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ANÁLISIS

Jamás volveremos a ser extranjeros

La propuesta de Tusk y Cameron es una traición al aumento de libertades y derechos sociales

Donald Tusk y David Cameron en la cumbre de Bruselas.
Donald Tusk y David Cameron en la cumbre de Bruselas. AFP

El cartero italiano Giovanni Maria Sotgiu consiguió en 1974 que la Bundespost —Correos de la RFA— le pagara el complemento por separación familiar, pues lo abonaba a sus camaradas alemanes (caso 152/73).

La lectora de español Pilar Allué logró en 1989 su contrato indefinido en la Universidad de Venecia, porque sus colegas italianos lo tenían (caso 33/88).

El obrero alemán Klaus Biehl logró en 1990 que Luxemburgo le devolviese las retenciones excesivas practicadas a su salario en el IRPF, pues se les retornan a todos los luxemburgueses (caso 175/88).

La trabajadora española María Martínez Sala ganó en 1998 al Estado Libre de Baviera la misma “prestación por crianza” para su hija que la que recibían sus compañeras: porque se declaró ilegal que a ella le exigieran un documento acreditativo de residencia que no se les pedía a las madres alemanas (caso 85/96).

Y así hasta el infinito. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han amparado y expandido la libre circulación de trabajadores y sus derechos sociales: ese envidiado modelo social europeo.

Es esencial: para el mercado interior, para el laboral, para la cohesión de un área económica aún muy dispar. Y es que unos 15 millones de europeos trabajan en un país comunitario que no es el suyo. Hasta hoy, la UE, como “comunidad de derecho”, les ha protegido a fondo. Y cada día más. Hasta el punto de que los principios de no discriminación por razón de nacionalidad; de rechazo a sus “formas encubiertas” —pero que “conducen al mismo resultado”, según la sentencia Allué—; de igualdad de trato..., actúan. Impiden, de iure, y de facto, que los europeos (de distintos orígenes nacionales) sean laboralmente extranjeros (en los otros Estados miembros).

Eso es producto del Tratado (TFUE, artículo 45): “La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad” en cuanto al empleo, salarios y otras condiciones. Y de la Carta de Derechos Fundamentales (artículo 21.2): “Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad”. Y de los consiguientes reglamentos 883/2004 y 492/2011, varias veces actualizados.

Si leen con detalle el papel perpetrado por Donald Tusk y David Cameron comprobarán que es una traición a ese aumento acumulativo de libertades civiles y derechos sociales, y abre ventanas —aunque estrechas— para desmocharlos. Para que volvamos a ser extranjeros en casa.

El proyecto es un bodrio jurídico. Reforma el Tratado (su protocolo sobre Parlamentos nacionales; la excepción al principio de “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, art. 1) asegurando cínicamente que solo lo interpreta. Y sin tener competencia para ello: esa “decisión” que sería de los 28, pero ni siquiera del Consejo Europeo, está en el limbo legal y no sustituye a una Conferencia Intergubernamental, única vía para reformarlo.

Si los Gobiernos nos traicionan, a los ciudadanos nos queda el Parlamento. Y el Tribunal. No volveremos a ser extranjeros.

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