Florida dará más poder a los jurados con la pena de muerte

Dos meses después de recibir un varapalo del Tribunal Supremo de Estados Unidos por la forma en que durante años ha aplicado la pena de muerte, el Estado de Florida ha puesto en marcha una reforma legal para sortear las objeciones planteadas por la máxima autoridad judicial del país. El Supremo, en una resolución que dictó el pasado mes de enero, consideró ilegal que los jueces del Estado sureño pudieran ordenar la pena capital para un condenado, una decisión que solo pueden tomar los jurados.

El nuevo proyecto de ley exige que al menos 10 de los 12 miembros de un jurado estén de acuerdo en la aplicación de la pena capital a un condenado. Hasta la resolución de enero, los jueces de Florida podían dictar la pena de muerte con una simple recomendación del jurado por mayoría. Esta situación daba un poder excepcional a los jueces de este Estado que, según el Supremo, vulneraba la Constitución de Estados Unidos. Pese a que en 2002, el Supremo ya dijo, en un caso de un condenado en Arizona, que solo los jurados podían ordenar la pena capital, el Estado de Florida siguió haciendo ejecuciones con las meras recomendaciones de los jurados.

El nuevo proyecto de ley ha sido aprobado por el Senado de Florida y será enviado al gobernador del Estado, Rick Scott, para que ratifique la nueva regulación. La resolución del Supremo llegó tras un recurso de un preso, Timothy Lee Hurst, que fue condenado por matar en 1988 a una compañera de trabajo. En el caso de Hurst, el jurado se dividió casi por la mitad: siete miembros recomendaron la pena de muerte y cinco se pronunciaron en contra. Fue con esta recomendación con la que el juez ordenó la pena capital.

El Estado de Florida tiene casi 400 condenados en el corredor de la muerte, una de las cifras más elevadas de Estados Unidos. Desde la sentencia del Supremo, al menos dos ejecuciones se han suspendido debido a la decisión de la Corte.

Recientemente, el Supremo de Florida ordenó que se repita el juicio contra Pablo Ibar, un español que estaba condenado también a pena de muerte por un triple asesinato. Ibar siempre negó su participación en los hechos. Tras casi dos décadas de recursos, Ibar consiguió volver al punto de partida tras convencer a los jueces sobre las dudas que existen en las pruebas aportadas por la fiscalía y subrayar que su atención letrada en los inicios del caso fue deficiente.