Tiempos de “Austeridad Inteligente”

Las tasas supersónicas de crecimiento en China y los precios astronómicos de las materias primas se han desplomado. Por su parte, la normalización de la política monetaria emprendida por la Reserva Federal de los EE UU mediante el alza de las tasas de interés, y la consiguiente apreciación del dólar, han dado lugar a una reevaluación del riesgo de invertir en las economías emergentes y a una fuerte reversión de las afluencias de capital. Como resultado, la bonanza de la que gozaron varias de las economías emergentes y naturalmente buena parte de América Latina por casi una década, ha llegado a su fin.

América Latina ha sido fuertemente golpeada. Las tasas de crecimiento de las economías se desplomaron y la reacción de los gobiernos serios de la región a esta desaceleración abrupta ha sido la introducción de medidas de austeridad para contener el gasto público y aumentar los ingresos. Estas medidas se adoptan justo en un momento en el que las economías regionales se están enfriando bruscamente y en donde el panorama sociopolítico se está volviendo peligrosamente tóxico por los escándalos de corrupción que han salido a la luz aquí y allá y por la frustración de expectativas después de una década de crecimiento exuberante, dando lugar a un descontento social generalizado.

En los tiempos económicos y socio-políticos que corren, sería un error reaccionar con la mentalidad de los años 1980 y 1990, ya sea para las economías de América Latina, otros mercados emergentes o para el sistema global. En un mundo con tasas de interés que han tocado fondo, el concepto de austeridad debe ser reexaminado.

En otras palabras, necesitamos un cambio de paradigma hacia una austeridad inteligente. Tomemos como ejemplo a América Latina, una región con un enorme déficit de infraestructura que impide la conectividad entre los mercados regionales y con los mercados globales. Una región con una calidad de educación que deja mucho que desear y en la que, de acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), administrado por la OCDE, el 60 % de los estudiantes de 15 años no reúnen las destrezas mínimas para insertarse productivamente en los mercados formales de trabajo y en la sociedad de conocimiento.

Los niveles de informalidad andan por los cielos. Siete de cada diez personas en el país latinoamericano típico trabaja en el sector informal, llevando a una suerte de miniaturización de las economías en la que una parte desproporcionadamente alta de la producción se genera en empresas muy pequeñas y de muy baja productividad.

Sería natural que los países de la región aprovecharan estos tiempos de tasas de interés históricamente bajas para invertir en infraestructura física y tecnológica y en capital humano y —como sugirió el recientemente el profesor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard— en vivienda, transporte urbano y servicios sociales con el fin de conectar a los trabajadores informales con las redes urbanas en donde la producción moderna se lleva a cabo.

Ante el temor a perder la confianza de los mercados, los países de la región prefieren optar por la prudencia y cercenarse estas posibilidades. Es comprensible. Ya tenemos demasiadas crisis en nuestro haber que han causado mucho sufrimiento. Para que esto efectivamente ocurra la mayoría de los países no pueden hacerlo por sí solos, sino que la comunidad internacional debe desempeñar un papel clave para garantizar que este tipo de inversiones no dejen de realizarse.

Para ello, los bancos de desarrollo deberían volver a los principios básicos que inspiraron su creación y utilizar su capacidad para captar recursos financieros y de capital en los mercados globales a tasas muy bajas, para canalizar esos recursos hacia los mercados emergentes, y utilizar su capacidad de monitoreo para asegurar que esos recursos habrán de canalizarse a su vez hacia inversiones socialmente productivas.

El FMI debería garantizar que únicamente se canalicen recursos a países con un marco macroeconómico coherente y asegurar que inversiones socialmente productivas no sean computadas como parte del déficit fiscal porque en términos económicos, no lo son. De esta forma, las agencias de calificación y los mercados tendrán la certeza de saber que estos recursos abundantes y baratos se están utilizando de forma inteligente y exclusivamente por los países elegibles en proyectos socialmente rentables.

Es en el mundo emergente en donde se encuentran muchas, si no la mayoría, de las oportunidades de inversión socialmente rentables. Si el sistema financiero global no quiere asumir los riesgos o no está en condiciones de realizar la tarea de asignar los recursos financieros y de capital excedentes hacia las economías emergentes, las instituciones financieras internacionales deberían intervenir para llenar el vacío, ya sea directamente o promoviendo asociaciones público-privadas o apalancando inversiones del sector privado.

Las bajas tasas de interés no son un cheque en blanco para gastar de manera irresponsable. Después de todo aún si los países obtienen recursos a una tasa de interés de cero por ciento, deben devolver el capital. El apoyo de la comunidad internacional a políticas de austeridad inteligente que combinen un marco macroeconómico creíble con programas de gasto público responsable, extendería los beneficios de las bajas tasas de interés a las economías emergentes y ayudaría a reactivar el crecimiento global.