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Bolivia detiene a una exnovia de Morales por un caso de fraude

Gabriela Zapata es acusada de enviar cartas con propuestas a nombre del Gobierno

El Gobierno boliviano detuvo ayer a la exnovia y madre de un hijo fallecido del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. Esta empresaria de 28 años, lobista de varias empresas chinas afincadas en el país y gerente comercial de CAMC —la principal contratista de esta nacionalidad del Estado— ha sido acusada de enviar cartas con propuestas de negocios a nombre del Gobierno, sin autorización para ello. 

Evo Morales perdió el pasado domingo el referéndum que planteó para reformar la Constitución y poder habilitarse para candidatear por cuarta vez consecutiva, en 2019, al final de su actual mandato. Uno de los motivos de su derrota fue el escándalo pocas semanas antes de la cita con las urnas, cuando se reveló la existencia de Zapata y de su relación con el presidente. En ese momento este afirmó que la relación solo había durado de 2005 a 2007, había terminado después de la muerte del hijo que la pareja concibió, y que no había vuelto a ver a la mujer desde entonces. Luego tuvo que matizar esta afirmación, por la aparición de una foto que lo mostraba con ella en una fecha posterior.

En torno a esta revelación se produjeron innumerables conjeturas y rumores, pero también se revelaron cartas firmadas por Zapata para predisponer a determinadas autoridades a favor de las empresas chinas que decía representar, o para solicitar reuniones de negocios. En las cartas que hasta ese momento se filtraron, Zapata no afirmaba que ocupaba un puesto oficial.

Tráfico de influencias

Al calor del escándalo también se supo que la empresaria tenía una vida de lujo, se daba caprichos como no pagar las sanciones por infracciones de tránsito, pagaba a las revistas locales del corazón para aparecer en sus portadas y, en general, buscaba una alta exposición social.

Evo Morales ha estado afirmando desde el inicio de esta especie de culebrón nacional que había sido un desliz personal, pero no un caso de tráfico de influencias, puesto que Zapata había actuado sin su consentimiento. Antes del referéndum, la justicia ejecutó el cobro de una penalización por 86 millones de dólares contra la CAMC para garantizar su papel en la construcción de un ferrocarril, el cual no había podido concluir a tiempo. A esta sanción se suma la reciente detención de Zapata, en respaldo de la verosimilitud de la versión del presidente.