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Polémica en Brasil por las revelaciones de una examante de Cardoso

Mirian Dutra asegura que una empresa le abonó cerca de 3.000 dólares mensuales como pago encubierto de una manutención

Las revelaciones de la periodista Mirian Dutra, de 55 años, examante del expresidente Fernando Henrique Cardoso, han sacudido la ya de por sí convulsa vida política de Brasil. La periodista, que vive en Madrid, asegura que la empresa Brasil S.A., Exportação e Importação, que operaba en las tiendas de duty free de varios aeropuertos, le abonó desde 2002 a 2006 cerca de 3.000 dólares mensuales en virtud de un contrato falso que era el pago encubierto de una pensión que el expresidente hacía a Dutra para ayudar a la manutención del hijo de ambos, Tomás.

El niño nació en 1991, fruto de una relación que el político y la periodista habían mantenido desde 1985. En una entrevista concedida al periódico brasileño A Folha de S. Paulo, la periodista asegura que poco después salió de Brasil. “Fui a Portugal y la cadena Globo me contrató, pero no ganaba lo suficiente para mantener a mis hijos (…) años después, cuando vivía en Barcelona, me sentí exiliada, porque yo quise volver a Brasil y no me dejaron”. La autora de la entrevista le pregunta entonces que quién y Dutra responde: “El entonces senador Antonio Carlos Magalhães y su hijo, Luís Eduardo Magalhães [aliados políticos de Henrique Cardoso en la época] entonces envueltos en la reelección [del expresidente]”.

Ahí comenzó la historia del pagamento, por medio de una empresa interpuesta para redondear su sueldo de periodista de la cadena Globo. Según explica Dutra, Henrique Cardoso, que gobernó el país desde 1995 a 2002, entregó 100.000 dólares a Brasil S.A. Exportação e Importação para que fueran girando de esa suma a la periodista a razón de 3.000 dólares al mes.

El contrato, reproducido en parte por A Folha de S. Paulo, especifica que Dutra llevará a cabo “servicio de acompañamiento y análisis de mercado de ventas al por menor a viajeros”. La experiodista comenta que jamás pisó “una tienda en su vida para trabajar”. El empresario Jonas Barcelp, dueño de Brasil S.A., asegura que “alguna cosa hay, sí”, pero añade que no se acuerda de los detalles.

Por su parte, Fernando Henrique Cardoso, a través de una nota enviada a A Folha de S. Paulo, negó el pasado jueves haber utilizado una empresa interpuesta para enviar dinero a Tomás, y aseguró que siempre que le ha girado sumas lo ha hecho a través de cuentas legales que él posee en el extranjero. Ayer matizó un poco más por medio de otra nota: “En referencia a la empresa citada, se trata de un contrato hecho hace más de 13 años, sobre el cual no tengo condiciones de manifestarme hasta que la empresa en cuestión no haga las aclaraciones pertinentes”.

Sea como fuere, la bomba mediática soltada por Dutra ha explotado en un momento delicado del país, muy polarizado políticamente, y en el que las acusaciones o las sospechas de corrupción llegan a casi todas las esferas del poder.

Lula y Rousseff

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), ha visto su nombre en las primeras páginas de los periódicos recientemente: la policía investiga si ha recibido regalos (un apartamento en la playa y una finca en el campo) provenientes de empresas con ramificaciones implicadas en la maraña corrupta de Petrobras. La misma presidenta, Dilma Rousseff, también del PT, aunque por un asunto distinto —haber maquillado cuentas públicas para burlar las normas legales del déficit público— se enfrentará en las próximas semanas a un periodo de destitución parlamentaria (impeachment) de resultado incierto y que puede poner el país patas arriba desde el punto de vista político.

En un ambiente tan crispado por todas estas situaciones, el mismo jueves, día en que se publicó la entrevista de Dutra, algunos parlamentarios del Partido de los Trabajadores, adversario del PSDB, formación de Henrique Cardoso, solicitaron a la Fiscalía brasileña que investigue los envíos de dinero, susceptibles, a su juicio, de esconder tráficos de influencias. Ayer, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, aseguró que la policía se ocupará del asunto. El terremoto político continúa.

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