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La dura reforma laboral de Hollande ahonda la división en la izquierda

El proyecto del Gobierno deja en papel mojado la sagrada ley de las 35 horas semanales

La reforma laboral en Francia, exigida durante años por Bruselas o Berlín, está lanzada y ya ha originado un terremoto político y sindical antes de ser presentada oficialmente el 9 de marzo. El proyecto fulmina de facto principios sagrados de la izquierda, como el horario laboral legal de 35 horas semanales. Y admite los despidos colectivos, con indemnizaciones rebajadas, por dificultades económicas de las empresas. El ala izquierda del gubernamental partido socialista la rechaza frontalmente y los grandes sindicatos anuncian movilizaciones.

Tras cinco derrotas electorales consecutivas en los dos últimos años –de las europeas a las regionales pasando por las municipales o las departamentales- y a solo 14 meses de las presidenciales, la ya dividida izquierda francesa afronta otra brutal batalla interna a cuenta de esa dura reforma laboral. Está “inspirada” en la actual norma española del Gobierno de Mariano Rajoy, como admite el primer ministro, Manuel Valls.

La reforma solo ha sido saludada por la derecha y por la patronal francesa Medef , que considera que “va en el buen camino”. Algunos de sus dirigentes se han sorprendido de que un Gobierno socialista plantee medidas que ni el conservador Nicolas Sarkozy se atrevió a poner en marcha en la anterior legislatura. Es el caso de esos despidos colectivos que el proyecto de ley contempla por “descensos en pedidos o cifra de negocios”, “cambios tecnológicos” o “reorganizaciones para mantener la competitividad”.

Los acuerdos adoptados en cada empresa se convierten en la norma para fijar horarios o sueldos

Aunque no suprime la ley de 35 horas, el Gobierno da amplias posibilidades a las empresas para saltarse el límite por reestructuraciones, apertura de nuevos mercados o “causas excepcionales”. O para bajadas salariales generalizadas para conquistar nuevos mercados. Las indemnizaciones por despido injustificado se concretan más para evitar interpretaciones judiciales. Las máximas pasan de 27 a 15 meses para trabajadores con más de 20 años de antigüedad.

Como norma general, los acuerdos adoptados en el seno de las empresas, entre los propietarios y los representantes de los trabajadores, estarán por encima de los pactos sectoriales o incluso de los contratos individuales. “La primacía del acuerdo de empresa respecto al tiempo de trabajo pasa a ser el principio de derecho común”, dice el proyecto, que deja así menos protegidos a los empleados de pequeñas empresas.

La izquierda radical se ha levantado en armas. Y especialmente el ala crítica de los socialistas, que acusa de nuevo al Ejecutivo de hacer continuos regalos a los empresarios. En un manifiesto suscrito por 18 personalidades, entre ellas diez parlamentarios socialistas, los firmantes aseguran que la propuesta no es “ni verdadera reforma ni social” y que provoca “no solo decepción, sino también cólera”.

Los socialistas críticos dirigen sus dardos especialmente contra el primer ministro, Manuel Valls, al que consideran responsable de la “deriva socioliberal” del Ejecutivo que, auguran, les lleva a una derrota sin paliativos en las presidenciales del año que viene. Le acusan, además, de haber elaborado el amplio y detallado proyecto –más de 100 páginas- casi en su totalidad aunque lo presente como suyo la titular de Trabajo, Myriam El Khomri, que aceptó la cartera en septiembre pasado con 37 años.

Horarios y despidos

35 horas. Ahora se pueden superar por acuerdo en cada empresa para mantener el empleo. Con la reforma, podrá hacerse en caso de reestructuración, apertura de nuevos mercados o causas excepcionales.

Despidos. Podrán producirse por descenso de pedidos, deterioro de cifra de negocios, cambios tecnológicos o reorganizaciones

Indemnización. Registran una rebaja general. De cuatro a tres meses de salario si la antigüedad es inferior a 2 años. De 27 a 15 si supera los 20 años.

Horas extra. Podrán pagarse por debajo del acuerdo sectorial si empresa y comité sindical lo aceptan. También podrán pactarse bajadas salariales. Los sindicatos minoritarios podrán convocar referendos en las empresas contra acuerdos de los mayoritarios.

Para los sindicatos, es “una vuelta al siglo XIX”, en palabras del líder de la mayoritaria CGT (Confederación General del Trabajo), Philippe Martinez. Por vez primera en muchos años, las cinco organizaciones más importantes se han puesto de acuerdo para exigir cambios radicales en el proyecto y preparar movilizaciones para el mes que viene.

Entre los críticos, destaca de nuevo la alcaldesa de Lille, Martine Aubry, autora de la ley de 35 horas siendo ministra de Trabajo en 1998. Sus tesis contrarias a la reforma laboral ya han sido apoyadas por medio millón de ciudadanos en otro manifiesto de la izquierda radical. Aubry y varios de sus seguidores anunciaron este domingo que desean abandonar los órganos de dirección del Partido Socialista.

Para Valls, son otros, sus críticos, los que están “anclados en el siglo XIX”, mientras que él o Emmanuel Macron, el titular de Economía también tachado de “liberal”, viven en este siglo porque saben, dice, que “la economía y el progreso social van de la mano”. La reforma laboral, añade, está inspirada “en lo que funciona en otros países, como Alemania, Suiza o España”.

El Gobierno argumenta que, ante el estancamiento de la economía, la reforma mejorará la competitividad de las empresas y disminuirá el desempleo, que alcanza el 10,5%. En una apuesta por la flexiseguridad nacida en Centroeuropa hace dos décadas, el presidente François Hollande afirma que la reforma flexibilizará la contratación y reforzará la seguridad de los empleados. El jefe del Estado gasta así una de sus últimas municiones para volver a ser candidato, una opción que él mismo ha condicionado a la creación de empleo.

Los expertos no lo ven claro. Philippe Martin, del Centro de Derecho Laboral Comparado, comenta a este periódico que esta “revolucionaria ley” que sustituir la ley y los acuerdos sectoriales por una “democracia industrial” (los pactos en las empresas) es una fórmula “populista”. “Parece transmitirse al ciudadano que, a partir de ahora, la ley ya no le protegerá y que los asalariados son ya suficientemente fuertes, inteligentes y lúcidos como para decidir por sí mismos, en cada empresa, si aceptan trabajar más sin ganar más”.