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Argentina llega a un acuerdo con los fondos buitre tras 14 años de pugna

El mediador anuncia el pacto con el inversor más duro, por 4.653 millones de dólares

El presidente de Argentina, Mauricio Macri. Foto: Getty Images | Vídeo: Reuters Quality

La batalla entre Argentina y los fondos buitre ha terminado en un principio de acuerdo después de 14 años de batallas y procesos judiciales desde la crisis de finales de 2001. El mediador entre las partes, Daniel A. Pollack, anunció este lunes el pacto entre el Gobierno y el más duro de los inversores en la pugna, Elliott Management, dirigido por Paul E. Singer. Esta era la parte más difícil, pero ahora queda una segunda también compleja: Mauricio Macri trabaja desde hace días para lograr los apoyos en el Congreso y el Senado para aprobar este acuerdo, que está sujeto al respaldo parlamentario. Macri está en minoría en las dos cámaras pero la división de la oposición y su promesa a los gobernadores peronistas de que gracias a este acuerdo todos se podrán endeudar parece abrir la puerta a la solución definitiva a un conflicto que tiene a Argentina fuera de los grandes circuitos de financiación internacional.

Pollack advirtió a la prensa de que el acuerdo expirará el 14 de abril, si no se ha realizado el pago, un desembolso que, dejó claro, se hará "en efectivo, en dólares verdes". "Me han parecido miles de años", señaló el mediador en su comparecencia, para resaltar lo intenso de las negociaciones durante los últimos meses.

La exclusión, muy polémica en un país donde los fondos buitre son un asunto de conversación permanente, ha tenido una consecuencia positiva: el país tiene uno de los niveles de endeudamiento público más bajos de su historia. Pero después de cuatro años con la economía prácticamente estancada, Macri quiere buscar inversiones y está abierto a endeudarse para financiar grandes proyectos que reactiven la economía. El pacto con los fondos buitre es el primer gran paso en esa nueva estrategia. Argentina romperá así su aislamiento y volverá de forma definitiva a la ortodoxia económica, un giro que es muy polémico en este país -Macri ha empezado a sufrir las primeras movilizaciones y huelgas de empleados públicos- pero tiene un fuerte respaldo internacional en especial en la Unión Europea, EE UU y organismos como el Fondo Monetario Internacional.

El acuerdo se firmó el domingo por la noche después de tres meses de negociaciones intensas en Nueva York y afecta a un montante de deuda 4.653 millones de dólares. El Ejecutivo de Macri había llegado hasta ahora a pactos con inversores de menor tamaño, pero este era el grupo más difícil. Si se consuma, el acuerdo implica que los fondos de Singer y otros cobren el 75% de la deuda, incluidos en principal y los intereses, además de algunos gastos legales derivados de los últimos 15 años por 235 millones. Supone la paz con el 85% de las demandas. En total, para cubrir todas las deudas con los fondos, no solo los más duros, Macri ofrece 6.500 millones de dólares. El acuerdo, que implica una quita del 25%, supone una mejora respecto a pactos previos con otros accionistas, de hasta el 30%.

"Este es un paso de gigante en este largo proceso judicial, pero no el paso final", advirtió Pollack en el comunicado. Pollack se refiere expresamente a la necesidad de que el Congreso de Argentina derogue la norma sobre el pago de deuda soberana que aprobó el anterior Gobierno, de Cristina Fernández de Kirchner. Se la llama ley cerrojo y precisamente está pensada para que ningún Gobierno pueda cerrar un acuerdo con los buitres. Las partes esperan que el proceso no se demore más de seis semanas, y Macri, que inaugura este martes las sesiones parlamentarias con un gran discurso anual, tiene a todo su equipo trabajando para buscar voto a voto. Los fieles a Fernández de Kirchner rechazan este acuerdo pero fuentes de este sector admiten que Macri muy probablemente encontrará los votos porque está presionando muy fuerte a los gobernadores. Muchos diputados y senadores obedecen al gobernador de su provincia antes que al jefe de grupo parlamentario.

Este principio de acuerdo el punto final a una batalla de Argentina con un grupo de inversores minoritario, pero con un poder decisivo, que rechazaron formar parte de los acuerdos a los que el Gobierno de Argentina  llegó en 2005 y en 2010 con casi el 93% de los acreedores y que conllevaban importantes quitas. Son fondos como el de Singer, especializados en comprar deuda de países con problemas y acudir después a los tribunales para sacar el mayor provecho posible. Por eso se le llama coloquialmente buitres.

Ahora Buenos Aires tendrá que apelar a los propios mercados financieros para pagar esas deudas, una búsqueda de financiación en las que los fondos del acuerdo han prometido no interferir. Argentina calcula que pagar a todos sus deudores, incluidos los bonistas italianos con los que acordó hace un mes, tendrá que pedir al mercado a través de bonos unos 12.000 millones de dólares.

Con el pago, las órdenes judiciales activadas por el juez de Nueva York Thomas Griesa contra Argentina quedarán automáticamente desactivadas, según explicó Pollack. Además de Elliott Management, el acuerdo incluye a Aurelios Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital. El acuerdo llega así antes de que Macri hable en el Congreso y antes de que el presidente de EEUU, Barack Obama, viaje a Buenos Aires el 22 de marzo. Es un viaje especialmente simbólico porque supone el respaldo definitivo al giro de 180 grados en política exterior argentina que ha dado Macri. El respaldo indirecto del Gobierno de Obama a la negociación con los buitres ha sido clave, según fuentes del Ejecutivo argentino.

14 años de pulso legal

Alejandro Rebossio

El acuerdo entre Argentina y los fondos buitre que se anunció ayer pone fin a una batalla judicial que comenzó hace 14 años con la mayor suspensión de pagos de la historia de un país.

La historia del conflicto del pasivo argentino comienza en los años noventa. El endeudamiento de la tercera economía latinoamericana creció sobre todo en los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) y acabó declarando el impago en diciembre de 2001, en una de las peores crisis políticas, económicas y sociales de la historia de Argentina.

Desde 2001 en adelante los fondos buitre, como NML, Dart y Aurelius, empezaron a comprar los depreciados bonos argentinos con el único objetivo de demandar después en los tribunales por el 100% de su valor original.

Son fondos que siempre rechazan las reestructuraciones de deuda y tarde o temprano acaban cobrando lo reclamado, como ya sucedió con Perú, Congo, Panamá, Grecia, Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Paraguay o Brasil. Pero también demandaron entonces a Argentina aquellos acreedores que habían invertido en bonos de este país en los años o meses anteriores al impago, sin la intención original de litigar.

Bajo el mandato de Néstor Kirchner, elegido por las urnas en 2003, se iniciaron las negociaciones con los acreedores, a los que ofreció una quita del 75% del capital original de la deuda. Alegaba que era la única manera que tenía su país de volver a crecer y a cumplir con sus obligaciones.

Dos años más tarde, se abrió el canje de deuda. Para entonces, la oferta argentina suponía una poda real del 66%, según calculaban entonces los inversores. La inmensa mayoría aceptó canjear las deudas porque prefería cobrar algo que seguir litigando. El 23,9% de los acreedores siguió adelante con sus demandas.

En 2010, la entonces presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner reabrió el canje de deuda. Como los nuevos títulos públicos argentinos se habían apreciado después de varios años de alto crecimiento económico, la quita real implicaba ya no el 66% sino el 50%, según los analistas.

El 92,4% de los acreedores aceptaron su oferta y el restante 7,6% es el grupo de acreedores que hasta ahora sostienen el juicio contra Argentina por unos 20.000 millones de dólares entre el capital, los intereses vencidos y las multas por impago.

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