declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control del Gobierno.

Por su parte, Lilian Tintori esposa de Leopoldo López y principal figura de la campaña para su liberación, celebró el martes el paso dado por el Poder Legislativo. La exestrella de televisión anunció la creación del movimiento Todos por la Libertad, cuya primera actividad será una marcha el próximo sábado. Para hoy, día del segundo aniversario de la prisión de su marido, informó de que varias personalidades internacionales de los derechos humanos expresarán en Caracas su respaldo a la causa de López. Entre ellos, el ex líder sindical y expresidente de Polonia Lech Walesa; el expresidente de Costa Rica Óscar Arias; y familiares de los sudafricanos Nelson Mandela y Desmond Tutu.

“No va a haber reconciliación”

Las reticencias del chavismo se expresaron el martes, durante el debate en el Parlamento. El jefe de la bancada oficialista, el diputado Héctor Rodríguez, calificó el proyecto de ley como una “barbaridad jurídica”. El poderoso número dos del régimen y expresidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, juró, entre abucheos del público: “Aquí no va a haber reconciliación… Pueden hacer lo que quieran pero esa ley de impunidad no va a ser ni ejercida ni ejecutada”.

Esa noche, el Gobierno hizo transmitir por televisión y radio un documental que recapitulaba los hechos de 2014, antes de decir que la Ley de Amnistía favorece a los autores de actos “de terrorismo”, en referencia sobre todo a Leopoldo López.

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