México emite un fallo histórico en el caso de los migrantes masacrados en San Fernando

Después de cinco años la Suprema Corte de Justicia reconoce como víctimas a los familiares de los migrantes asesinados en San Fernando

Los 72 cadáveres encontrados en San Fernando en 2010. AFP

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció como víctimas a los familiares de dos migrantes asesinados por Los Zetas en 2011 en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas (noreste de México). Además obligó a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) a entregarles copia del expediente de la investigación que inició sobre estos hechos. El fallo considerado histórico se logró tras una lucha de casi cinco años por parte de los familiares y organizaciones sociales.

En julio de 2012 Alma Yessenia Realegeño recibió una llamada de la Fiscalía de El Salvador para informarle que los restos de su hermano Manuel Antonio habían sido encontrados en una de las 47 fosas descubiertas en San Fernando en 2011. El mismo aviso la recibió Bertila Parada, madre del salvadoreño Carlos Alberto Osorio. En 2013 la Cancillería de su país les pidió que acudieran a firmar la autorización a fin de que los restos de sus parientes fueran cremados y repatriados a su país. Las mujeres rechazaron la petición que se hacía desde México porque les negaron los documentos que acreditaran la identidad de los fallecidos. Desde entonces ambas comenzaron una batalle legal en contra de las autoridades mexicanas. 

La PGR les negó todos sus derechos de víctimas, como tener representantes legales, copias del expediente judicial y nombrar peritos independientes para verificar la identificación del cuerpo de sus familiares. “Para mí fue como si mi hijo volviera a desaparecer después de muerto”, ha manifestado Bertila. Ella ha estado acompañada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en la batalla legal.

Este miércoles la primera sala de la Corte se ha pronunciado al respecto. El proyecto de dictamen fallado a favor de Bertila y Yessenia considerado histórico obliga a las autoridades mexicanas a que se les conceda la protección de la justicia y puedan tener derecho a la reparación del daño que establece la Ley de Víctimas. “No esperaba esto pero ha valido la pena por mi hijo y por todos los migrantes masacrados”, dijo la madre de Carlos Alberto tras la resolución.

El fallo de la Corte obliga a las autoridades mexicanas a conceder a los familiares la protección de la justicia. También podrán tener derecho a la reparación del daño

Durante los peores años de la guerra contra el narco los migrantes fueron blanco del crimen organizado. En agosto de 2010, 72 centroamericanos fueron asesinados por Los Zetas –uno de los carteles más sanguinarios- en San Fernando. En abril de 2011, las autoridades hallaron otros 193 cadáveres en diversas fosas en el mismo municipio. Entre ellos estaban los cuerpos de Carlos Alberto y Manuel Antonio. En diciembre de 2014 el National Security Archive –un instituto de investigación de la Universidad de George Washington-, reveló que los agentes municipales de San Fernando también participaron en la masacre.

Apenas un día antes de la resolución de la Corte mexicana, Amnistía Internacional criticó la falta de avances en las investigaciones de la masacre de migrantes. Las pesquisas realizadas por las autoridades han sido insuficientes y las familias siguen reclamando que se les garantice su derecho a la verdad, se cuestionó a través de un comunicado. "El Gobierno mexicano tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones eficientes y de generar un plan integral de reparación del daño para estas víctimas y sus familias que han buscado justicia durante cinco años” afirmó Erika Guevara, directora para las Américas del organismo.

El fallo de la corte podría abrir la puerta para que se aplique el mismo criterio a favor del resto de los familiares de los otros migrantes asesinados. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que 16 parientes de los centroamericanos asesinados serán inscritos en su padrón de víctimas. Con ello se abre un primer paso para que puedan tener acceso a asesoría legal, apoyo psicológico, y hasta reparación del daño.