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La CIDH pide a México que rompa el ciclo de impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve una “grave crisis” de DD HH en México

Manifestación en Matamoros, México, en protesta por los desaparecidos de Iguala REUTERS

Impunidad, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura institucionalizada, justicia simulada… y vuelta a empezar en un círculo vicioso que se repite desde hace años, si no décadas. La “grave crisis” de derechos humanos que atraviesa México no se limita a casos conocidos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa o el Tlatlaya, donde se ha establecido la implicación de militares en el asesinato a sangre fría de una quincena de civiles. La crisis es profunda, viene de largo y trasciende gobiernos porque es, en el fondo, estructural. No hay forma de maquillar las cifras y preocupantes señalamientos que se acumulan en el informe sobre la “Situación de derechos humanos en México” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el primero completo del país desde 1998, y que fue publicado este miércoles.

La conclusión es clara: “La respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad”, subraya el informe. “Reconocemos que el Estado ha tomado algunas medidas importantes, que el marco legal ha avanzado bastante, pero hay que cerrar la brecha enorme entre la promesa del marco legal de los derechos humanos y la realidad que vive el pueblo mexicano”, abundó el presidente de la CIDH y relator para México, James Cavallaro, en entrevista con EL PAÍS. “El papel aguanta todo, como dicen, pero hay que hacer valer las garantías”, insistió.

Y fuera del papel, lo que los comisionados de la CIDH vieron durante su visita a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015 fue tan preocupante que incluso llevaron a su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, a decidir regresar este mismo año a su país a trabajar en los desafíos que tiene México ante sí en materia de derechos humanos.

Miles de desaparecidos

Uno de los asuntos que más preocupan a la CIDH son las desapariciones y desapariciones forzadas como las de Ayotzinapa. Las cifras oficiales hablan de 26.798 personas “no localizadas” a nivel nacional. “Especialmente grave —señala el informe— es la información amplia y consistente recibida sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas”.

“Esto es algo que se esperaba haber superado en el continente con el fin de los regímenes autoritarios, pero aquí estamos hablando de cifras verdaderamente alarmantes”, alertó Cavallaro.

Ayotzinapa constituye también “una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos”, así como “la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes”, continúa el informe.

Y si sucede en un caso que ha contado con tanta atención mediática, nacional e internacional, y con acompañamiento de instituciones como la CIDH, “multiplica ese caso por las 26.798 personas no localizadas. Ahí se comienza a ver las deficiencias, no solo en la investigación, sino en la falta de decisión política desde arriba de esclarecer de forma absoluta lo que pasó”, señala Cavallaro.

Las preocupaciones de la CIDH con la situación de derechos humanos en México no acaban allí. Mención especial tienen algunos grupos especialmente afectados por la violencia en el país, desde defensores de derechos humanos a indígenas, adolescentes, inmigrantes y, como siempre desde hace años, los periodistas en uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. En el informe también vuelven a surgir los nombres de Tlatlaya o Apatzingán relacionados con “incidentes trágicos de violencia con participación de agentes del Estado”. Unos casos que “requieren la revisión del uso de la fuerza en México”, así como la “adopción e implementación de medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación con operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de vida”, subraya el informe.

Este destaca asimismo la “alarmante práctica de la tortura” en México, donde hasta abril de 2015 había 2.420 investigaciones abiertas por denuncias de torturas y solo 15 sentencias condenatorias a nivel federal por ese delito. La tortura, denuncia la CIDH, es una práctica “generalizada”. Con un agravante añadido: suele producirse “entre el momento de una detención, que suele ser arbitraria, y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez”. En un sistema judicial como el mexicano, donde rige el principio de inmediatez procesal, esto es especialmente grave, puesto que hace que la primera declaración del detenido, pese a que haya podido ser obtenida bajo tortura, tenga más peso que las posteriores que pueda hacer.

Completan el sombrío cuadro del informe los “niveles críticos de impunidad” y la “atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”. En suma, una “falta de rendición de cuentas que fortalece un clima muy infeliz de inseguridad e impunidad” y que genera una profunda “desconfianza” en la población ante lo que perciben como un “simulacro de justicia, como si no hubiera voluntad real de esclarecer los casos”, resumió Cavallaro.

¿Cómo y por dónde empezar a cambiar las cosas? Es importante recordar, según Cavallaro, que el problema no es solo de un gobierno concreto, sino estructural. “No estamos escribiendo un informe para el presidente, estamos haciendo una evaluación de los problemas, junto con recomendaciones para el Estado mexicano. Y creemos que son soluciones que van a demorar años, porque no es algo sencillo, son problemas graves, estructurales”.

Dicho lo cual, un primer paso fundamental, apuntó, es “reconocer que México atraviesa una crisis grave” y aceptar las recomendaciones de “una comunidad internacional dispuesta a colaborar”. Solo así podrá México afrontar lo que la CIDH identifica como su “gran desafío”: “Romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”.