Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
TRIBUNA

Dos crisis, dos medidas

Abismo político y respuesta judicial en Brasil y México

Desde hace algunos meses, la crisis económica y el abismo político en el que se encuentran los gobiernos de Brasil y México han ocupado editoriales y portadas de los principales diarios internacionales. Mientras Brasil enfrenta una recesión económica agravada por una débil gobernabilidad, México se hunde en una pocilga moral caracterizada por la corrupción endémica y una crisis de derechos humanos que ha tocado fondo. Si la corrupción a gran escala es el elemento común de la crisis atravesada por los dos gigantes latinoamericanos, la respuesta de las instituciones que administran justicia difiere considerablemente en cada uno de ellos.

En Brasil, el activismo judicial ha ayudado a desmantelar estructuras de corrupción y a romper la inercia de impunidad. En junio de 2015, el presidente de Odebrecht resumió dicha inercia al afirmar que derribaría la república caso fuese detenido en la investigación sobre contratos irregulares de Petrobrás, conocida como operación Lava Jato. Marcelo Odebrecht lleva varios meses detenido, al igual que altos ejecutivos, banqueros y ex ministros. Muy a pesar del presagio del presidente de la constructora más grande de Latinoamérica, la república sigue de pie en Brasil, no tanto por la armonía entre los poderes que la conforman, sino por la reivindicación de que no hay poder político ni económico por encima de la ley.

En el ámbito del poder político, los ejemplos de madurez del Estado de Derecho brasileño son aún más evidentes. El 25 de noviembre de 2015 el líder del partido de gobierno en el Senado, Delcídio do Amaral, fue detenido por intentar obstaculizar la operación Lava Jato. Diez días después, la residencia del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, amaneció repleta de policías federales con órdenes judiciales para incautar evidencias de participación en diferentes delitos. En la misma fecha, el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados decidió admitir un pedido de casación contra Cunha. La última página de esa novela tuvo lugar el 3 de febrero, cuando el procedimiento de casación retrocedió a la etapa inicial en el Consejo de Ética. Ante las dificultades para que Cunha rinda cuentas en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal deberá pronunciarse sobre dos acciones interpuestas por la Procuraduría General de la República. La primera pide la suspensión de su mandato por obstaculización de la justicia, y la segunda pide su condena penal y casación debido al recibo de coimas en contratos irregulares celebrados por Petrobrás.

Si el costo de hacer política a través de la corrupción ha aumentado en el Brasil pos-Lava Jato, en México aún no ha habido un movimiento similar. Entidades especializadas reconocen algunos avances, tales como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en abril de 2015. Sin embargo, resaltan que los escándalos en los que se han visto envueltos políticos y empresarios cercanos al gobierno no han tenido una respuesta judicial adecuada. Casualmente, México aparece 19 posiciones por debajo de Brasil en el índice de percepción de la corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional.

Entre los escándalos más ruidosos, destacan las adquisiciones inmobiliarias por parte de la primera dama y secretarios de gobierno, con valores sospechosamente bajos, a empresas que poseen millonarios contratos con administraciones priistas. Ante la presión de la opinión pública, en febrero de 2015 Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade titular de la Secretaría de Función Pública. Su primer encargo fue investigar a quienes aparecían en la lista de compradores de mansiones en rebaja, incluyendo a la pareja presidencial y al Secretario de Hacienda, amigo personal del igualmente priista Virgilio Andrade. La Secretaría de Función Pública no solo descartó la existencia de irregularidades en el incidente de los inmuebles, sino que protagonizó su propio escándalo: el cobro de viáticos exorbitantes por parte de sus funcionarios en misión fuera del país. 

Otro escándalo de gran proporción tuvo lugar el 15 de enero, cuando Humberto Moreira, ex presidente del PRI, fue detenido en España, bajo acusaciones de lavado de dinero ventiladas en tribunales estadounidenses. La reacción de las autoridades mexicanas fue inmediata, no exactamente para esclarecer las graves denuncias que recaen sobre el barón priista. Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Embajada mexicana en Madrid intercedieron con el fin de que se levantara la detención de Moreira. El 23 de enero Moreira fue liberado y el 4 de febrero regresó a México, donde la posibilidad de que vuelva a ser encarcelado es naturalmente más baja.

Más allá de la ineptitud de las autoridades judiciales mexicanas frente a los escándalos de corrupción, su impericia ha sido deliberada en los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos. Un ejemplo es la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, en septiembre de 2014. Según la PGR, los estudiantes fueron ejecutados y calcinados en un basurero municipal en Cocula. Sin embargo, un grupo de expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedido del propio gobierno mexicano, ha desvirtuado la “verdad histórica” difundida por la PGR. El 10 de febrero el Equipo Argentino de Antropología Forense reiteró que no se produjo la quema de restos mortales en el basurero de Cocula para la fecha de las desapariciones y subrayó otras inconsistencias en exámenes médico-forenses sobre los cuales la PGR fundamenta su “verdad histórica”. Pese a lo anterior, la PGR no ha variado su línea de investigación, a todas luces incompatible con lo recomendado por expertos con décadas de experiencia en la investigación de desapariciones colectivas.

Mientras las instancias judiciales son parte de la solución para la crisis atravesada por el Estado y la sociedad brasileña, en México la población mira cada vez más hacia los organismos internacionales como la última esperanza para afrontar la corrupción y la impunidad. En lugar de apoyarse en tales organismos para depurar las demás instancias del Estado, las entidades que administran justicia y en particular la PGR parecen haberse conformado con ser el hazme reír de la comunidad internacional y el hazme llorar de la población mexicana.

* Daniel Cerqueira es oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso. Twitter: @dlcerqueira