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Un caso sobre el aborto divide al Tribunal Supremo de Estados Unidos

Los jueces estudian si una ley de Texas limita el derecho al aborto

Concentración ante el Supremo en Washington. AP

Una demanda sobre el derecho al aborto llegó este miércoles al Tribunal Supremo de Estados Unidos por primera vez en casi una década. La Corte, marcada aún por el fallecimiento del juez conservador Antonin Scalia, revisa este curso una ley de Texas que impone nuevas restricciones a las clínicas y doctores que practican abortos y que amenaza con cerrar el 75% de los centros en el Estado, según los demandantes. Los jueces deberán determinar si las nuevas restricciones limitan el acceso al aborto.

El caso pendiente ante el Tribunal puede modificar por primera vez en varias décadas la ley que protege el derecho al aborto de las estadounidenses y está considerado como uno de los más importantes del año, como reflejaba esta mañana una multitud de centenares de personas que se manifestaron ante el Supremo. La sentencia judicial puede resultar en un empate a cuatro entre ocho jueces por la ausencia de Scalia, cuyo asiento permanecía cubierto este miércoles por un velo negro. El dictamen se conocerá además esta primavera y su impacto puede tener eco en la campaña electoral por la presidencia.

Los ocho jueces deberán determinar si la legislación aprobada por Texas en 2013 crea una “carga indebida” sobre las mujeres que quieren abortar, con el único objetivo de imponerles obstáculos para ejercer uno de sus derechos constitucionales. El Gobierno de Texas alega que la ley solo busca mejorar calidad de la atención médica, aumentando la seguridad de las mujeres que quieren abortar. Los detractores de la ley argumentan por el contrario que ya ha provocado el cierre de 22 de las 41 clínicas existentes en Texas y que ese número puede reducirse hasta apenas nueve.

La audiencia, de cerca de 90 minutos, mostró a los jueces divididos en dos grupos. Los conservadores, incluido el presidente del Tribunal, John Roberts, se mostraron escépticos ante la acusación de los demandantes, que alegan que la ley en cuestión es la responsable directa del cierre de clínicas en Texas. Tanto Roberts como Anthony Kennedy, que podría decantar la sentencia a uno u otro lado, reclamaron en repetidas ocasiones por qué no había pruebas directas en la documentación que respalden estos argumentos.

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Texas es uno de los Estados más restrictivos del país desde 2013.

La posición contraria la pusieron de manifiesto los jueces más progresistas, liderados por Sonia Sotomayor, Ruth Ginsburg y Elena Kagan. Las tres mujeres de la Corte disputaron a Scott Keller, abogado defensor de Texas, qué interés tiene el Estado en aumentar la seguridad de los procedimientos médicos para abortar cuando su riesgo es tan reducido. “¿Cuál es el problema que están intentando resolver ustedes?”, preguntó Ginsburg. “¿Cuál es el beneficio de exigir que una mujer se tome dos pastillas en un centro quirúrgico cuando no hay ninguna operación de por medio?”.

“El Estado de Texas decidió actuar porque encontró que el aborto todavía puede ser aún más seguro?”, respondió Keller. El gobierno estatal defiende desde 2013 que su intención es proteger la salud de las mujeres que abortan, a través de leyes como ésta para aumentar la seguridad en los centros médicos. Pero Texas se topó este miércoles con duras cuestiones planteadas por el juez Stephen Breyer, del ala más liberal de la Corte. Breyer argumentó que el cierre de clínicas no sólo limita la posibilidad de acceder a un aborto, sino que también la retrasa, por lo que más mujeres pueden verse empujadas a provocar ellas mimas la interrupción de su embarazo. “Sabemos que esto dispara la mortalidad”, aseguró el juez, “así que su su objetivo es realmente aumentar la seguridad, ¿es esta ley la verdadera solución?”.

Sotomayor también puso en duda qué sentido tiene que Texas limite el número de licencias otorgadas a médicos para que puedan practicar abortos, como ha ocurrido en la localidad de McAllen, o que hayan decidido aumentar las garantías de seguridad que no exigen en dentistas ni clínicas de cirugía estética, donde los riesgos pueden ser mayores. La juez Kagan afirmó que las liposucciones conllevan más riesgos. El juez Breyer aportó que las colonoscopias son 28 veces más arriesgadas que un aborto y preguntó “cuál es el beneficio real de esta ley”.

Ginsburg comparó las restricciones impuestas por Texas con una limitación del derecho de la mujer a decidir si interrumpe su embarazo como la que suponía hasta los años 90 que una mujer debiera contar con la autorización de su esposo para abortar. “¿Por qué haría Texas algo así?”, añadió Kagan. Frente a los ocho jueces, el abogado Keller insistió en que el objetivo era prevenir complicaciones, pero se vio acorralado sin poder justificar con cifras ni casos concretos cuántas mujeres las han evitado gracias a la nueva legislación.

La sentencia de esta demanda no se conocerá hasta bien avanzada la primavera, incluso en el mes de junio. En el caso de un empate a cuatro votos, prevalecerá el dictamen elaborado por la Corte de Apelaciones de rango directamente inferior al Supremo, y la última en estudiarlo. Aquel tribunal dio la razón al Estado de Texas, por lo que la ley seguiría en vigor, pero la sentencia no afectaría a todo el país, por lo que otros Estados podrían aprobar normativas similares a falta de una limitación a nivel federal.

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