Crecen las críticas de juristas a la coerción para el testimonio de Lula

La Operación Lava Jato, que investiga la trama de corrupción en la petrolera brasileña Petrobras, cumple su segundo aniversario el próximo día 17 en medio a su mayor prueba: poner en apuros al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva. A lo largo de sus 24 fases, la investigación ha encarcelado a algunos de los mayores contratistas del país y de América Latina, ha llevado a la cárcel a un senador en activo por primera vez en la historia y ha recuperado 3.000 millones de reales (806 millones de dólares) para las arcas públicas. Desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, la operación es un hito para la justicia brasileña; pero ello no quiere decir que esté libre de críticas, sobre todo tras la conmoción que desató el traslado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva [con una orden de “conducción coercitiva”] a prestar declaración ante la policía federal de São Paulo el viernes. Lula estuvo bajo custodia más de tres horas mientras fuera de las dependencias policiales se producían choques entre sus militantes y opositores, todo ello rodeado de una gran cobertura mediática.

Las voces contra la medida no tardaron en manifestarse. “El investigado no tiene la obligación de declarar. Este procedimiento fue absolutamente irregular, inconstitucional”, dice el profesor de Derecho Penal de la prestigiosa escuela de derecho FGV en Río de Janeiro Thiago Bottino. En una entrevista a la BBC Brasil, el exministro de Justicia José Gregori, que ocupó el cargo en la etapa final del Gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, clasificó la acción de este viernes como “una exageración” y dijo que no conocía “la figura de la conducción coercitiva sin que haya habido antes una convocatoria”. Para Walter Maierovitch, exsecretario nacional Antidrogas, que también sirvió durante el Gobierno de Cardoso, la conducción coercitiva de Lula fue “ilegal, sorprendente y preocupante”.

En su decisión, el juez estrella de Operación Lava Jato, Sergio Moro, dijo que la obligación de declarar con escolta de la policía era una medida para “proteger” a Lula y, ante de las críticas, lanzó hoy, sábado,una nota para defender su elección. Marco Aurelio Mello, magistrado del Supremo Tribunal Federal –el órgano que revisa en última instancia las sentencias de Moro- criticó la medida y dijo a la Folha de S. Paulo que no la había “comprendido”. “Eso implica un retroceso, no un avance”, declaró.

El análisis pone de relieve una vez más las críticas que se vienen realizando a la conducta de los investigadores desde que se desencadenó la operación. Lula no fue el primer objetivo de la conducción coercitiva de la Lava Jato. En la fase Acarajé, por ejemplo, que llevó a la detención del publicista João Santana y su esposa, Mônica Moura, se cumplieron cinco de esas órdenes. Otro motivo de controversia fueron las detenciones preventivas ordenadas por Sergio Moro. “Es un problema que las detenciones se puedan estar utilizando como una forma de abrumar a las personas para que delaten”, dice el profesor Bottino, que advierte de otros riesgos. “Algunas de las filtraciones pueden perjudicar a la propia operación. Si los investigadores son tan eficientes como para escudriñar las grandes tramas, deben conseguir averiguar también quién realizó las filtraciones”, dice.

Para la abogada criminalista Marina Coelho Araujo, que trabajó en casos de grandes operaciones como la Satiagraha, hay un grado de transparencia por encima de lo aconsejable en la operación Lava Jato. “No estoy diciendo que haya que ocultar. Pero no se pueden estar mostrando todos los testimonios de un proceso penal de este tamaño. Las copias salen al momento siguiente y eso puede ser malo para la investigación”, explica. Para Araújo, las delaciones premiadas (revelaciones a cambio de ventajas en la justicia) todavía deben cuestionarse en instancias superiores, pero es exagerado hablar de arbitrariedades o comparar la acción policial actual con las de períodos dictatoriales, como ya han hecho algunos de los afectados por la operación.

El exmagistrado del Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto sigue una línea parecida, pero para resaltar las virtudes de la operación. “Son los frutos de la democracia, que tiene, entre sus elementos conceptuales, la transparencia, la visibilidad de las cosas vinculadas al poder”. Al final del primer año de la operación, en 2015, el jurista Joaquim Falcão dijo a El PAÍS que “la Lava Jato es una prueba de legitimidad para la justicia brasileña”. Un año más tarde, la prueba parece haberse aproximado a un momento crucial.